Este viernes se realizó la vista de causa en la demanda del Poder Ejecutivo y 33 congresistas contra la «Ley Mordaza». El Tribunal Constitucional escuchó el informe de las partes y dejó al voto la petición que pretende declararlo inconstitucional.
Por más de tres horas se discutió si la Ley Nº 30793, que regula el gasto de la publicidad del Estado, vulnera los derechos de los ciudadanos y transgrede la Constitución. La mencionada norma fue presentada por el congresista Mauricio Mulder y se aprobó en junio último por el Congreso de la República.
Las razones de la demanda
El procurador del Poder Ejecutivo, Alberto Huerta y los congresistas Gilber Violeta y Patricia Donayre sustentaron las razones de la demanda. El argumento principal fue que la norma restringe la posibilidad de que el Estado informe sobre sus actividades. Asimismo, limita el derecho de las personas a recibir información.
El procurador cuestionó además la celeridad con que fue aprobada, sin respetar los procedimientos normativos. Precisó que el proyecto pasó al pleno sin haberse debatido en la comisión. Agregó que sectores como Salud no han podido difundir adecuadamente las campañas de vacunación. Tampoco el ministerio de Educación podrá informar del inicio del periodo escolar, entre otros casos.
Para el congresista Gilber Violeta, la norma buscó castigar a los medios de comunicación por su crítica al fujimorismo, sin evaluar los efectos en la ciudadanía. En este aspecto, su crítica se basa en que la norma no ha considerado la realidad de las regiones, donde ni siquiera existe internet. Indicó que la «Ley Mordaza» fomenta la exclusión de grupos vulnerables como los adultos mayores.
Más adelante, al término de la sesión, emplazó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry a poner en agenda el proyecto de ley que elaboró la bancada de Peruanos por el Kambio sobre una mejor regulación de la publicidad del Estado.
Sin embargo, en la óptica del congresista Mauricio Mulder no existe ninguna vulneración de los derechos ciudadanos. El propósito, reiteró, es que el Estado no despilfarre dinero en publicidad y pueda tener algún dominio sobre los medios de comunicación.
Antes de cerrarse el debate, los tribunos pidieron un informe por escrito de los argumentos de las partes. La decisión se conocerá en un plazo máximo de 30 días, indicaron.
Interviene la Defensoría del Pueblo
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que la Ley Mulder tiene muchos defectos y viola el derecho a la información y a la igualdad. “Los adultos mayores no tienen en su gran mayoría acceso a las redes, existe una brecha digital y ellos no se sienten familiarizados”, explicó.
La Defensoría del Pueblo apoya que la norma se derogue y que apruebe una nueva norma que regule la publicidad de manera integral. Pero no para evitar la disminución del gasto en campañas publicitarias sino para no hacer mal uso de la misma.