Exdefensor del Pueblo y presidente de la Comisión de Integridad que elaboró la propuesta de esta normativa para el sector público, Eduardo Vega Luna, estuvo en Arequipa para presentar una ponencia en el foro «Elecciones Regionales y Propuestas Anticorrupción».
El especialista, explicó que existe un círculo vicioso de la corrupción y la impunidad que se inicia con el financiamiento de campañas electorales. Esto se hace previo concierto para adjudicarse grandes obras públicas, cuando el favorecido llegue al poder.
Además se establecen sobrecostos, adicionales y arbitrajes que favorecen tanto a la empresa como a la autoridad. Esto da lugar a pago de coimas y a la existencia de cuentas off shore, con el fin de blanquear el dinero mal habido.
El círculo vicioso se completa con la impunidad reinante, como ocurrió con el caso Lava Jato durante los años previos. Vega señala que el mismo esquema se reproduce en diversas regiones del país, a menor escala.
INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN AREQUIPA
Aunque por debajo de otras regiones, en Arequipa existen 24 obras paralizadas que involucran un monto de 56 millones de soles, informó Eduardo Vega.
De otro lado, hasta diciembre de 2016, la procuraduría especial para casos de corrupción, registró en Arequipa 1670 casos. Pero de las casi 33 mil denuncias a nivel nacional, solo hay 56 casos en que están cumpliendo prisión efectiva. Asimismo, existen 395 investigaciones o procesos contra gobiernos regionales de todo el Perú. De ellas, 21 corresponden a la región Arequipa. En ellos están comprendidos los 2 exgobernadores que ha tenido la región desde que se iniciaron los Gores.
Los casos emblemáticos que se vienen investigando actualmente son:
Además, Vega señala que, en lo que va de 2018, Arequipa registra 99 denuncias por corrupción, el número más alto después de Lima.
En las campañas electorales, la situación es crítica, puesto que los candidatos suelen hipotecarse ante sus financistas y luego se puede ver las consecuencias en los nombramientos dirigidos de cargos de confianza y los procesos de contratación de obras, previamente pactados.
¿QUÉ HACER?
Ante esta interrogante Vega plantea una respuesta integral y coordinada. Que implique liderazgo al más alto nivel y un cambio radical en la actuación de las autoridades. Además, combatir la alta tolerancia social hacia la corrupción y el fortalecimiento institucional.
Concretamente, en el proceso electoral plantea promover campañas electorales austeras, financiamiento privado y transparente y evitar el financiamiento de proveedores. Adicionalmente, que la ONPE fiscalice el proceso electoral y que emita sanciones reales.
Ya en la gestión, limitar las designaciones de personal de confianza, ejecutar obras públicas según el Plan de Desarrollo Regional. También, expedientes técnicos con detalle que eviten sobrevaloraciones y comités de selección con permanencia y autonomía.
Por último, instalar un sistema de denuncias y Comisiones Regionales Anticorrupción. Actuar con transparencia, informar por la página web de manera actualizada y promover la participación ciudadana y rendición de cuentas.