La libertad, más que un valor, tiene un precio con varios ceros. Así lo demuestran los audios que se difunden a nivel nacional, cuyo émulo local pareciera ser el exjuez Gino Valdivia Sorrentino. No era la primera vez que pedía dinero para liberar a un reo, antes de hacer justicia. Sus conversaciones por teléfono lo delataron. Aquí la historia completa.
Un hombre diligente y con un don para el Derecho. Al menos, eso es lo que opinaban algunos abogados y colegas que conocen al juez Gino Valdivia Sorrentino. Un magistrado práctico capaz de resolver, con notable agilidad, las causas que le planteen.
Pero su carrera de más de 20 años sufrió un revés impensado el pasado 10 de mayo, cuando se encontraba en su despacho del módulo de Mariano Melgar. En un operativo sorpresa, fue detenido junto a otras seis personas, bajo la sospecha de haber pedido un soborno a una procesada.
Y así de repente, sin anestesia, Gino Valdivia dejó de empuñar el martillo con el que impartía justicia e infligía castigo como juez de Investigación Preparatoria y fue esposado. Ahora le tocaba ocupar la parte opuesta de la tribuna, como un recluso más, desprovisto por completo de su autoridad.
El Ministerio Público lo investiga por el delito de cohecho pasivo específico y busca llevarlo a la cárcel por 8 años. Actualmente, cumple prisión preventiva de 9 meses en el penal de varones de Socabaya, por orden de su colega hasta hace poco, Orlando Abril Paredes. De ese mismo penal, iba a liberar, a cambio de 12 mil soles, a una acusada de parricidio.
LLamadas delatoras
El 3 de abril, un mes antes de su detención, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) recibió una grave denuncia en su contra. Un abogado señaló haberle pagado 800 dólares por encargo de sus clientes. A cambio, el magistrado aprobaría un habeas corpus a favor de su patrocinado. Sin embargo, el acuerdo era por 10 mil dólares, así que el juez declaró infundado el recurso. Cuando el letrado intentó pedir la devolución del dinero, éste se habría negado.
A los tres días, el Ministerio Público, a través de su Oficina de Control Interno, comenzó una investigación secreta. Además de esta denuncia, ya había la sospecha de una supuesta manipulación de los procesos por parte del magistrado. Es así que se implementó una cabina de escucha telefónica, con ayuda de la policía, para intervenir los teléfonos de Gino Valdivia. Su “sentencia”, comenzó a escribirse con cada conversación.
La tesis era que el magistrado montó una red criminal, aprovechándose de la ansiedad de los presos que buscaban su libertad. Conformó un grupo de operadores para contactar a los abogados de los reos, a quienes ofrecía negociar sus resoluciones. Todo, a cambio de dinero.
Justamente, el día que lo capturaron, cayó uno de sus colaboradores, la abogada Lily Huanqui. Según versión del abogado Marco Antonio Luque Chaiña, la letrada tenía la reputación de poder sacar a los presos de la cárcel.
Días previos a la audiencia de prórroga de prisión preventiva de Angélica Cauna, acusada de intentar matar a su hijo de 4 años, Luque Chaiña se reunió con Lily Huanqui en un restaurante del centro. Ella ofreció ayudarlo contactándose con el juez, a cambio un pago de 12 mil soles. La primera entrega sería de 4 mil soles y se efectuaría antes de la audiencia.
Los agentes descubrieron este plan un día antes de la audiencia. Desde su celular intervenido, el juez Gino Valdivia llamó a la abogada Lili Huanqui para avisarle que al mediodía era la audiencia. Además, le comentó: “Ese tema sale 100 por ciento”, confirmando así el acuerdo.
Al día siguiente, se realizó el operativo. La fiscalía creyó que el pago ya se había concretado. Pero cuando se realizó la intervención, aún no se había entregado al juez los 3 mil soles que logró juntar la familia de Angélica Cauna y estaban en su poder. “Yo estoy tranquilo, no he recibido nada”, fue la respuesta que dio Gino Valdivia a los fiscales, confiado. Los billetes estaban aún ocultos en la cartera de la abogada Lily Huanqui.
El equipo que participó en la diligencia se sorprendió porque Gino Valdivia siempre mantuvo la calma. Al principio se mostró algo soberbio, tratando de reprobar la actuación fiscal, pero luego su actitud fue variando,, conforme escuchaba los cargos en su contra. A la mañana siguiente, extenuado y abrumado por las pruebas en su contra, decidió reconocer su culpa y llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ir preso. No resultó.
Al servicio de la justicia
Su carrera en el Poder Judicial empezó cuando solo tenía 26 años. Ahora, con 61 años a cuestas, era el juez más antiguo del módulo de Mariano Melgar y ante él juramentaban todos los nuevos magistrados. Durante sus años de servicio, ocupó el cargo de juez de Paz Letrado, Juez Penal e incluso Juez Superior en la Corte de Justicia de Arequipa.
Gino Valdivia administraba justicia con bastante agilidad. Resolvía querellas en pocos minutos debido a su gran experiencia y conocimiento del Derecho. Sin embargo, sus decisiones no escapaban de cuestionamientos. En el 2016, mediante un habeas corpus, liberó al empresario Víctor Chu Cerrato, quien fuera sentenciado a 4 años y 5 meses de prisión por agredir a tres policías durante un operativo de alcoholemia, en Lima. La Primera Sala Penal de Apelación anuló su resolución, porque no se tomaron en cuenta los canales pertinentes.
En otra ocasión, concedió la libertad a tres hombres imputados por tenencia ilegal de municiones y uso de contraseñas oficiales. Yair Ríos Cari, Alexander Sucari y Luis Quispe Sucari fueron vistos colocando una placa falsa a un auto tico, en Paucarpata. Al ver a la policía, intentaron fugar y se inició una persecución que concluyó en Mariano Melgar.
Inicialmente, Gino Valdivia ordenó la detención de Alexander Sucari y dictó comparecencia para los otros dos. Pero la Sala anuló su resolución y ordenó la recaptura de los habían quedado en libertad. Posteriormente, Sucari pidió cese de la prisión y el magistrado, muy benevolente, se lo otorgó.
En el órgano de control de la Corte de Arequipa tenía registradas tres quejas por indebida interpretación de la ley, pero nada más. Con esta denuncia, la Odecma decidió suspenderlo por 90 días, mientras es investigado.
Edwin Flores Cáceres, jefe de la Odecma, ha señalado que el magistrado habría cometido tres faltas graves al establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros afectando su imparcialidad. Estrictamente, hizo mención a la denuncia del abogado que pagó 800 dólares; las llamadas interceptadas que revelarían más casos; y finalmente, el soborno que le iba ser entregado por una reclusa el día que lo detuvieron.
“Lo que buscamos es dilucidar la responsabilidad en estos actos. Se le ha abierto un proceso disciplinario que podría concluir antes de 60 días. Por lo pronto, se le ha suspendido, lo que significa un despido temporal sin derecho a remuneración”.
Por su parte, la fiscal superior María del Rosario Lozada, quien dirige la investigación penal, ha decretado complejo el caso. Asimismo, ha pedido levantar el secreto bancario, bursátil y tributario del magistrado para corroborar si existe desbalance de su patrimonio.
Para la fiscal, el comportamiento del magistrado ha sido desleal con los principios éticos de un juez. “Lo que ha hecho es cobrar y todavía, que es más duro, a los que están en desgracia y menos tienen. Se ha hecho un patrimonio con personas humildes”, dijo en audiencia.
Por lo pronto, se ha divulgado que Gino Valdivia Sorrentino tiene a su nombre dos casas, ubicadas en la Urb. San Isidro – Cercado y Urb. Señorial – Cayma. La primera fue adquirida en 1983 y la segunda en el 2008. Asimismo, posee un vehículo Mercedes Benz a nombre de él y su esposa que compró en el 2015. Su reporte migratorio indica que ha viajado a República Dominicana, Chile, Estados Unidos y Colombia, entre el 2014 y 2017.
Manzanas corrompidas
De acuerdo a la investigación, el juez Gino Valdivia tenía estructurado su grupo de colaboradores conformado al menos por cinco personas. Entre ellas, la abogada Lily Huanqui, un estudiante de Derecho llamado Daniel, además de “Hugo”, “Roxana” y “Doctorita”. Estos nombres fueron recabados mediante las escuchas telefónicas hechas al magistrado y ya habrían sido identificados.
Una de las relaciones más duraderas que habría mantenido es con la jurista Lily Huanqui. Ellos se habrían conocido dentro de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, hace como 19 años.
Lily Huanqui fue trabajadora del Poder Judicial por 10 años, hasta que la destituyeron por actos de corrupción. Una denuncia anónima que recibió el entonces jefe de la Comisión Distrital de Control de la Magistratura de Arequipa, advertía que Lily Huanqui se adueñaba de dinero y bienes que eran incautados a los detenidos.
Tras las pesquisas, descubrieron que se quedó con el celular de un recluso por un año, en lugar de internarlo en el almacén de cuerpos del delito. También se apropió de más de 2 mil 500 soles que se incautó a una procesada por robo agravado. Tres meses después, entregó los cupones del depósito ante la solicitud de la detenida.
Estos hechos se registraron cuando ella estaba encargada de la Mesa de Partes del Décimo Juzgado Penal para reos en cárcel. De acuerdo al expediente administrativo, Huanqui tenía la función de internar todos los bienes que llegaban al despacho en un plazo de 72 horas.
También se le acusó de cobrar dinero a los procesados en semilibertad que no acudían a firmar los controles. En la investigación se determinó que la firma de algunos jueces no coincidía en el cuaderno de registro. Tal parece que la sanción impuesta a la abogada no fue suficiente y continuó por un mal camino. Actualmente, permanece recluida en la cárcel por ser cómplice del juez Gino Valdivia.