Pese a los intentos por retrasar el proceso, esta mañana se instaló la audiencia del juicio oral seguido contra el exalcalde Alfredo Zegarra, nueve regidores y tres funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla). El Proceso es seguido por la aprobación, presuntamente irregular, del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
Según la acusación de la Fiscalía de Medio Ambiente, existen vicios en la concepción, aprobación e implementación del PDM. Su aplicación habría permitido la depredación de la campiña, favoreciendo cambios de uso y recategorizando zonas sensibles. Tal es el caso de sectores como puente San Isidro, Carmen Alto, y avenida Fernandini, donde hectáreas de campiña fueron reconvertidas en zonas de vivienda, iglesias protestantes y hasta discotecas.
El caso fue sustentado por la fiscal Carolina Cáceres en el Segundo Juzgado Unipersonal Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA). Para los imputados se pide cuatro años de pena privativa suspendida y siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, por el presunto delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derecho. Asimismo, se pide una reparación civil de un millón de soles.
SEGURO DE GANAR
Para el exalcalde Alfredo Zegarra, todo el proceso es producto de desinformación de parte del Ministerio Público. Tanto los cuestionamientos a los plazos para la aprobación del PDM, como el no socializar el proyecto, carecen de fundamento:
“Quienes han elaborado este documento, García de los Reyes, no sé por qué no está en el juicio. Vean ustedes. Hay una serie de falencias que finalmente se van a desbaratar. Van a llegar a la conclusión que nos tienen que pedir disculpas”.
Adicionalmente, Zegarra aseguró que el PDM no tiene falencias. Sostuvo que se trata de un documento elaborado por técnicos de primer nivel y no por los regidores. Incluso recalcó que el Colegio de Arquitectos de Arequipa subsanó el borrador del documento.
USARON MUNICIPIO PARA DELINQUIR
La tesis fiscal es contundente: el PDM generó caos en la ciudad en lugar de orden. La actuación de los funcionarios públicos, entre ellos Zegarra, facilitaron la implementación del PDM y los consiguientes cambios de uso.
Entre los problemas identificados por el Ministerio Público están las inconsistencias en la zonificación. Las variaciones ocasionaron confusión en la población e incluso en otros municipios. Distritos como Cayma, Yanahuara y Hunter fueron los más afectados.
Asimismo, Cáceres fue enfática al rechazar la inclusión de la MPA en el proceso. El pedido lo realizó un representante de Procuraduría, pero rechazado por el juez. Al respecto, la fiscal manifestó:
“La Municipalidad no ha sido creada para delinquir. Han utilizado la Municipalidad para delinquir. Nosotros no podemos imponer una sanción a la Municipalidad como un tercero civil responsable. ¿Por qué la Municipalidad como persona jurídica va a sostener o pagar la reparación además de los funcionarios que la usaron para cometer actos ilícitos?”.