…El morado es triste y más aún bajo el cielo nublado. Blanco o rojo sobre rostros morenos: mejor en cielo gris, bonito. Pero ese morado, ese morado, morado de pena, de muerto: da ganas de llorar.’
Oswaldo Reynoso.
El Perú celebró este domingo 07 de octubre las elecciones regionales y municipales para un período de gobierno de 4 años a partir del año 2019. Las regiones son 25 y los gobiernos municipales entre provinciales y distritales suman 1874. El JNE informó que el número de electores hábiles era de 23’375,001. Según la Constitución, los Gobiernos Regionales (GORE), y los Gobiernos Municipales (GOMU) son instancias descentralizadas del aparato del Estado. Esencialmente las funciones en sus respectivas jurisdicciones, son: 1. Promover el desarrollo y la economía y, 2. Ejecutar las servicios públicos de sus respectivos ámbitos; sectoriales y de inversión si se trata de los GORE (agricultura, minería, etc.) y sociales básicos (salud, transporte, saneamiento, vivienda, etc.) si se trata de los GOMU. Los recursos que manejan los GORE y GOMU provienen principalmente del Canon y Regalías (CyR) por la explotación de sus RR. NN. (Renovables y no Renovables) existentes en sus territorios y tienen el propósito de financiar los proyectos de desarrollo regional o local. Además de estas fuentes, en el caso de los GORE, cuentan con las partidas que les asigna el Gobierno Nacional; en el caso de los GOMU cuentan con el Fondo de Compensación Municipal, Foncomun, que es distribuido en proporción a las NBI de sus poblaciones. A estas dos principales fuentes, se agregan otros menores, como son los recursos propios que captan directamente por los servicios que brindan, licencias y concesiones que otorgan y multas que aplican. A diferencia de los GORE y GOMU rurales y de poca población, los de alta población y dinámica urbana, especialmente de la Costa y Sierra, tienen significativos ingresos por recursos propios.
Las inversiones provienen principalmente de nuestros RR. NN.
En términos de magnitudes para las GORE y GOMU, el Canon y Regalías, CyR, representan entre un 50 a 70% de su presupuesto anual de inversión; sin embargo hay regiones que no los perciben o son de poca envergadura. Según las previsiones del MEF, el GORE Amazonas y sus 91 GOMU no tendrán CyR en el 2019 y el GORE de San Martín tendrá un CyR de US$ 68 mil y sus 87 GOMU percibirán en total US$ 270 mil, un promedio de 3 mil dólares para cada uno. El Canon, Sobre Canon y Regalías, se distribuyen en promedio en los siguientes porcentajes: los GORE 25% (del cual un 5% es para las Universidades Públicas) y los GOMU, 75%. Para el 2019, los GORE con mayor presupuesto por Canon y Regalías Mineras son Ancash, Arequipa, La Libertad; por el Canon y Sobre Canon Petrolero, las regiones de Piura y Loreto; por Canon Gasífero, Cusco. Dado el potencial natural del Perú y la dinámica del mercado internacional, los minerales, (especialmente metálicos), son los principales generadores del Canon y Regalías para los GORE y GOMU, aunque con diferente magnitud según sea la ubicación de sus yacimientos y el volumen de explotación. Las principales regiones -y sus respectivos GOMU- que cuentan con esta ventaja comparativa, son, Ancash, Arequipa, La Libertad, Apurímac, Cajamarca; las de menor valía son, Lambayeque, San Martín, Huánuco, Huancavelica, entre otros.
Democracia o ‘Corruptocracia’
Ahora bien y con relación a las elecciones de este 07 de Octubre, se inscribieron más de 14,532 listas que involucraron a 113,469 candidatos; 14,165 listas para GOMU y 367 para GORE; un promedio de 7.6 listas por GOMU y 14.7 por GORE, un número elevado tanto por el número de partidos políticos pero sobre todo por el alto número de movimientos regionales. Si bien las elecciones tienen un propósito de alternancia política a partir de una elección popular, sin embargo, la implicancia económica de las mismas –y la corrupción implícita–, reviste una importancia de primer orden, por dos razones: 1. por los recursos económicos que administran y 2. por el elefantiásico aparato burocrático que involucra y el gasto que representa. En el primer caso, las prácticas de soborno, colusión y fraude, inciden sobre las obras públicas a ejecutarse con los recursos económicos, ya sea en forma directa o en las APP u OxI. Su incidencia y magnitud será mayor en aquellos GORE o GOMU que cuentan con elevadas fuentes de ingreso por CyR. En el segundo, la extorsión, peculado, tráfico de influencias, son las formas corruptas que involucran al aparato burocrático de dichos gobiernos. Para tener una idea aproximada del grado de corrupción de estos dos tipos de gobierno, rescato la declaración del ‘renunciado’ Presidente del poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien en febrero del 2018, señalo que había registradas 27,020 denuncias de corrupción de funcionarios de todo el país. Hoy solo hay cerca de mil sentenciados y menos de cien en prisión.
El Estado, ‘monstruo’ burocrático de uñas largas
El número total de autoridades a elegir es de 12,966, 378 en los GORE (Gobernadores y Consejeros) y 12,588 en los GOMU (Alcaldes y Regidores). Si a esta cifra de autoridades electas agregamos el número de funcionarios de confianza y asesores que contempla el ROF y nombra cada Gobernador/Alcalde electo, estimados en 14,494, las cifras totales de autoridades y burócratas componentes de ambos tipos de gobiernos sumarían 27,460 (ver Cuadro).
Según el MEF, este paquidérmico aparato ‘descentralizado’ en el 2019 tendrá a su cargo la administración de cerca de 2 mil millones de dólares provenientes del Canon, Sobrecanon y Regalías, de los cuales el 24% se asignará a los GOREs y el 76% restante a los GOMUs (ver Cuadro). Aun así, la cifra no es gran cosa si se compara con los montos que maneja el Gobierno Central en inversiones: aproximadamente US$ 12 mil millones anuales. Cuatro regiones (Cusco, Ancash, Arequipa y La Libertad) administrarán un aproximado de US$ 228 millones, casi el 50% del total de las 25 Regiones. A nivel de GOMUs, las 278 Municipalidades de Ancash y Cusco (14,8%) que tienen en total cada una los montos más elevados (por Canon Minero y Gasífero, respectivamente), percibirían un ingreso de $ 695 millones monto que equivale al 46,5% del total de los ingresos de los 1874 GOMUs. A nivel de GOMUs distritales, y como testimonio del inequitativo uso de los recursos provenientes de los RR. NN., se muestra dos ejemplos: el distrito de San Marcos (Huaraz) y Megantoni (Cusco). El primero percibiría en el 2019, $ 65.6 millones (principalmente por la minería) que contrastada con el número de electores (15,237), tendría un monto por elector de $ 4,305; a su vez, Megantoni tendría un ingreso por Canon (principalmente gasífero) de 54,9 millones, que dividido entre el número de sus electores (5,093), le correspondería un monto de $ 10,780 por elector. Ambas cifras muy elevadas si las comparamos con la media nacional por elector que es de solo 63,9 dólares.
Pero la corrupción también es multifacética y previsora.
Multifacética: Los GOMU provinciales tiene la facultad de elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Territorial. Un predio agrícola, en valores de mercado, el m2 de área rural puede tener un valor de US$ 10; en cambio el mismo m2 como zona residencial, su valor puede fluctuar entre US$ 400 o 1000 según la zona que se trate; pero un metro no es nada; sí lo es si se trata, por ejemplo, de un predio agrícola de 5 hectáreas en zona peri-urbana (Campiña) cuyo valor es de $ 500 mil; como predio urbano su precio de mercado puede valer 50 millones de dólares; es decir, por un ‘cambio de uso’ autorizado por el GOMU provincial, el propietario puede multiplicar por cien el valor de su propiedad. Una comisión del 10% a ‘repartir’ entre las autoridades y funcionarios involucrados equivaldría a 5 millones de dólares!! Previsora: Existen dos proyectos mineros que operarían a partir del 2021: el proyecto Zafranal en Arequipa (distritos de Huancarqui y Lluta) y el proyecto Haquira en Apurímac (distrito de Chalhuahuacho). Según estimados de CyR mineras los distritos de Huancarqui y Lluta (P. Zafranal) recibirían 5,4 millones de dólares anuales, cada uno de ellos, durante 19 años, un promedio de $ 2,7 millones; en el caso del distrito de Chalhuahuacho, la cifra es mayor: US$ 16 millones por año. De acuerdo con las cifras proyectadas por el MEF para el 2019, el CyR de Huancarqui es de solo $ 144.4 mil y de Lluta $ 178.5 mil; en el caso de Chalhuahuacho sería de US$ 26.8 mil. En otras palabras y a partir del 2021, para el caso de Huancarqui y Lluta los montos anuales de CyRM aumentarían 20 veces; en el de Chalhuahuacho casi 600 veces. La torta a partir del 2021, se muestra muy apetecible. Para completar el cuadro en relación a las elecciones del 07 de Octubre, el número de electores de Huancarqui es de 1445 y se presentan 7 listas de candidatos; los electores de Lluta son 1369 y compiten solo 3 listas; En Chalhuahuacho son 6836 electores pero se presentan 11 listas. La torta es más grande.
Pero el elefante tiene un costo… es elevado y encima, corrupto!
Según el cuadro, la suma total de autoridades y funcionarios estimados de los GOREs y GOMUs, asciende a 27,460 a los cuales si se aplica el siguiente ‘costo’: promedio 2,000 dólares/mes para los 1,278 autoridades y funcionarios de los GOREs; y, 1,000 dólares/mes para cada uno de los 26,182 autoridades municipales y funcionarios. La suma anual de gastos por dicho aparato burocrático a nivel de GOREs es de $ 36,4 millones; y de los GOMUs, ascendería a $ 366,8 millones. La suma de ambos es 403,2 millones de dólares anuales que, comparado con los ingresos de CyRyOtros, equivalen a una quinta parte (20,5%) del total de los ingresos para inversión que percibirán los GOREs y GOMUs en el 2019. Por supuesto, que dicho gasto burocrático no será cargado al Canon y demás, sino a los gastos corrientes de ambos tipos de gobierno. Finalmente, y visto que ambos actores (autoridades y funcionarios) son los principales protagonistas de la corrupción ‘descentralizada’, resulta que elegidos por el voto universal o nombrados por la autoridad electa, terminamos todos los peruanos cubriendo el costo de sus planillas (dietas o sueldos) para que gran parte de ellos, terminen por sacar beneficio particular propio y/o de terceros, condenando a miles a proseguir en la penumbra de la precariedad, precariedad que en el 2021 celebrará su Bicentenario, con o sin Referéndum.