Las cooperativas de ahorro y crédito son objeto de sospechas desde hace tiempo. El marco legal bajo el que vienen operando, en el limbo del sistema bancario, las ubica como sospechosas de delitos como lavado de activos, provenientes de actividades ilegales como minería informal, narcotráfico y trata de personas.
Efectivos de la Policía supervisaron la intervención a Credisur. | Foto: RPP
En Arequipa ya alertaron algunos movimientos extraños de algunas de estas instituciones. Una de ellas es la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopac) Credisur, intervenida por la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio la mañana del lunes último.
Una orden judicial permitió a la fiscal Carol Cuba allanar la sede de Credisur, ubicada en la calle Palacio Viejo. La diligencia se extendió por más de cuatro horas, y culminó con la incautación de documentación, computadoras y bases de datos.
Credisur es investigada por un alarmante desbalance de 6 millones de soles mensuales. Lo requisado se utilizaría por la Fiscalía para revisar los ingresos de la cooperativa y su número de socios.
Los dueños de Credisur son la familia Vera Carbajal, quienes justifican sus ingresos en la compra-venta de inmuebles en litigio. No obstante, la fiscalía es escéptica de esa coartada, dado que no registran pago de impuestos por dicho negocio.
DOCE EN LA MIRA
Este no es el único caso. A nivel nacional, otras 12 cooperativas de ahorro y crédito están bajo la lupa por supuesto lavado de activos. Varias de ellas están ubicadas en Tingo María (Huánuco).
Se presume que los dineros que manejan provienen del narcotráfico, minería ilegal y tala indiscriminada de bosques. Las cooperativas servirían para blanquear el dinero ilegal, ingresándolo al sistema bancario.
Sin embargo, la situación estaría por cambiar. Por el momento, las cooperativas estaban exentas del control de la Superendencia de Banca y Seguros (SBS). Una nueva ley aprobada por el Congreso las sometería a fiscalización, y entrará en vigencia en enero de 2019.