Hace tan solo unas semanas, nadie habría pronosticado la implosión al interior de Fuerza Popular, gatillada por la infatigable acción del fiscal, hoy célebre, José Domingo Pérez Gómez. La inagotable cantera de bombas políticas que sacuden las instituciones nacionales terminó en la estrepitosa caída de la lideresa política que, para bien o para mal, es la que mayor gravitación ha tenido en la última década: Keiko Fujimori Higuchi ha sido internada para cumplir 36 meses de prisión preventiva.
En las horas que siguieron a la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, el fujimorismo probó todas las opciones: acusar de golpista al presidente Vizcarra, de politización al poder judicial, amenazar con una guerra civil y emplear la virulencia en las redes, tanteando sin mucha convicción otras reacciones. Y es que, lo que no se concibió en los sueños más delirantes de sus opositores, pasó: La todopoderosa Keiko está en prisión y, si su apelación no es aceptada, podría pasar los próximos 3 años sin libertad.
En el escenario más favorable –aunque poco probable- para la hija mayor de Alberto Fujimori, afrontará en libertad un juicio que parece conducirla, inexorablemente, por la misma senda. Lo que millones de peruanos vieron por la televisión, sin que fuera una audiencia para tratar el tema de fondo, desnudó el esquema de sus finanzas partidarias y la naturaleza, esencialmente delictiva de la organización que representa la “K”.
En palabras del fiscal José Domingo Pérez, se trata de “una organización criminal que se insertó en el partido Fuerza Popular con el objetivo de obtener poder político”. Ese afán, trae aparejado un fin intrínseco, como es la obtención de dinero, lícito e ilícito, y es en éste último caso estarían insertos los integrantes de esta organización encabezada por Keiko y sus dos alfiles: Pier Figari y Ana Hertz. De ahí que el delito imputado sea el de Lavado de Activos
LA CONFRONTACIÓN Y LAS INSTITUCIONES
Una señal de la convicción de la ciudadanía que Fuerza Popular y Keiko Fujimori están siendo justamente imputados, son los índices de popularidad que la lideresa política y el presidente Martín Vizcarra, que parecen estar pulseando su poder permanentemente, han registrado en las últimas semanas. Mientras la representante de la mayoría congresal cae en picada hasta llegar a un dígito, el mandatario que decidió pechar a la abusiva mayoría, no ha parado de crecer en popularidad, hasta superar los 60 puntos.
La permanente confrontación que el partido fujimorista buscó con el Ejecutivo, se les vino en contra. En dos años, dilapidaron un formidable capital político que les hubiera permitido, como esperaban, mantener lejos de la mirada pública, sus usos poco democráticos, sus finanzas y la variada agenda de sus integrantes, vinculada casi en exclusiva a grandes intereses económicos. Así lo demuestran las finanzas personales de la propia Keiko Fujimori, de sus secretarios generales Joaquín Ramírez y José Chlimper y de muchos parlamentarios.
Ahora, tras las revelaciones de los CNMAudios y los chats de “La Botica”, quedaron al descubierto las sutilezas del andamiaje que montaron, al amparo de su poder congresal, para proteger sus negocios. Así, además del evidente compamiento de las comisiones parlamentarias vinculadas a la economía, controlan el Directorio del BCR (Banco Central de Reserva) y, ahora la sabemos, la SUNAT, con una persona del círculo más cercano de Keiko Fujimori, el apresurado renunciante, Víctor Shiguiyama, así como otra persona de su total confianza que ocupaba un cargo estratégico.
Por ahora victorioso, el presidente Martín Vizcarra, quien junto al expresidente Pedro Pablo Kuczynski buscó inicialmente un entendimiento con Fuerza Popular, goza de alto respaldo ciudadano desde que enfrentó al monstruo de mil cabezas, marcando un punto de quiebre durante su mensaje presidencial de julio. La volatilidad de la opinión pública, sin embargo, no garantiza este estado de cosas, por lo que la estocada al crimen organizado alrededor de la política, debe ser a fondo y sin tregua. El apoyo de la ciudadanía al presidente y a las instituciones que, a través de ciertos actores, están cumpliendo ese rol, es fundamental.
El encarcelamiento de Keiko, más allá del discutido análisis jurídico, será favorable para neutralizar la recomposición del copamiento de esta organización al interior del PJ, del nuevo CNM, de las instituciones encargadas de la regulación económica y política (SUNAT, SUNARP, JNE, ONPE, RENIEC, entre otras). Por lo pronto, en el Congreso han debido cancelar el chat La Botica y la junta Directiva en pleno, ha solicitado “licencia” a Fuerza Popular. Asimismo, la permanencia del Fiscal de la Nación, Gonzálo Chávarry, parece insostenible. El propio José Domingo Pérez, a la salida de la audiencia, pidió al país evaluar esa situación.
La confrontación no era tan gratuita.
REFERENDUM Y ECONOMÍA
En este contexto, la próxima batalla es el referéndum, una de cuyas preguntas fue “desnaturalizada” por un Congreso desesperado, cuya mayoría ya ha comenzado a resquebrajarse ante la orfandad que los amenaza.
Más que los supuestos efectos de esta aprobación, para el presidente Vizcarra ganar la batalla del Referendum va a ser fundamental. Los 4 proyectos propuestos no van a resolver ningún problema de fondo. Lo harán, en cambio, unas reformas lentas y consensuadas, una ciudadanía más consciente, una clase política vigilada y una situación económica más estable y en crecimiento.
Esta última debe ser la preocupación para el Ejecutivo, al inicio de 2019. Ojalá con la mafia procesada por un sistema judicial reformado y con un Congreso cooperante y vigilante. La reconstrucción del Norte, la reactivación del agro, las nuevas demandas de empleo y los megaproyectos postergados esperan. Y este gobierno solo tiene 2 años y medio por delante.