El fin de la era Alfredo Zegarra en el municipio provincial y, en la política local, ha traído como consecuencia una catarata de revelaciones respecto a su gestión que, si bien eran objeto de sospecha, no contaba con certezas. La derrota en su postulación al gobierno regional, por escaso margen, ha significado un duro golpe para la organización que dirige, Arequipa Renace, pero especialmente para su gestión, bastante personalizada.
Si bien será sucedido en el cargo por otro miembro de la organización Arequipa Renace, y eso implica un alto riesgo de “blindaje” respecto a la posibilidad de investigar o transparentar la gestión pasada; es poco probable que las nuevas autoridades se jueguen el pellejo, en un panorama tan complejo como el que vive el país.
A menos que estén involucrados, incluso los miembros de Arequipa Renace, quitarán el cuerpo de la previsible ola de denuncias e investigaciones que se vienen.
Lo real es que, los indicios de haber convertido el movimiento en una “organización criminal que persigue el poder político para cometer diversos delitos desde cargos en el estado”, salvando las diferencias, de manera análoga a Fuerza Popular, son numerosos y explícitos.
Veamos. En principio quedó claro, a través de diversas publicaciones periodísticas, la extraña forma de realizar obras de la administración Zegarra. La empresa EDCO, favorecida de diversas formas desde el municipio, obtuvo jugosos contratos sin justificación alguna y la relación con el círculo cercano al exalcalde, es también comprobable. La persistencia en obras cuestionadas y dudosas como el intercambio Salaverry y el San Lázaro, avivan las sospechas de negocios mal habidos a través de las obras, acusación muy frecuente hacia las administraciones municipales.
El papel del polémico asesor Marcos Hinojosa, activo agitador de la última campaña, a pesar de tener varias denuncias en su contra, sigue siendo un misterio. Acusado de cobrar cupos a los prostíbulos, bajo amenaza de cerrarlos, la versión no es nueva ni remota, sino más bien creíble y sustentada. El caso está en investigación. Esta práctica se habría extendido a diversos locales comerciales, además de los prostíbulos.
La reforma del transporte urbano, conocida por sus siglas como el CIT, es también otra fuente de sospechas, como de irregularidades y decisiones inexplicables. Según unos audios donde se escucha al propio Alfredo Zegarra y su asesor Lizardo Calderón, ofrecen a una empresa otorgarle s la concesión de la ruta troncal (la más valiosa) y, más allá de la pataleta sobre la ilegalidad de la prueba, parece irrefutable. Los montos en juego no son nada despreciables.
Por último, el dinámico mercado de bienes raíces, los precios en alza, la escasez de terrenos urbanos en zonas codiciadas y la posibilidad de jugar con los cambios de uso, a despecho de la depredación de la campiña, es un negocio por todos conocido y utilizado en beneficio propio de no pocos municipios. El Plan de Desarrollo Metropolitano, destinado a proteger la campiña de una voraz urbanización, habría sido usado precisamente, para negociar con esta necesidad.
Dos investigaciones que se llevan a cabo en el Ministerio Público, acusan a Zegarra y los miembros del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), de haber utilizado este instrumento, precisamente, para lo contrario de su finalidad. Mediante términos confusos, leguleyadas y picardías de conocedores, se “sacó la vuelta” a las prohibiciones y las delimitaciones establecidas en el propio PDM; se ha “concedido” autorizaciones cuyo precio bajo la mesa tendría varios ceros.
Entonces nos preguntamos. ¿Estamos acaso frente a una organización criminal de los cuellos verdes?
Exigimos una explicación.