He sido profesor de Derecho del Trabajo desde 1965 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y desde que comencé a trabajar como abogado, en 1963, he defendido siempre a los trabajadores ante sus empleadores, la administración pública del trabajo y la justicia. Cuando me fue posible, logré para ellos ciertos derechos sociales. Por supuesto, mis enseñanzas universitarias no se han limitado a la casuística; han ido más allá: a la razón de ser del Derecho del Trabajo y al examen de las relaciones laborales como hechos estructurales. Allí están mis libros que cubren este ámbito en extensión y profundidad.
Cuando se difundió en el mundo el alquiler de trabajadores por empresas que los contratan para entregarlos a otras empresas, incluso con el beneplácito de la OIT, me alcé contra esta forma de superexplotación (services y subcontrataciones en todos los niveles).
Una noticia de la BBC ha revelado ahora otra modalidad de esta aberrante forma contractual: se trata del alquiler de médicos por el Estado cubano. Los recluta en su país para ponerlos a disposición de otros Estados que los necesitan y cobra por ese servicio, quedándose con la mayor parte del precio recibido. Si sólo se tratara de la restitución de los gastos administrativos y diplomáticos en esta contratación y del pago de los impuestos a la renta personal por los médicos cedidos se justificaría la suma que el Estado tomara. Pero no es así. Se queda con mucho más que la parte del león. Que exporte trabajo humano en la forma de azúcar, minerales o invenciones es otra cosa.
¿Sería necesaria una explicación del gobierno cubano? Pero ¿haría falta?