El asesinato del alcalde electo del distrito cajamarquino de Asunción, Manuel Vigo, y el de su esposa Isabel Rojas, aunque no haya sido foco de interés de la prensa limeña, es una tragedia para quienes nos resistimos a la posible conversión del Perú en el México sudamericano. Nada hacía presagiar la terrible noticia. La jornada electoral del 7 de octubre transcurrió con toda normalidad. Al menos, la ONPE no registró ningún incidente de violencia en Asunción ese día ni enfrentamientos previos entre rivales como sí ocurrió en otros 229 casos. Vigo, del Frente Regional Cajamarca, se impuso sobre otros trece candidatos y obtuvo el 37% de los votos válidos con cerca de 400 votos de ventaja sobre el candidato del MAS.
Y este asesinato configura una tragedia porque, si la lucha política convierte al adversario en enemigo, Sendero Luminoso habrá conseguido uno de sus objetivos, aun desde su derrota, que desaparezca la política y prime la guerra. Ya la mafia de Álvarez había recurrido al asesinato de sus rivales de Áncash y, por otro lado, el alcalde de Angasmarca, distrito de Santiago de Chuco, Diógenes Geldres, fue liquidado por un sicario enviado por un regidor de su Concejo Municipal, hace exactamente seis años. Es como si la democracia peruana estuviera caminando sobre brasas y los políticos de todos los tamaños en lugar de echar agua, siguieran echando paladas de carbón con cada declaración altisonante que sólo logra crispar más los ánimos.
Sin embargo, para poner los hechos en perspectiva y mirar el bosque de la política nacional, en honor a la verdad hay que decir que, a diferencia de las Elecciones Regionales y Municipales del 2010 y 2014, esta vez los hechos de violencia electoral disminuyeron.
Pero es bueno precisar a qué nos referimos cuando hablamos de hechos violentos en relación con procesos electorales. Según la Sub Gerencia de Investigación e Información Electoral de la ONPE, que viene sistematizando e investigando sobre este asunto desde el año 2003, los incidentes de violencia que registra son “a) toma de local de votación, b) intento de toma de local de votación, c) destrucción, quema o robo de material electoral, d)violencia o agresiones contra personal de la ONPE, e) personal de la ONPE o del JNE desaparecido, f) bloqueo de carreteras, g) destrucción o daños de vehículos de material de repliegue luego de la jornada electoral y h) protestas y/o marchas de pobladores”[1]
Sin tomar en cuenta el último criterio, cuya caracterización es ambigua, pues la movilización y la protesta es un derecho que no necesariamente es violenta; en las elecciones regionales y municipales del 2010 ocurrieron hechos que encajan en las primeras seis categorías en 82 distritos; en 106 en las elecciones del 2014 y sólo en 61 distritos en las elecciones del pasado mes de octubre, lo que significa que ha habido un 43% de disminución en el último intervalo. Claro que 60, 120 ó 200 distritos de un universo de 1,680 parecen muy pocos y a ello se puede deber la falta de mayor interés de parte de las autoridades para conjurar este tipo de violencia.
Como he señalado en ocasiones anteriores, la violencia electoral en los distritos rurales y pobres es el producto de la conjunción de varios factores: un grupo de pobladores malos perdedores o muy poco demócratas, que busca como pretexto la supuesta presencia de electores migrantes o “golondrinos”; la ventaja en el uso de recursos públicos de alcaldes que pretenden la reelección; o la acusación de parcialización de los organismos electorales, para ejecutar ataques violentos a los centros de votación con el fin de conseguir la anulación del proceso electoral y que sean convocadas nuevas elecciones que les sirvan de nueva oportunidad de hacerse del poder local y de su manejo de recursos. La reiteración de estas prácticas en algunas decenas de distritos se explicaría por la falta de sanción a los violentistas del pasado o a la falta de fuerzas disuasivas estatales en la jornada electoral.[2]
Más que la pobreza, la falta de educación formal o la ambición por el control del canon minero, como algunos postulan como causantes de la violencia electoral, ésta se debería a “una creciente tolerancia a la violencia y al uso de mecanismos cortoplacistas o antiinstitucionales para resolver disputas grupales y personales, que se vincularían a la crisis de institucionalidad que vive el país”[3]
Según el sociólogo Carlos Reyna Izaguirre, que presentó una ponencia en reciente conversatorio en la ONPE, casi todos los casos de violencia serían del tipo reactivo, es decir, no organizada, que aparece en escenarios donde hay un nulo o escaso desarrollo de instituciones políticas locales como la municipalidad, los partidos y otras organizaciones de la sociedad civil; donde los líderes de la localidad conciben la política como una relación clientelar para conseguir votos; y cuando se polariza la competencia entre dos líderes, se hace más probable con la posibilidad de la reelección del alcalde; la ausencia de información o de debate de los asuntos de la comunidad y la ausencia de dispositivos de seguridad que disuadan a los violentos.
¿Qué cambios pueden haber ocurrido en esos factores que serían la explicación de esta disminución? Uno primero es la presencia de la crisis política en todo el escenario nacional. Probablemente la situación de los líderes políticos de diversas fuerzas enfrentando acusaciones fiscales, órdenes de detención y la evolución de nuevos casos de corrupción añadidos a los de Odebrecht-Lava Jato, ha concentrado la atención de la ciudadanía urbana y rural, lo que hizo que se desentendiera de la disputa por la administración local. A fin de cuentas era más importante saber qué iba a pasar con el nuevo gobierno, los expresidentes, y los líderes parlamentarios, que enterarse de las promesas que iban a incumplir los candidatos municipales. Eso, de paso, puede que explique las mayores cifras de ausentismo de electores y de votos nulos y en blanco.
Un segundo factor es que la espoleta de la reelección de los alcaldes fue desactivada. Uno tercero es que a diferencia del pasado, hubo mejores coordinaciones entre los organismos electorales, y las fuerzas coercitivas para que el aparato disuasivo desplegado en las vísperas de la jornada electoral tomara en cuenta a los distritos con antecedentes de violencia.
[1] Escenarios de violencia electoral en las elecciones regionales y municipales 2014. ONPE 2016 p. 43. Puede ser descargado gratuitamente desde https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/L-0115.pdf En la misma página web hay otros cinco títulos sobre el tema.
[2] Ver mi artículo “Los antisistema” del 6 de julio de 2016 en http://noticiasser.pe/opinion/los-antisistema
[3] Escenarios de violencia electoral… p. 82