Justiniano Apaza, relacionado con el sector Transporte, lanzó un acusación directa. Sostuvo que «la parentela» de la gobernadora Yamila Osorio sería parte de la mafia en este sector.
El congresista manifestó que en el cobro de cupos y coimas, estaban involucrados no solo funcionarios sino allegados a la gobernadora. Ante ello, Osorio respondió que la afirmación era una más de las bajezas que ha tenido que soportar durante su gestión.
Añadió que el congresista Apaza «ha convertido su inmunidad parlamentaria en impunidad», pues no es la primera vez que lanza una acusación ligera contra su persona, sin pruebas.
NO HUBO DENUNCIAS O INDICIOS
En conferencia de prensa, este sábado, afirmó que su despacho nunca recibió una denuncia sobre el cobro de cupos en la Gerencia de Transportes. Aceptó que existe un costo político que tiene que asumir y dijo que el tema es «muy doloroso» porque involucra a personal de confianza de su gestión.
Era el gerente que menos líos generaba, siempre estaba muy presto a aplicar sanciones. Es una situación desconcertante y dolorosa porque nunca tuvimos indicios sobre un mal accionar”, argumentó.
Rechazó enérgicamente que tuviera conocimiento o vinculación con la corrupción puesta al descubierto en la gerencia de Transportes. El gerente, hoy detenido, José Gamarra, ingresó a laborar al GRA en la primera gestión de Juan Manuel Guillén. Pero fue Osorio quien le confió la gerencia mencionada al inicio de su gestión.
CONSEJO NACIONAL DEL TRANSPORTE
Por su parte, directivos del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, solicitaron este sábado una reunión urgente con el ministro del sector. Esperan soluciones para el transporte informal que genera competencia desleal con los empresarios formales.
Según Martín Ojeda, director del CNT, de 80 vehículos que denunciaron en 2007, hoy existen más de 3 mil informales en todo el país. En Arequipa, las llamadas minivans, son más de 600, además de otros vehículos como los colectivos.
«Lamentablemente la Sutran, la Policía y los gobiernos regionales, a través de sus inspectores, no funcionan», dijo.
Añadió que el caso de «Los correcaminos del Sur» amerita una mayor investigación, pues el dinero hallado, «no pasa de dos días de coima». Según asegura, por cada vehículo, se solicitaba entre 60 y 100 soles para dejarlo circular. Considerando 600 unidades y 6 frecuencias por cada una, el monto sería millonario.
Marcos Chauca, administrador del Terminal Terrestre, declaró a su vez que las minivanss han generado una gran pérdida al sector. Las empresas constituidas habrían perdido más de 20 millones de soles al año, debido a su presencia. Por esta razón, hasta 12 empresas se vieron obligadas a cerrar. Estas empresas cubrían rutas a Ilo, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.
Según explicó, al día salen 250 buses con 54 asientos, un total de 13 mil 500 asientos. Pero según sus controles, los buses formales solo llenan 8 mil 500 asientos. Eso significa que, si las minivans van repletas, los formales solo llenan el 50% de sus asientos. La preferencia no es por tarifa, pues es similar, sino por la velocidad, ya que los informales llegan más rápido a su destino.
NUEVAS DENUNCIAS
Entre tanto, nuevas denuncias surgieron ayer, tras el operativo que detuvo al gerente de Transporte, José Gamarra, sus dos subgerentes y otras 6 personas más. No solo las minivans, pagaban cupos pro circular, también lo hacían los automóviles (M1) llamados colectivos que, en su mayoría, llevan pasajeros a Mollendo y Camaná.
David Sánchez, representante de los conductores de colectivos, dijo que pagaban entre 100 y 150 soles mensuales a los inspectores. A cambio, recibían una calcomanía que los identificaba para no ser objeto de multas.
Ellos solicitan ahora una norma que los formalice, pues no tienen ningún amparo legal para su actividad. Realizaron un plantón en los terminales de minivans.
En 2013, una sentencia del Tribunal Constitucional zanjó el tema, prohibiendo licencias para que las minivans realicen transporte interprovincial. No obstante, se sacó la vuelta a la norma dando permisos excepcionales por rutas supuestamente no cubiertas.
Yamila Osorio aseguró que los permisos dejaron de darse. Dijo que el tema administrativo debe investigarse. No obstante, la circulación masiva de estos vehículos la contradicen.