El caso Odebrecht ha puesto en jaque a grandes poderes que han sido socios corruptos de la empresa brasilera por más de 30 años. Políticos, funcionarios, empresarios de todos los tipos y colores temen caer en manos de la justicia y están usando sus recursos para evitarlo. Esta situación ha devenido en más actos ilegales, pues se están manipulando poderes del Estado, de cuya autonomía e imparcialidad depende la democracia. Pero, no caigamos en el juego fujiaprista de acusar a Martín Vizcarra de golpista, como sí lo fue su líder Alberto Fujimori. Los poderes no se manipulan presentando proyectos de reforma mediante procedimientos legítimos, que es lo hace Vizcarra; se manipulan cuando se utiliza el poder para blindar delitos a cambio de favores ilegales, como lo han hecho, hasta ahora, los congresistas del Apra y el fujimorismo, con Donayre, Mamani y Chávarry, entre otros.
Miles de peruanos han recibido el Año Nuevo protestando en las calles, porque les quitaron la ilusión de que, por fin, un poco de justicia estaba en las manos correctas. La restitución de los fiscales Pérez y Vela, aunque es celebrada, no repone esa esperanza; tampoco, la renuncia del Fiscal de la Nación al cargo. El tejido nefasto de la corrupción aún tiene muchas cartas bajo la manga para alcanzar la impunidad. Confiemos en que el poder popular no pierda fuerzas y enfrente, como hasta ahora, a las mafias. Como dice una canción peruana: “mucho zapato vamos a gastar para llegar, ¡Perú!”.