La corrupción es un asunto de dos: un corruptor y un corrompido, y, en ciertos casos, de uno o más intermediarios o subordinados de confianza. Por lo general, su víctima es el Estado de cuyos recursos salen los pagos por los cohechos. Otros perjudicados son ciertas personas o grupos, como los trabajadores a los que se despoja de sus derechos sociales que, como la propiedad, son patrimoniales e indisponibles por terceros.
Varios de los episodios recientes de esta serie fueron protagonizados por un político impoluto al que la plata le llegaba sola mientras la esperaba en su sillón presidencial, rodeado de sus subalternos que entraban y salían con los personajes que acudían a él.
Este político había pasado por dos universidades como una sombra, hasta que un día declaró poseer un diploma de abogado. Vagabundeó después unos cuantos años en Madrid y París, viviendo de la caza y de la pesca, y luego, con esos méritos en su currículum, no tuvo ya reparos en proclamarse doctor por la Universidad Complutense y licenciado en Sociología por la Sorbona. Tan relevantes trapacerías pasmaron de admiración a su partido y fueron los peldaños por los que ascendió a la candidatura a la presidencia de la República y pudo ser elegido para este cargo.
Se sabe que en el período de su gobierno que siguió lo alocaban las divisas, los trenes eléctricos y los aviones de guerra. Su amigo Syracusa, contaría después cómo fue el negocio de la construcción de una parte de la infraestructura del tren elevado de Lima. Como nunca había simpatizado con las matemáticas ni con la economía no se dio cuenta de que había hecho subir la inflación a cifras astronómicas.
Tales descalabros hubieran debido llevarlo al fondo del mar de los sargazos políticos. Pero, en el Perú, actores como este nunca se hunden; pasan temporalmente al retiro cuando otros ingresan al escenario. La oligarquía capitalista los guarda en reserva. En las elecciones de 2006 esta necesitaba impedir que ganara un candidato pretendidamente populista (una falsa alarma, porque, como se demostró en 2011 no era diferente de los otros). El político impoluto olfateó el aire, postuló de nuevo y ganó con el apoyo de aquella, de la derecha tradicional y de cierto empresario brasileño.
De las obras que contrató durante su gobierno, en particular el tren eléctrico de Lima con este empresario, se están ocupando los fiscales y jueces. De las conferencias por cientos de miles de dólares, que no valían ni cincuenta cada una y que le pagó este, fue exonerado de responsabilidad por el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales. (Para eso están los correligionarios y simpatizantes, ¿no?). Pero la investigación ha resucitado.
Relato ahora dos casos en los que la plata también pudo haber llegado sola.
Uno fue la reducción de los derechos sociales de los trabajadores de las medianas empresas. La cosa fue así: el 3 de julio de 2003 el congreso de la República había aprobado la Ley 28015, a instancias de un ministro de Trabajo de Toledo, que años antes había sido un izquierdista rabioso. Por esta ley se redujo a 15 días las vacaciones y la indemnización por despido injustificado y se eliminó la sobretasa del 35% por trabajo nocturno de los trabajadores de las microempresas (hasta 10 trabajadores), por cinco años. El 19 de julio de 2006, a punto de terminar su período constitucional, el congreso y el gobierno alargaron este plazo a diez años.
Esta medida le pareció insuficiente al comando empresarial para el cual debía extenderse a todos los trabajadores bajo dependencia, aunque se avanzara a trancos, y recurrió al político impoluto, indicándole que la causa que debía invocar era la promoción de la competitividad. En mi comento publicado en el diario La Primerael 1/7/2013, dije: “Utilizando indebidamente una autorización para legislar sobre el Acuerdo de Promoción Comercial del Perú con Estados Unidos (Ley 29157), este personaje expidió el Decreto Legislativo 1086, el 27 de junio de 2008, modificando en tres aspectos fundamentales la Ley de las micro y pequeñas empresas: 1) amplió de 50 a 100 el número de trabajadores de las pequeñas empresas y sus ventas anuales hasta un máximo de 1700 unidades impositivas tributarias (un 30% más del total de trabajadores dependientes); 2) extendió el régimen laboral de las microempresas a las pequeñas empresas; y 3) hizo permanente a este régimen.”
Este régimen disminuido e inconstitucional, que comprende a algo más de la mitad de los trabajadores dependientes de la actividad privada, ha viabilizado una transferencia de ingresos de estos a los propietarios de las empresas que tienen hasta 100 trabajadores. Fue la manera como el impoluto político cumplió con sus simpatizantes de la pequeña y mediana burguesía, muchos de los cuales habían votado por él. Los recursos que les fueron así transferidos se han aplicado en parte a la adquisición de departamentos en edificios nuevos, lo que explica el boom de la construcción.
Otra hazaña de este impoluto político fue la observación de la ley autógrafa de creación de un complemento jubilatorio para los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos con el cual se debía compensar, incluso de manera insuficiente, el acortamiento de la vida de estos por el polvo y las emanaciones químicas en sus centros de trabajo. El proyecto generado por un grupo de dirigentes mineros a fines de 2006 fue aprobado, tras largas y desalentadoras gestiones, en junio de 2009 y remitido al presidente para su promulgación. Este lo observó sin ninguna fundamentación válida. El congreso lo aprobó de nuevo en diciembre de ese año, y el político impoluto volvió a observarlo, repitiendo sus argumentos. Por lo tanto, a insistencia de tres federaciones regionales de mineros, el proyecto volvió a arrastrarse por las comisiones parlamentarias hasta que, el 16 de junio de 2011, el pleno tuvo que aprobarlo, en vista de su irrecusable necesidad, por 82 votos de 120 (ningún voto en contra ni abstención), y lo promulgó el presidente del Congreso como la Ley 29741 el 9 de julio de 2011.
Desde que la primera autógrafa hubiera debido entrar en vigencia: 1 de enero de 2010, hasta que la Ley 29741 comenzó a aplicarse, 1 de enero de 2012, habían transcurrido dos años. En 2012 el Fondo creado por esta Ley recibió unos 54 millones de soles por el 0.5% de la renta de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas para financiarlo (16’364,000 dólares). Por los dos años perdidos el Fondo hubiera debido recaudar por este concepto unos 108 millones de soles (o 32’728,000 dólares). Como la plata llega sola es inevitable preguntar: ¿cuánto podría haberle tocado al impoluto político?
Los romanos de la Antigüedad decían: do ut des: doy para que des, o dicho de otro modo: nadie da nada por nada. Se entiende entonces cómo la plata puede llegar sola.