Proyecto Majes Siguas II está paralizado desde diciembre del 2017. | FOTO: Andina
En los últimos días, representantes de la empresa Cobra se reunieron con funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y Autodema para destrabar la firma de la Adenda 13. Esta supone un incremento de la inversión de 110 millones de dólares más para el Estado en el proyecto Majes Siguas II.
En agosto del 2017, el entonces consorcio de Cobra y Cosapi propuso el cambio tecnológico para el proyecto. Argumentaban que, debido al cambio climático, debía pasarse de un sistema de canales a uno de tubos para mitigar la evaporación del agua, estimada en 0.14 hectómetros cúbicos por año. A esto sumaron dos caudales adicionales: uno destinado al río Apurímac (59.92 hectómetros al año) y otro producto de pérdidas en Majes II (26.5 hectómetros cúbicos al año). No obstante, hay quienes sostienen que el pedido carece de argumentos.
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Según detalló el congresista Horacio Zeballos Patrón, no hay justificación ni económica, ni tecnológica, para aprobar la adenda. Esto debido a que las “nuevas condiciones” argumentadas por Cobra ya estaban comprendidas en el contrato inicial, suscrito en 2010. Incluso lo relacionado al agua disponible.
Conforme consta en el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato de concesión, aprobado en abril de 2015, se fijó la disponibilidad hídrica media anual en 1 mil 367 hectómetros cúbicos. Incluso descontando el agua adicional pedida por Cobra (86 hectómetros cúbicos), otorga un superávit de 320.84 hectómetros cúbicos.
¿CONTUBERNIO?
Congresista Horacio Zeballos denunció irregularidades en la propuesta de la Adenda 13. | FOTO: Josué Del Mar
Además de los aspectos técnicos, el parlamentario cuestionó el trato preferencial que el GRA tuvo con la concesionaria del proyecto. En septiembre del 2016, tras la firma de la Adenda 12, la concesionaria firma con la región un “Acuerdo de Entendimiento”, para presentar un nuevo estudio sobre la segunda etapa del proyecto.
Según Zeballos, el estudio nunca se mostró. No obstante, la empresa suscribió con el Gobierno Regional un “Acta de Acuerdo sobre las Controversias Planteadas”. Esta condiciona la entrega del expediente técnico y el cierre financiero a la firma de la Adenda 13 (cambio tecnológico). Asimismo, también se paralizaron los trabajos correspondientes a la concesionaria.
El plazo de la suspensión vencía el 31 de diciembre del 2018. En vista de ello, la gestión de Yamila Osorio optó por prorrogar el plazo hasta marzo del 2019.
Para el congresista, el Estado no debería firmar la nueva adenda. Del mismo modo, exhortó al gobernador Elmer Cáceres a exigir el cierre financiero y que la empresa presente los 268 millones de dólares que le corresponde invertir. De no acreditarse solvencia económica, el Estado estaría en potestad de rescindir el contrato por incumplimiento.
ANTECEDENTE
La firma de la Adenda 13 supone un incremento de 110 millones de dólares en el presupuesto del proyecto. El íntegro del desembolso correspondería al Estado Peruano, y nada a la concesionaria. Sería la segunda vez en que se incrementa el presupuesto desde la firma del contrato, en 2010. En 2015, con las Adenda 12 y el TUO del contrato, la participación del Estado se elevó de 207 millones hasta 282 millones de dólares. De firmarse, la inversión estatal se elevaría hasta los 392 millones de dólares. Mientras que la concesionaria solo aportaría 268 millones de dólares.