La población que resultó gravemente afectada por la entrada de huaicos en Aplao (Arequipa) y Mirave (Moquegua) estaba asentada en cauces de ensenadas y torrenteras. El mismo escenario se registra en muchas zonas del país y se repite casi todos los años. Esta situación se atribuye a muchos factores que se pueden agrupar en dos: falta de previsión de la población y falta de control de las autoridades. En este mapa, los dirigentes populares inescrupulosos -que trafican terrenos en zonas de riesgo- son un elemento concomitante que se aprovecha del caos para sacar provecho sin importar el daño que se propicie. Todo ello hace que las tragedias se repitan, aunque la causa haya sido detectada décadas atrás.
Si bien la responsabilidad es difusa, son los gobiernos los que deberían imponer una solución. No es suficiente, como se sabe, prohibir la construcción en zonas de riesgo; es necesario imponer sanciones tanto a las personas, como a los funcionarios y/o autoridades que incumplan tal disposición. Tampoco basta con recomendar a la población asentada que abandone los cauces de ríos o torrenteras; se debe advertir que el gobierno no se compromete a reconstruir viviendas afectadas en casos de huaicos o inundaciones, en estos casos específicos. Pero, nada de esto se hace, porque se trata de medidas impopulares. Los votos valen más que las vidas.
En la actualidad, hay muchas autoridades prometiendo apoyo a los damnificados, pero nadie ofrece un remedio definitivo. Allí está el verdadero desastre.
(Publicado en Correo Arequipa)