A 4 años del conflicto social en Islay por el proyecto minero Tía María, la justicia absolvió a 13 inculpados de obstruir las carreteras durante las protestas. La Primera Sala de Apelaciones desestimó la pena de prisión suspendida y la reparación civil a la que habían sido sentenciados en el 2018.
En abril del pasado año, la magistrada Yanira Guitton Huamán dictaminó prisión suspendida para trece de los manifestantes en el Valle de Tambo. Fundamentó su decisión en el testimonio de policías que fueron parte del contingente enviado a controlar las protestas.
Consecuentemente, debían pagar 6 mil soles de reparación, registrarse mensualmente en un cuaderno de conducta y evitar reunirse entre ellos. De no cumplir estas reglas, se haría efectiva la condena de 4 años de cárcel.
Los acusados son: Miguel Ángel Aguirre Espinoza, Sonia Apaza Ticona, Jacinto Charca Porcela, Hugo Manuel Humpiri Zela, Edwin Márquez Apaza. Además, Segundo Morales Jila, Cipriano Muñoico Incacutipa, Hugo Palomino García, Edmundo Rojas Álvarez, Natividad Quispe Cahuana y Arsenio Vilca Quispe
Sin embargo, el 18 de enero del presente año, el juez Armando Coaguila Chávez revocó el fallo. Declaró infundadas la pena y la reparación civil. Asimismo, ordenó borrar los antecedentes penales de los ciudadanos acusados. Finalmente, este miércoles, una sala superior confirmó el fallo que los absolvió de la condena.
El abogado de los manifestantes, ahora absueltos, Héctor Herrera, señaló que la acusación era falsa. Además, que los 13 ciudadanos sufrieron maltratos en el transcurso del proceso por oponerse al proyecto Tía María.