El juez Juan Pablo Heredia Ponce, del Primer Juzgado Penal Unipersonal, consideró que Alfredo Zegarra incumplió sus funciones. Puso en riesgo la campiña de Arequipa con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
El fallo condenatorio es de 4 años de pena suspendida. Incluye también la inhabilitación para ejercer cargo público. No obstante, no ha fijado el monto de la reparación civil. La Fiscalía solicitó un millón de soles pero no sustentó la magnitud del perjuicio de cada uno de los casos.
La condena incluye también a ocho exregidores y tres funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla). Los acusados fueron encontrados culpables por el delito contra el medio ambiente. La modalidad es la de otorgamiento ilegal de derechos. La fiscal Carolina Cáceres expuso durante el proceso cómo se recategorizaron y convirtieron áreas verdes en áreas urbanas. Cambios de uso favorecidos por la aprobación del PDM.
Ellos son Gustavo Alonso Delgado Alvarado, Luis Alemán Abad y Francisco Ampuero Bejarano, Lilia Pauca Vela, Pedro Santos Quispe Cornejo, Mario Melo Villalba, Manuel Jano Huallpa, Otilia Paredes Villamil, Miguel Ángel Mendoza García, Fernando Figueroa Calachahui, Daniel Muñoz Lazo. La fiscalía los considera cómplices primarios.
Solo se salvó de la condena el exregidor provincial, Ricardo Medina.
Claves del fallo
El juez Juan Pablo Heredia argumentó su decisión sobre la basa de que los imputados infringieron normas y permitieron que se habiliten áreas agrícolas para vivienda. El caso más notable es la construcción de la iglesia de los mormones en Cayma, donde se cambió la zonificación y se otorgó la licencia para su edificación.
El magistrado manifestó que la preservación de la campiña es un deber de las autoridades, pues está considerado como parte del cuidado del medio ambiente. Asimismo, concluyó que ss obligación de las autoridades preservarlos no solo para el presente sino para las generaciones futuras.
En ese sentido, afirmó que los funcionarios del IMPLA incumplieron con el DS 004-2011 dando visto bueno al PDM, sin cumplir los procedimientos para aprobar los planes urbanos.
Así también, los regidores faltaron a sus deberes al aprobar un documento de manera apresurada evitando su discusión. Finalmente, el burgomaestre habría permitido que todos los funcionarios y exconsejales cometan infracciones sin tomar ningún tipo de acción.
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