El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, declaró a la agencia Reuters que podría dar luz verde al proyecto Tía María antes de agosto. Es decir, antes que termine el periodo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por Southern Perú.
De no otorgarles la licencia de construcción hasta entonces, el proyecto que se ejecutará en el Valle de Tambo podría retrasarse varios años más. Ello debido a que el permiso ambiental vence en agosto y solicitar uno nuevo implicaría empezar desde cero. Tendría que volver a analizarse el EIA.
«Es un proyecto que está priorizado por el Gobierno para que pueda ser implementado en el año 2019»
Recordemos que funcionarios de la minera también declararon a inicios de febrero que estaban optimistas con la entrega de la licencia de construcción. Y es que, durante una conferencia con inversionistas, se expuso que la ejecución de Tía María se podría realizar «en un corto período de tiempo».
El ministro explicó que están trabajando junto con la minera para aumentar la aceptación del proyecto en la zona de impacto. Esto, por el conflicto social que produjo en el 2011, y posteriormente en el 2015, en Islay.
«Esperamos que el tema social pueda mejorar con el plan que estamos llevando adelante»
Francisco Ismodes – Ministro de Energía y MInas
De lograrse su ejecución, aseguran que Tía María produciría unas 120 mil toneladas de cobre de alta ley al año.
Cobre con sangre
Los conflictos que ha generado el proyecto Tía María, a dejado un saldo de 8 muertos hasta el momento. Han pasado ya 16 años desde que Southern Perú inició la etapa de exploración en la zona.
Los principales lugares donde surgió el conflicto fueron los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, en Islay. El conflicto social en 2015 fue neutralizado solo con una declaratoria de emergencia y el ingreso del ejército en la zona.
Actualmente, los dirigentes de los agricultores se siguen pronunciando en contra del proyecto minero. Ellos piden un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, pues no creen en la neutralidad del Ministerio de Energía y Minas que lo evaluó. Están convencidos que afectará la actividad agraria, sustento de la mayoría de familias en Cocachacra.