El congresista Justiniano Apaza, quien apoyó e incentivó el paro de camioneros -gremio que dirigió por mucho tiempo- se lamenta que el Ministerio Público investigue a los huelguistas. Para él, resulta normal que los transportistas de carga bloquearan el kilómetro 48 en Arequipa por 6 días. Además de las pérdidas económicas que causaron a miles de arequipeños inocentes, pusieron vidas en peligro, agredieron a transeúntes y actuaron con prepotencia.
Por justos que fueran sus reclamos, con su actitud, se han deslegitimado. Y ahora, muchos se preguntan qué corona tienen para, en base a la prepotencia, logren trato excepcional frente a otros sectores productivos, gremios o grupos de empresarios.
Obviamente que la disminución del precio del diesel no ha revertido en los consumidores finales por quienes dicen luchar. Y el bloqueo de vías está legalmente penado. De hecho, los protestantes contra el proyecto minero Tía María, tienen condenas por el mismo hecho. ¿Por qué habría de ser diferente en este caso?
Pero sin un ápice de sangre en la cara, Justiniano Apaza defendió el bloqueo con este argumento: «la huelga se hace en el centro de labor, y la carretera es el lugar donde trabajan los camioneros».
En cambio, para criticar a sus rivales políticos, sí exige el respeto a la legalidad. ¿Doble estándar cuando de los propios intereses se trata?