El conflicto de Las Bambas alimenta el slogan de comunidades locales que se oponen al progreso económico. También el de grupos “antimineros” que “extorsionan”. Nada de eso es cierto, comenzando por el hecho que la comunidad había acordado esa actividad minera. Lo que sí es verdad es que allí se observan las contradicciones que resultan de reducir las políticas públicas y la gestión a simples cuestiones económicas. Este caso es observado a nivel internacional precisamente porque representa un extremo en intentar mercantilizar casi todo, una lógica que seguramente logró penetrar en las comunidades, mientras que las empresas y gobiernos que la impusieron, son tan tacaños que de todos modos no pueden evitar la conflictividad.
El proyecto minero de Las Bambas, además de complejo y extendido territorialmente, tiene una larga historia. En la actual situación, partiendo de las tres posibles dinámicas que se observan en los conflictos extractivistas en América Latina, dos de ellas son muy evidentes en este caso. Por un lado están las dinámicas de gestión y administración del extractivismo, y por otro, las de compensación o indemnización.
Las primeras se refieren a las tecnologías o modos bajo los cuales se lleva adelante la minería; justamente eso expresan los reclamos frente a la carretera que usan los camiones de la minera, el modo en que se tomó posesión de los predios, etc. Las segundas se centran en los montos de dinero a recibir como compensación o indemnización por un extractivismo; allí están las discusiones y denuncias de los dineros reclamados o exigidos.
Las Bambas muestra lo que sucede cuando esas disputas por los dineros para compensar o indemnizar dominan la escena. Es un fenómeno de mercantilización extrema, bajo el cual se insiste en que los extractivismos son sobre todo una cuestión económica, y las políticas públicas esencialmente deberían decidir cómo distribuir los beneficios o perjuicios económicos.
Esto no sorprende, ya que quienes defienden la minería han insistido por décadas en que representa negocios millonarios, y creen que todo se reduce a distribuir algunos fondos con los gobiernos central, regional o municipal. Bajo esa lógica, los impactos sociales y ambientales pueden ser compensados o indemnizados con dinero. De modo muy esquemático: te contamino, pero te pago.
Los conflictos por indemnizaciones o compensaciones son comunes en toda América Latina. Un examen atento muestra que las comunidades que hacen reclamos de ese tipo, igualmente tienen presentes otros problemas que se expresan en escalas de valores no-económicos, como la calidad del agua o la preservación de sus prácticas agrícolas y ganaderas. En Las Bambas ocurre lo mismo, tal como ha alertado José de Echave.
Sin embargo, para muchos en el gobierno, las empresas, la prensa convencional o incluso la academia, lo único relevante es la valoración económica. Perú es uno de los casos extremos de esta deriva en América Latina, ya que tanto el Estado como casi todos los actores político partidarios han sido funcionales a esa mercantilización extrema. Por eso Las Bambas se puede entender como un experimento donde esa postura se ha radicalizado. Los problemas referidos a las evaluaciones ambientales o a la carretera y otra infraestructura casi desaparecen bajo las acusaciones sobre reclamos de dinero y supuestas extorsiones. Las empresas y los sucesivos gobiernos han debilitado otras dimensiones de las políticas públicas para insistir en ese campo mercantilizado. Todo esto tiene varias consecuencias.
Un primer efecto es que esa lógica también penetran en las comunidades locales. Los comuneros han sido bombardeados por años con los mensajes de las fabulosas ganancias de la minería, y a la vez es ese tipo de argumentos que escuchan en las discusiones públicas que los rodean. Hay momentos en que ellos son forzados a expresarse en términos mercantiles. Los interlocutores que están del otro lado de las mesas de negociación, los políticos y empresarios, no entienden ni escuchan otro lenguaje. Otras formas de valoración, como las culturales, territoriales o ecológicos de un sitio, quedan en suspenso o deben ser traducidos a dólares para que los políticos y empresarios limeños entiendan sobre qué se está hablando.
Todo esto no es inocuo a nivel local. Sin duda hay casos de personas e incluso líderes que terminan pensando de ese mismo modo mercantilizado. Aunque muchas veces pasa desapercibido, entre las consecuencias más dolorosas de imponer esa perspectiva mercantilizada es que fuerzan un cambio cultural dentro de las comunidades.
En segundo lugar, invocar al Estado para resolver el conflicto de Las Bambas posiblemente no tenga mayores efectos. Casi todo el Estado peruano piensa en esa clave mercantilizada. Pero una vez más esta situación es extrema en Perú. En los países vecinos, ante situaciones similares, los gobiernos o empresas brindan compensaciones directas en dinero o con sucedáneos. En Bolivia, el gobierno progresista de Evo Morales, para llevar adelante sus planes petroleros y mineros, regala camionetas, computadoras, edificios, etc., y de esa manera dividieron a varias organizaciones indígenas o campesinas.
Una tercera consecuencia es reconocer que cuando se insiste en que todo se debe resolver como indemnizaciones y compensaciones, resulta engañoso denunciar “extorsiones” desde la comunidad local. Más allá de casos que la justicia debe investigar, no se puede generalizar cualquier reclamo en dinero como una extorsión. Si la conflictividad se plantea en un terreno mercantilizado, las comunidades (y sus líderes) no tienen otra opción que hacer reclamos en ese mismo “idioma” económico.
El caso peruano aparece como un extremo cuando se lo observa en clave latinoamericana. Es que su clase política y empresarial en su mayoría no sólo es obsesivamente mercantilizada, sino que además es tacaña. Insisten en que las disputas se deben resolver en el campo económico pero no están dispuestos a pagar por ello. Así se llega a una situación donde nadie gana, sino que todos pierden.
(Publicado en Noticias Ser)