El Plan Urbano de la ciudad sufrió importantes modificaciones después que fue aprobada por la gestión del exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada. Este instrumento, además de orientar el crecimiento urbano, debía contribuir a la preservación de la campiña arequipeña. Sin embargo, fue usado para extender el suelo urbano, reduciendo el área agrícola, en función a intereses de grupos empresariales y religiosos. De esta manera, por ejemplo, cientos de hectáreas de campiña, pertenecientes al Sodalicio y otros grupos religiosos, cambiaron de uso y dieron lugar a la construcción de cementerios. La Fiscalía del Medio Ambiente ha denunciado la maniobra.
La belleza natural de la campiña arequipeña fue uno de los factores que determinaron el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, para la ciudad. Pertenecer a esta privilegiada lista de ciudades patrimonio involucraba proteger las áreas agrícolas y evitar el deterioro ambiental. Pero eso no ocurrió en los últimos años.
Por el contrario, la gestión municipal anterior permitió que sean urbanizados los pulmones de la ciudad, utilizando como instrumento legal el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2016-2025, cuyo objetivo era precisamente lo opuesto.
De esta manera, se incorporaron áreas agrícolas al suelo urbano, sin sustento. Y se reconocieron habilitaciones informales e ilegales.
Entre los casos más relevantes, está el otorgamiento de esta calificación a tres cementerios, propiedad del Sodalicio. Se hizo gracias a autorizaciones emitidas, entre 2015 y 2016, por el Instituto Municipal de Planeamiento. Una investigación de la Fiscalía del Medio Ambiente identificó que terrenos zonificados como agrícolas pasaran a ser habilitados como urbano, por medio de solicitudes de cambio de uso.
El cementerio del Sodalicio
Una de las instituciones del Sodalicio de Vida Cristiana logró conseguir que su predio rústico, ubicado en Socabaya, pase a ser urbanizado. La Asociación Civil San Juan Bautista, representado por Carlos Rodríguez Rivera, tramitó en el 2016 los expedientes N° 71786 y 75930 solicitando se restablezca la zonificación de dos predios: la finca rústica Pasto Grande y el terreno denominado Media Luna, ubicado en Acequia Baja, valle Chili. La primera contaba con una extensión de 15.6093 hectáreas (ha), mientras que la segunda estaba constituida por un área de 1.4000 ha.
La Asociación Civil San Juan Bautista argumentó que los predios poseían la zonificación de uso especial (UO) 1. Esto significaba, según el reglamento de zonificación del plan urbano, que ambos predios eran áreas urbanas destinadas a convertirse en centros cívicos, establecimientos institucionales o religiosos. Sin embargo, no figuraban de esa manera en el PDM del 2016 ni tampoco en el PDM del 2002; por el contrario, estaban considerados como zona agrícola. Ante la contradicción, la asociación pidió al IMPLA que subsane el error. Y el IMPLA lo hizo a través de la Resolución Gerencial Nº 007-2016-MPA/, emitida el 29 de setiembre del 2016. Aquí se establece que hubo un error material y se declaró la compatibilidad entre la zona agrícola y la de uso especial.
“Las modificaciones aprobadas en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) no respetaron la conservación de los sectores agrícolas y predominó la expansión urbana. El instrumento fue usado, más bien, para un fin contrario al que tenía como encargo”
De esta manera, más de 170 mil metros cuadrados pasaron a ser urbanizados. Lo que siguió fue la construcción de su cementerio de tipo ecológico, denominado Parque del Recuerdo. En este gran complejo, la asociación ofrece servicios de sepultura y de sepelio.
Según la acusación de la fiscal Carolina Cáceres, los funcionarios del IMPLA infringieron el reglamento y autorizaron la construcción de un cementerio cuando no era de su competencia, sino del Ministerio de Salud. Además, de manera irregular, adecuaron una zona agrícola a una de uso especial, sin estar reglamentado en el PDM vigente.
Consultado sobre el caso, el exgerente del IMPLA, Francisco Ampuero, negó que se haya infringido la norma y aseguró que la entidad buscó restituir los derechos que tenían los propietarios. A su vez, indicó que las aprobaciones se dieron “bajo un sustento técnico y legal”.
Autorizaciones a grupos empresariales
La Municipalidad Provincial de Arequipa también concedió autorizaciones que permitieron cambiar el uso de las tierras agrícolas para servir como camposanto, de la cual se favorecieron empresas privadas.
Por ejemplo, el terreno rústico ubicado en la Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores (AMPACA), sección E, bajo Cural, en Cayma, pasó a ser urbanizado. De acuerdo a la Sunarp, el propietario del predio es la Inmobiliaria Esperanza Real S.A. Su representante, Fernando Gonzales Toro, solicitó que el predio sea considerado para cementerio, en el 2016. En el Plan Urbano vigente hasta el 2025, el área estaba zonificado como agrícola (ZA).
El IMPLA aprobó la ejecución de obras para cementerio, previo informe legal del asesor Nirvando Cárdenas. De esta manera se emite Resolución Gerencial Nº 014-2016-MPA/IMPLA-GG, de fecha 09 de noviembre del 2016 aprobando el cambio de uso.
El procedimiento se repite con el terreno denominado Pampas del Cural, AMPACA, en Tiabaya. Según registros públicos la propiedad le pertenece a la aseguradora Mafpre Perú, filial de la multinacional española. La firma, representada por Fernando Cárdenas Tenorio, solicitó cambiar la zonificación del terreno mediante expediente administrativo Nº 21077-2016. Esta área estuvo calificada netamente en el PDM del 2016 como zona agrícola (ZA).
En este acto interviene nuevamente el asesor legal del IMPLA, Nirvardo Cárdenas, quien no encuentra impedimento legal y da viabilidad al pedido. Finalmente, el entonces gerente del IMPLA, Luis Ampuero, aprueba su construcción. La autorización queda registrada en la resolución gerencial Nº 006-2016-MPA/IMPLA, emitida el 29 de setiembre de 2016.
La fiscalía ha concluido que se ha dado lugar a la utilización indebida de tierras agrícolas, cambiando de zonificación de predios en estas dos áreas agrícolas que no estaban previstas en el PDM 2016-2025. Además, en los expedientes no existe un informe técnico ni información que sustente el pronunciamiento y autorización expedidos por el IMPLA y autorizan la construcción de obras de cementerio cuando tampoco es de su competencia.
Proceso legal en marcha
En febrero último, el Poder Judicial determinó que el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, ocho regidores y tres funcionarios del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), promovieron la depredación de la campiña arequipeña, utilizando como instrumento el Plan Urbano que ellos mismos aprobaron. Los primeros casos que se pusieron en evidencia fue lo ocurrido con la cuenca urbana del río Chili y las andenerías de Carmen alto y Tocrahuasi, en Cayma, donde se permitió la edificación del puente Chilina y la construcción de un templo mormón, pese a calificar como zona no urbanizable ni edificable. Todos ellos fueron condenados a 4 años de pena privativa de la libertad.
La fiscal de Medio Ambiente, Carolina Cáceres, también ha procedido de la misma forma y ha denunciado por otorgamiento ilegal de derechos a quienes autorizaron el cambio de uso de la campiña. La acusación es contra Francisco Ampuero Bejarano, exgerente del IMPLA, y el asesor legal, Nirvando Cárdenas Valdez, por permitir la construcción de estos tres cementerios y aprobar cambios de uso en otros 15 expedientes, para fines comerciales y de vivienda. La Fiscalía demandó que los involucrados paguen por su conducta con una pena de hasta 14 años de cárcel, además de una indemnización de 49 mil y 42 mil correspondiente a cada uno.
Ante la denuncia, el exfuncionario señala que la fiscal tiene un “error de apreciación”. Lo cierto, es que en los últimos años el área verde por habitante que posee Arequipa (5.2 m2/hab.) se encuentra muy por debajo de los parámetros establecidos por la OMS (8 y 12 m2/hab.) y con estos cambios otorgados la campiña corre el destino de desaparecer.
PD. La versión gráfica de este reportaje ha sido publicado en la Edición N°66 de El Búho, la Revista, formato impreso.