En los 20 años desde que la minera Cerro Verde se privatizó, en tiempos de Fujimori, ha gozado de diversos privilegios. A los contratos de estabilidad tributaria, concebidos en un tiempo en que el incentivo a esta actividad se hacía necesario, se han sumado otros privilegios tributarios y facilidades de todos los gobiernos, nacionales y locales. Las autoridades regionales y municipales, no solo no lo han impedido, sino que se han sumado a la actitud entreguista, sin excepción.
Hoy que nuevamente se les ha escuchado que «exigirán» que la minera pague por el agua tratada que usa para sus operaciones, nos preguntamos si se trata de una nueva bravuconada para obtener beneficios particulares, como ha ocurrido ineludiblemente en todo este tiempo.
Solo como ejemplo, hay que recordar que el exalcalde Alfredo Zegarra, cuya mayoría partidaria controlaba SEDAPAR, salió incluso a las calles a marchar contra la minera, acompañado de los alcaldes distritales. Sin embargo, al mismo tiempo, a través de la empresa de saneamiento, le concedía una serie de beneficios, hoy cuestionados. Todo indica que estos «marchantes», en conversaciones bilaterales con la empresa minera, obtuvieron prebendas, donaciones y otros que los hizo olvidar sus «exigencias».
Y esa eterna historia está a punto de repetirse con los actuales integrantes de la Junta de Accionistas de SEDAPAR. Veremos cuál es el comportamiento futuro de Omar Candia, quien desde que era Presidente de la Junta decía que Cerro Verde debería pagar por el agua y, sin embargo, hasta el momento, no pasa nada, como él sabe muy bien.
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