El gobernador regional, Elmer Cáceres LLica, ya adelantó su decisión de firmar la Adenda 13 al contrato de Majes Siguas II (MS2). Esta postura no ha sido bien recibida por algunas autoridades y un sector de la población. Para el congresista Horacio Zeballos Patrón, aprobarla abriría una caja de pandora de obligaciones a favor de la concesionaria de la obra y en perjuicio del estado. Empezando por el préstamo que Cobra haría para la adenda.
Las condiciones para que la empresa financie los 104 millones de dólares del cambio tecnológico suponen el cobro del dinero con un 18.4% de interés anual. La reposición del empréstito debería completarse en 4 años y supondrá al estado un pago de 77 millones de dólares.
Para Zeballos, se trata de una maniobra de la empresa para maximizar sus ganancias. Más aún cuando no se realizó el cierre financiero del proyecto ni se sanearon los terrenos en que se ejecutará. Tampoco están hechos los expedientes técnicos y estudios complementarios. Con tantos pendientes, la aprobación del préstamos solo serviría para inflar los intereses que cobrará Cobra. Más aún, cuando sigue sin acreditar los 268 millones de dólares que le corresponde invertir.
Pero no es el único cobro adicional que desencadenará la Adenda 13. La concesionaria reclama 29,7 millones de dólares por concepto de gastos de mantenimiento por la paralización del proyecto. Asimismo, añade otros 45,2 millones de dólares por los trabajos avanzados para la primera etapa de MS2.
Expedientes onerosos
Por si fuera poco, Cobra también pretende otros 85,1 millones de dólares, monto en controversia por el expediente técnico de la primera etapa. La empresa modificó el documento y elevó su presupuesto. Si bien Autodema aceptó la modificación del expediente, rechazó el aumento. No obstante, según Zeballos, esto daría pie a que se fuerce el incremento.
Fuera de los reclamos económicos e intereses de la adenda, el parlamentario consideró necesario destrabar el proyecto. Esto, sin aceptar las demandas millonarias de la empresa. Sostuvo que existen tres informes en Autodema con propuestas de cambio tecnológico menos onerosas para el Estado.
Terrenos de Majes Siguas
Por otra parte, la rúbrica del acuerdo también convalidaría el convenio entre el Gobierno Regional y ProInversión, para que esta última sea la que subaste las parcelas en bloques de 200 hectáreas. Lo que tiraría por el piso cualquier promesa del gobernador para entregar terrenos de entre cinco y veinte hectáreas “al precio que quiera”.
El plazo final para la Adenda 13 vence el 2 de junio, cuando se cumplirán los dos meses de ampliación que el gobernador Cáceres fijó para su decisión. Aunque ya aceptó la firma, a pesar que en campaña aseguró no hacerlo, quedan varios cabos sueltos por cientos de millones de dólares.
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