Justo, cuando el vaso de la paciencia ciudadana estaba por rebalsar y causar estropicios, por fin, el gobierno se plegó nuevamente a su sentir y planteó como cuestión de confianza la aprobación por el Congreso de algunas de sus propuestas de reforma política. Esto, con el propósito de forzar su aprobación, o de lo contrario, proceder a disolverlo y convocar a Elecciones Legislativas Complementarias. Obviamente, el sentir ciudadano se orienta claramente al cierre del Congreso después de que éste ha dado suficientes pruebas de que su mayoría encubre corruptos y ya no representa la correlación de fuerzas que ha ido variando desde aquel empate de junio del 2016, cuando PPK apenas superó por 41,000 votos a Keiko.
Pero cerrar el Congreso es un deseo que encierra varias alternativas para el futuro inmediato, desde los que quisieran que fuera para siempre (con lo que sin darse cuenta, preferirían una dictadura sin el contrapeso de los representantes de la ciudadanía), los que quisieran no sólo elecciones legislativas complementarias sino que el nuevo Parlamento se convierta en Asamblea Constituyente, hasta los que plantean el adelanto de elecciones generales para elegir no sólo a congresistas sino también a un nuevo presidente de la República.
La pregunta que todos nos hacemos es cómo reaccionarán los grupos políticos presentes en el Congreso ante el desafío de aprobar sin desnaturalizarlos los proyectos sometidos a examen. Por lo pronto, las izquierdas (tanto la de Verónika, como la de Arana) y la bancada Liberal han manifestado su apoyo a la iniciativa del gobierno, mientras que la alianza tácita de apristas y fujimoristas (con su nuevo anexo, la bancada de Olaechea y Cía.) le ha puesto peros formales y de fondo. La supuesta bancada oficialista (PPK) se ahoga en el mar de las indefiniciones, mientras los demás, oscilan entre la incredulidad y el desdén.
Hay algunos que especulan que, con tal de sobrevivir política y económicamente, en una maniobra digna de Napoleón, la mayoría estaría por aprobar las propuestas del gobierno[1], con lo que habría superado el susto y volvería a seguir socavando la gobernabilidad. Esa maniobra generaría una paradoja política que tiene ya fecha de ocurrencia: el último día de la legislatura, el 15 de junio, que corresponde al plazo máximo otorgado por el gobierno al Congreso.
Pero un examen más detenido del desafío gubernamental puede poner una dosis de realismo a los especuladores. Por ejemplo, no se sabe si los fanáticos religiosos de la mayoría aprobarán la propuesta de la paridad en las listas de candidatos, contenida en el proyecto de ley 4186, que es la más cara aspiración de las reivindicaciones feministas, madres de la perspectiva de género.
En otro campo, el proyecto de ley 4187 obliga a las organizaciones políticas a realizar elecciones internas de sus candidatos en las que participen todos los ciudadanos interesados en respaldarlos, sin cortapisa alguna. Pero, y aquí está el detalle, cada partido para sobrevivir en el Registro de Organizaciones Políticas y no desaparecer, deberá probar que recibió el respaldo de, al menos, el 1.5% de los que votaron en las elecciones del 2016, es decir, 281,000 ciudadanos.[2] Claro, puede parecer muy fácil para partidos que dicen tener más de 200,000 afiliados. Pero eso sólo es un listado de nombres y pura espuma. Para tener idea de lo complejo del problema hay que recordar que en las elecciones internas que realizó Acción Popular en diciembre del 2015, de sus 190,000 afiliados, sólo acudió a votar el 3.8%, es decir, poco más de 7,000. Saque sus conclusiones el lector y verá que aprobar el proyecto provocaría suicidios colectivos. Demás está decir que los voceros de las principales agrupaciones han expresado su rechazo a la posibilidad de que perfectos desconocidos puedan decidir quiénes serán sus candidatos.
En cuanto al proyecto 4189, éste introduce los siguientes cambios en las leyes referidas al financiamiento de las organizaciones políticas: se tipifica e incorpora al Código Penal el delito de financiamiento indebido de organizaciones políticas, para que los políticos corruptos (junto con sus donantes) puedan ir presos por vender su alma al diablo con tal de ganar las elecciones. También pueden recibir penas de prisión e inhabilitación los que falseen la información entregada a la ONPE.
También se tipifican cinco infracciones graves y nueve muy graves (entre ellas contratar publicidad en radio y televisión) que conducen a multas y hasta la pérdida del financiamiento estatal (que se usará también en comprarle tandas publicitarias en radio y televisión). Además, le otorga capacidad de cobro coactivo de multas a la ONPE; y al partido que persista en no pagar la multa (ojo APP) se le sancionará con la suspensión o cancelación de su registro en el ROP. Todas estas medidas son conducentes a igualar un poco la cancha electoral para que la plata no compre votos aprovechándose de las necesidades de los más pobres.
En resumen, este proyecto de ley choca frontalmente con la Ley 30689 aprobada por esta mayoría congresal a fines de noviembre del 2017, que relajó los controles del financiamiento partidario dejando a la ONPE como un tigre sin garras ni dientes. Juzgue el lector si cree que la mayoría y sus amigos, estarán dispuestos a aprobar estas reformas si más ni más, o serán las motivaciones crematísticas las que los arrastren.
En cualquier caso, la paradoja que se viene y que los dirigentes izquierdistas deben explicar a sus simpatizantes es la siguiente: por necesidades políticas deberán votar en contra de estas reformas positivas, con las que seguramente coinciden, para alcanzar el objetivo de que el Congreso sea disuelto y ver convocadas nuevas elecciones. El cierre del Congreso abrirá nuevos caminos para el pueblo peruano.
———-
[1] Como ya lo hizo el 19 de setiembre del año pasado
[2] Se puede revisar mi crítica e esta propuesta en http://noticiasser.pe/opinion/reforma-politica-los-limites-de-la-audacia
Síguenos en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instragram y YouTube