El anuncio de Vizcarra emplazando al Congreso se veía venir. La pérdida de apoyo popular y el momentum inicial de las reformas judicial y política, así lo exigían. Aunque también los rumores de su involucramiento arrecian, no solo por denuncias conocidas en Moquegua, sino por datos de supuesto colaborador eficaz y el anuncio de la cooperación de Graña y Montero.
Cualquiera fuere el motivo, la forma de plantearlo parece ser más que una finta, y habría la decisión inicial de cerrar el Congreso: las 5 “reformas” en paquete, añadiendo incluso plazos perentorios para su aprobación.
Es tal la orfandad de propuestas que no provienen del Ejecutivo, sino de sucesivas empoderadas juntas de “notables”, primero en justicia, luego en política. Unas válidas como que no postulen delincuentes, pero varias muy discutibles, como la elección de congresistas en segunda vuelta, votación abierta y simultánea de candidaturas en los partidos, paridad y alternancia. Parecen para otro país y contexto. Si son consecuentes, al menor atisbo de maquillaje o mecida, deberían cerrar el Congreso aduciendo que han alterado la esencia de las propuestas. Lo que algunos llaman jaque mate, se parece más a un chantaje.
El Congreso se ha ganado a pulso el repudio popular, la multiplicación de bancadas, blindajes, ausencia de propuestas, han contribuido a ello. Es indefendible. Pero eso no santifica al Ejecutivo. No tiene partido, tampoco bancada, ¿A quién representa?, ¿Cuál es su base social? Son dos actores que tienen legalidad pero no legitimidad. ¿Son estos los llamados a impulsar las denominadas “reformas” en temas decisivos para el futuro de la República?
Pero, mientras se distrae a la opinión pública con estos fuegos artificiales, ambos actores políticos coinciden con los poderes fácticos en la profundización del modelo económico. El MEF anuncia 70 medidas del plan de competitividad y productividad para junio, buscando la implementación de las políticas aprobadas entre gallos y medianoche el 31 de diciembre pasado. La Confiep llama a la calma para no ahuyentar la democracia, otro comunicado anterior con políticos e instituciones afines, llamaba a defender la democracia. El ministro de Energía y Minas ya no sabe cómo buscar la aprobación de Tía María, se busca imponer una nueva ley de hidrocarburos con mayores concesiones a transnacionales y, además, en detrimento de los pescadores, el mar peruano y el medio ambiente. Las 70 medidas anunciadas, irán sin duda en la misma línea.
No parece importarles la movilización sindical y los paros anunciados: el exitoso paro agrario, el paro de la macro-región sur por el gasoducto y la soberanía energética, la defensa de los pescadores del mar de Grau. Las luchas socio-ambientales en Las Bambas, el norte y sur del país, contra la contaminación de metales pesados de las poblaciones afectadas en diferentes territorios del Perú, la lucha del sector público por la negociación colectiva, los trabajadores CAS, la lucha de los colectivos urbanos contra los peajes de la corrupción. A ellos se les reprime haciendo uso desproporcionado de la fuerza, se les acusa de extorsionadores, se les envía a la policía pagada por empresas privadas. En suma, se criminaliza la protesta.
Por eso, no importa solo el desenlace de la telenovela de la disolución del Congreso. Si fuera consecuente, el legislativo debería rechazar la confianza. Pero, esto supone que priman principios y no intereses particulares, arreglos o temores de sus integrantes.
En ese caso, el Ejecutivo gobernará 4 meses para meter “fierro a fondo” en profundización del modelo económico. Si no hay cierre, lo hará en alianza con los congresistas que apoyan mayoritariamente las políticas de competitividad y productividad. La Confiep y los sectores que representan, pueden estar tranquilos y satisfechos. En cualquier escenario, tendrán mejores condiciones e incentivos que antes.
¿Las fuerzas progresistas y del cambio qué harán? No han acompañado suficientemente las luchas populares y regionales. Tampoco han puesto como eje central del enfrentamiento a la profundización del modelo. Están en tiempo electoral. Y, esas coordinaciones quitan mucho tiempo y energía. Ojalá reaccionen a tiempo, ya no queda casi nada.
La salida de fondo al entrampamiento supone un nuevo Congreso. Pero también un nuevo Ejecutivo. Las reforma judicial, política y electoral, implican modificaciones constitucionales. Que lo haga una asamblea constituyente. El debate de fondo es si se continúa con el modelo primario exportador y excluyente actual, profundizándolo a costa de derechos laborales, medio ambientales y las regiones; o se avanza a una alternativa con innovación ciencia y tecnología, diversificación productiva, políticas sociales adecuadas, redistribución, con los recursos de un nuevo pacto fiscal que combata la elusión, evasión tributarias y plantee una reforma que elimine privilegios a las transnacionales y lleve a pagar más al que gana más.
Esto debe decidirlo el pueblo con su voto. Es la forma más democrática y pacífica de hacerlo. Profundizar el modelo con cualquiera de las opciones (Congreso cerrado o no), solo polarizará al máximo al país, peor en un contexto de desaceleración económica por factores internos y externos. Y, si actúa criminalizando la protesta, tendremos escenarios trágicos, poco deseables. Adelantemos elecciones congresales y presidenciales, y resolvamos las contradicciones de manera democrática y pacífica. Enfrentemos el bicentenario con un renovado mandato político para nuevos actores que se hagan cargo de un desarrollo sostenible e inclusivo, que beneficie a la población, sobre todo la más pobre o vulnerable.
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