Después de ocho años no han encontrado ni paz ni justicia. Los familiares de Andrés Taype y Aurelio Huarcapuma, aún esperan hallar la verdad sobre la muerte de los dos pobladores del valle de Tambo producidas durante el conflicto de Tía María, en el 2011. René García, abogado y representante de los familiares, sostuvo que libran una batalla legal para impedir que los dos casos queden impunes.
Los procesos judiciales para esclarecer sus muertes aún no han concluido, expresó García. Eso se debe a que las investigaciones han sufrido continuos retrasos. Incluso uno de ellos tiene vencidos los plazos y el fiscal debe definir si acusa o archiva la investigación, alegó el abogado. En su opinión, detrás hubo presiones para que los procesos sean sobreseídos y evitar que se repare a los deudos. En caso no obtenga justicia en nuestro país, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adelantó.
Andrés Taype y Aurelio Huarcapuma son dos de las siete víctimas que han dejado como resultado las protestas en contra del proyecto de Southern Perú. Hasta el momento, las muertes continúan sin resolverse. Según los dirigentes, podría elevarse la cifra si el Gobierno de Martín Vizcarra otorga la autorización, pese a la oposición de la población.
Procesos sin resolver
Andrés Taype fue una de las primeras víctimas que dejó el enfrentamiento entre los pobladores del valle de Tambo y la policía. Murió el 4 de abril de 2011, a 13 días de iniciarse el paro indefinido en Islay. El informe forense determinó que falleció a los 22 años por un impacto de bala en el pulmón.
Según informó el abogado, el Poder Judicial absolvió al supuesto responsable, Eder Pastor Blanco, en primera y segunda instancia. La razón fue que no se halló el proyectil que causó su muerte. Apelaron y en octubre del año pasado el proceso se elevó a la Corte Suprema, a la espera de que sea resuelto.
Respecto al caso de Aurelio Huacarpuma, quien falleció el 7 de abril del mismo año, la investigación aún no ha pasado al Poder Judicial. El fiscal penal Álvaro Torres no ha decidido aún si acusa o archiva la causa. Además, el letrado manifestó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay solicitó una pericia para homologar el proyectil que hallaron en su cuerpo con el armamento que llevaba la policía. En este caso, cree que la Fiscalía podría archivar la investigación por los resultados que arroje la pericia.
En ambos casos, la investigación determinará si los los policías son responsables del delito de homicidio simple. Finalmente, indicó que los otros casos han quedado en el archivo debido a que los familiares no contaron apoyo legal.
Cáceres Llica confirmó presencia
De otro lado, esta tarde los pobladores de Cocachacra esperan la visita del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica. Como se recuerda le han dado un ultimátum antes de declararlo persona no grata. La autoridad ha anunciado que acudirá a la convocatoria para escuchar directamente a los pobladores del valle respecto a su negativa al proyecto Tía María.
Cáceres Llica había sido convocado para el martes por la tarde. Los dirigentes del valle, encabezados por Elvis Apaza, indican que la población ya se cansó de mesas de diálogo y que estas ya se cerraron en 2015.
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