La situación en el Valle de Tambo es tensa. Los pobladores de la zona han anunciado el inicio de un paro indefinido desde el 15 de julio como respuesta a la decisión del gobierno de Vizcarra de entregar la licencia de construcción a Southern Perú para la ejecución del proyecto minero Tía María, dejando de lado la oposición de la población y de algunas autoridades políticas. Para profundizar el análisis del contexto que se vive en Arequipa y particularmente en el Valle del Tambo, Noticias SER entrevistó a Carlos Leyton Muñoz, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y ex Ministro de Agricultura.
Entrevista: Omar Rosell (Noticias Ser)
¿Qué impactos políticos y sociales generará en Arequipa y el Valle de Tambo la decisión del gobierno de entregar la licencia de construcción a Southern Perú para el proyecto minero Tía María?
En primer lugar se ha generado una gran incertidumbre respecto del discurso sobre las condiciones que se deben poner a las empresas que están explotando recursos y los beneficios que deben generar para el desarrollo del país. Esa es una de las preocupaciones que la población ha manifestado. Y, en segundo lugar tenemos lo que para muchos pobladores en el Valle de Tambo ha sido una suerte de aspiración de cómo una empresa puede generar confianza en la población. Si bien había una idea de que la minería va a generar ciertos impactos, se creía posible que quien intervenga sea una empresa que no tenga todas las dificultades que ha tenido Southern Perú en los últimos años.
Se anuncia un paro indefinido desde el 15 de julio en el Valle de Tambo ¿consideras que se avecina un conflicto mayor?
Es posible. Algunos alcaldes del Valle de Tambo han emitido un documento informando sobre el paro y oponiéndose a la construcción de la mina. Hoy también se ha manifestado el alcalde de Cocachacra y otros más. Creo que el panorama es bastante difícil ya que junto con la emisión de la resolución administrativa aprobando las obras civiles, en paralelo se envió un contingente de más o menos 200 policías a la zona para controlar eventuales protestas. La situación es complicada porque el gobierno ha tomado la decisión política de imponer el proyecto Tía María.
¿Qué opina de la posición del gobernador Cáceres Llica que indica que el proyecto Tía María no va? ¿Qué gana con este discurso?
Ese es parte de un discurso de ida y vuelta. Hace un tiempo, en las elecciones, el gobernador dijo que Tía María no iba y que él iba a defender los derechos de la población. Después indicó que la población debía decidir, pero que sí se tenía que hacer. Y ahora sale diciendo que no va. Evidentemente no hay una opinión clara sobre el tema fundamental que es el de las condiciones del contrato de la empresa minera, que no garantiza para nada que se puedan ejecutar obras de desarrollo en el ámbito del proyecto y, más aún no se aborda un problema de índole social como el agua.
Digo social porque no me refiero al uso del agua para la producción minera, sino para el consumo doméstico, porque actualmente el agua viene contaminada por efectos naturales y debe ser tratada antes de que llegue al consumo de la población. La gente está tomando agua que contiene arsénico y otros químicos que se acumulan en el organismo.
¿Ayuda en algo a reducir la tensión en el Valle del Tambo el comunicado de Southern Perù indicando que las obras no van a empezar si no se consigue la licencia social de los pobladores?
Dada las circunstancias y las condiciones en las cuales se emite este comunicado, más pareciera que está dirigido al gobierno antes que a la población. Hay que mencionar que un sector de la población del Valle del Tambo ha estado recibiendo algunas dádivas de la empresa minera y por ello algunos pobladores decían: “sí pues voy a aceptar porque me interesa, me favorece y me beneficia, pero yo no estoy de acuerdo con la empresa”. Entonces, subsiste una sensación, como ayer los alcaldes lo han expresado, de desconfianza en que la empresa vaya a cumplir con las cosas que ha ido ofreciendo.
¿Se puede decir que tuvo mayor peso la presión del empresariado con respecto a la decisión política que tomó el gobierno de Martín Vizcarra?
Hace un tiempo atrás, el director del Instituto Peruano de Economía mencionó que había una situación un poco complicada porque en algunos proyectos, entre ellos Tía María, las empresas estaban presionando para que salgan. Y en ese contexto se habló de que Southern Perú estaba en una situación privilegiada porque tiene tres proyectos grandes como Tía María, Michiquillay y uno más en la sierra del Norte del país, que en conjunto representan un aproximado de 5 mil millones de dólares en el corto plazo. En una situación como esta, la posición para negociar de Southern Perú era mejor frente al Estado que frente a la población en su conjunto.
¿Cómo impacta la situación que se vive en el Valle de Tambo en otros proyectos que hay en la región Arequipa como Cerro Verde o Majes Siguas?
Lo que tenemos es que a partir de lo que ha pasado con las Bambas, se han reactivado algunos conflictos que tienen que ver con límites como en el caso de Puno o con temas ambientales como los casos de Tía María o Zafranal en la zona del Valle de Majes. Y también han surgido algunos problemas con Buenaventura en Orcopampa o en la zona de Tapay. Se puede generar un escenario de movilización de la población para hacer frente a una situación en la que el Estado ha puesto prácticamente de lado la idea del servicio a la ciudadanía.
La decisión política que ha tomado el gobierno, ¿marca una pauta sobre la relación que tendrá el Presidente Vizcarra con la minería?
Hasta la fecha, no ha habido una presencia particular del Presidente de la República para informar sobre un asunto que es vital para el desarrollo del sur y sobre todo del Valle de Tambo. En algunas ocasiones, Martín Vizcarra ha brindado declaraciones sobre las empresas, la relación con las comunidades del sur, pero lo que ha pasado con Tía María es que ha sido la empresa la que envió un oficio al Ministro de Energía y Minas.
En este documento Southern Perú informa al Ministro y al gobierno lo que va a pasar en el sentido de que ya existía una decisión administrativa que la favorece. Y que va a poner en práctica en el momento que ellos lleguen a una conciliación con la población en algunos temas y se logre la licencia social. Lo que ha ocurrido luego, con la convocatoria a un paro indefinido a partir del 15 de julio, deja claro que la comunicación de la empresa es completamente insuficiente. Será necesaria una intervención más decidida del Presidente de la República y el gobierno.
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