Son 138 observaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos hizo al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María, en el año 2011; y, hasta ahora, la empresa Southern no se ha esforzado en demostrar que las ha levantado todas, tanto como se ha esforzado en evitar tener que realizar un nuevo estudio que tendría que ser evaluado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental.
Este proceder deja un espacio muy grande para la desconfianza y el reclamo. Sin embargo, la legitimidad de la protesta no impide la presencia de dirigentes que, lejos de buscar una solución, conspiran para prolongar el conflicto y sacar el mayor rédito político y económico, aún a costa de vidas humanas. La situación empeora cuando una autoridad local, para ganar notoriedad, se convierte en un agitador más.
Eso ha sucedido con Elmer Cáceres Llica, quien ha olvidado que, en calidad de representante de toda la región, no debería abogar solo por alguno de los extremos del conflicto, sino también por todos quienes estamos en medio de las posturas. Es verdad que mantener un punto intermedio, en estos momentos, solo genera antipatías; pero, alguien tiene que hacerlo y ese alguien debería ser la autoridad. Además, la dicotomía “prominero vs. antiminero” es falsa, pues existe una postura intermedia que prioriza la agricultura sin erradicar la minería. No seríamos el primer lugar del mundo en implementarla; pero, lamentablemente, eso ni siquiera está en discusión.
Lo único que parece importar a muchos políticos, por ahora, es quién demuestra más fuerza para imponer su cerrazón.
(Publicado en Correo Arequipa – Un agitador en el sillón)
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