Este viernes es crucial para la lucha que mantiene la población del Valle de Tambo contra el proyecto minero Tía María. La Corte Suprema de Justicia, en el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolverá el pedido de nulidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Southern Perú.
Este recurso fue presentado en el 2015 por el exalcalde del distrito de Cocachacra, Juan Guillén. De lograrse un fallo favorable, el Estudio de Impacto Ambiental podría quedar sin efecto y, por consecuencia, la licencia de construcción no procedería, explicó Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Tambo.
Cornejo explica que se presentaron tres de estos recursos en 2015, pero el Poder Judicial vino dilatando su resolución hasta este año.
Este proceso se basa en la aprobación del segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin haber levantado todas las observaciones emitidas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al primer EIA.
Así, el recurso busca que el Poder Judicial anule el segundo EIA. Es por ello que es crucial la diligencia de informe oral en la que se ventilará el proceso civil de demanda en contra del Ministerio de Energía y Minas.
La audiencia se iniciará a las 10:15 de mañana del viernes 19 de julio. Según Jesús Cornejo, es probable que mañana mismo la magistrada a cargo de la audiencia dicte un fallo.
El abogado de Juan Guillén, indica que el segundo EIA que presentó Southern Perú, adolece de vicios técnicos y sociales tanto como el primero. Según el jurista, la empresa minera solo arrancó algunas páginas del primer EIA, y no superó los vicios técnicos y sociales que observó la UNOPS.
Razones de la demanda contra EIA de Tía María
- Vicios técnicos: No ha aclarado el balance del uso del agua en la planta procesadora. Tampoco ha profundizado o analizado el manejo de residuos de sal de la planta desalinizadora.
- Vicio social: No cuenta con el apoyo de la población afectada. Incluso los talleres que se dieron para su aprobación fueron realizados con personas que no radican en el distrito de Cocachacra (Islay).
Los demandantes critican al Ministerio de Energía y Minas por aprobar el segundo EIA, a pesar de estar judicializado, por adolecer de observaciones insubsanables. Aún más, después que se le otorgara la licencia de construcción el pasado 8 de julio.
Ellos indican que se produjo el agravio, violando el Art. 139 Inciso. 2 de la Constitución Política del Perú. Por ello se presentará una medida cautelar de status quo. Con la finalidad que esa resolución de licencia de construcción no sea válida. El Poder Judicial debe resolver una vez presentado.
GRA podría participar en proceso
También explican que el Gobierno Regional de Arequipa tendría la facultad de participar de dicho proceso. Ello, ya que la Autoridad Regional del Medio Ambiente tiene facultades para objetar esta autorización de inicio de operaciones (licencia de construcción) entregada por el Gobierno Central, sin que se haya resuelto este proceso judicial.
El ingeniero Hugo Rivera Zevallos estuvo a cargo de la sustentación de las observaciones de la parte técnica del EIA, entablado hace dos años y medio. El especialista explica que el presidente de la República Martín Vizcarra tendría conocimiento de este proceso judicial.
Bajo estas circunstancias no debió otorgar la resolución de inicio de operaciones de explotación a la empresa minera Southern. Ya que se habría cometido un ilícito que sería pasible de una denuncia penal.
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