Cada vez que recrudece el conflicto social por Tía María, circulan diversas opiniones y afirmaciones sobre mayorías o minorías, a favor y en contra de esta inversión minera. En cambio, faltan encuestas solventes desde que, en el año 2009, una consulta en Cocachacra arrojó un resultado mayoritario contra del proyecto minero.
La consulta vecinal fue convocada por los gobiernos municipales de los distritos de Cocachacra, Islay-Matarani, Mollendo, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mejía. Las autoridades de entonces emitieron una Ordenanza Municipal para convocar a la consulta que contó con la participación de los Jurados Especiales de Elecciones. El 27 de septiembre de 2009 más del 90% de la población que participó de la consulta se manifestó en contra del proyecto minero. Aunque una mitad de pobladores no asistió a votar, la consulta cumplió con todas las formalidades del caso.
Ya en 2018, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mandó a realizar un estudio en la zona, pero no reveló hasta hoy los resultados, que contradicen sus decisiones recientes.
Lo que sí se difundió es que, en setiembre de 2018, la empresa Southern Perú, que impulsa el proyecto, encargó un sondeo en la provincia de Islay a la empresa Ipsos. Según esas encuestas, que difundió la empresa, de un 75% de la población que afirmaba estar informado, el 71% pensaba que el proyecto sería beneficioso. Solo un 16% opinaba que no se debían usar los recursos generados por la mina.
A nivel nacional
Casi un año después, el panorama es muy distinto. La misma empresa Ipsos, por encargo del diario El Comercio, da a conocer que esa percepción ha cambiado. Aunque el ámbito del sondeo es distinto y, como es usual, la forma en que está hecha la pregunta podría variar los resultados, lo real es que se registra otra percepción sobre Tía María.
Según el sondeo realizado entre el 14 y el 16 de agosto, a nivel nacional, un 54% está parcial o definitivamente en contra del proyecto Tía María. La razón principal es que no creen que el gobierno pueda vigilar que no se cause daño ambiental por la actividad minera.
En estas encuestas, los que están a favor son 43% y su razón principal es la posibilidad de que se genere empleo y crecimiento.
¿Pero qué dicen las encuestas en el lugar donde se ubica el proyecto?
Según la encuesta de Ipsos de hace dos días, en la región Sur la oposición a Tía María alcanza el 63%. No hay resultados a nivel de la Región Arequipa ni en la provincia de Islay.
Pero la encuesta del MINEM, en el área de impacto directo del proyecto minero, esto es el Valle de Tambo, ya adelantaba estos resultados. El sondeo denominado «Estudio de clima social y percepción sobre la futura actividad minera en el Valle de Tambo – Proyecto Tía María» estuvo a cargo de docentes de las universidades Católica San Pablo y Católica Santa María; y se hizo en Mejía, Punta de Bombón, Cocachacra y Deán Valdivia. Los resultados fueron difundidos públicamente, recién este domingo, por el diario La República.
El 70% de los encuestados en el Valle de Tambo estimó que la minería formal (léase Tía María) obstaculizaría el desarrollo en la provincia. Solo el 24% pensaba que la minería sería inocua. Al ser preguntados por el motivo principal de ese rechazo, el 76% respondió que era por la contaminación.
A la pregunta sobre qué debería ocurrir para que vean con buenos ojos la actividad minera, el 31% respondió que no cambiará de opinión; un 19% opinó que deberían elegir otro lugar que no fuera el valle; y un 6% consideró cambiar de opinión solo si tenían la certeza que no habría contaminación.
En resumen, el MINEM conocía con certeza que no había condiciones para dar paso a la licencia de construcción del proyecto Tía María, Menos aún se puede explicar el por qué apresuró trámites e, incluso sin haberse resuelto las observaciones técnicas de sus propios funcionarios, dio el pase.
Por su parte, Southern Perú, que también conocía estos resultados, mantuvo el discurso que se trataba de un grupo reducido de violentistas o activistas políticos, con otros intereses.
Sin licencia social
A esta encuesta hay que sumar otra que mandó realizar el Gobierno Regional de Arequipa durante la gestión de Yamila Osorio, en 2015 y que concluía en un rechazo tajante al proyecto; además de los daños emocionales e institucionales que provocó en la población el intento de imponerlo en ese año. Aquí se puede revisar las conclusiones del estudio realizado por la ING Labor, a la que no se puede calificar de «antiminera» precisamente.
Volviendo al 2018, la clamorosa diferencia entre los resultados de Ipsos que encargó Southern (setiembre) y el de los investigadores de universidades locales (noviembre), se explicaría en la diferencia del ámbito del estudio. La primera se hizo a nivel provincial. El mayor peso poblacional de la ciudad de Mollendo, donde existe mayor expectativa por los beneficios de la actividad minera, habría sido determinante en aquel momento.
Lo que, en cambio, ignoró el MINEM, en su afán de promover la inversión minera, es que en el valle de Tambo, sector directamente afectado en 10 años de conflicto, el rechazo no ha disminuido significativamente desde aquella abrumadora mayoría que se manifestó en la consulta del año 2009.
El apremio por evitar que el Estudio de Impacto Ambiental caduque, habría llevado al MINEM a otorgar una licencia de construcción, a sabiendas de que no existía la llamada «licencia social», cuya importancia ha reivindicado el presidente Martín Vizcarra. ¿Qué explicación podrá dar a esto el ministro Francisco Ísmodes?