En el día 48 de paro, el sábado 31, se desarrolló el II Encuentro Macroregional del Sur en el epicentro del conflicto, Cocachacra. Representantes de las regiones sureñas se hicieron presentes y la arenga permanente era ¡cancelación!, aludiendo al proyecto minero de Southern Perú. Además, se acordó un paro macroregional y una marcha de sacrificio desde el Sur hacia Lima, que parece haber cerrado los ojos al conflicto.
Mientras esto ocurría en Cocachacra, en Mollendo la tensión crece día a día. La población está entre dos fuegos: los manifestantes azuzados por su propia desesperación e infiltrados por violentistas que aún nadie ha identificado; y la policía con sus divisiones de USE y DINOES, quienes serían los más violentos, repartiendo equitativamente insultos y bombas lacrimógenas, según se puede apreciar en videos que circulan por las redes sociales.
Por el momento, se mantienen las vías despejadas, con el fin de que opere el puerto y el traslado de cisternas de combustible, pero la sensación general es el miedo.
El ritmo de los procesos administrativos y judiciales en marcha, a los que el gobierno ha encargado la solución, ha quedado rezagado frente a la presión que el paro (tercero con estas características en los últimos 10 años) impone. Si bien el gobierno nacional suspendió la licencia de construcción temporalmente, la empresa minera ha anunciado que no desistirá del proyecto y ya ha puesto una denuncia penal por abuso de autoridad contra el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica. Él, a su vez, ha presentado su propuesta para la nueva ley de Minería, que algunos consideran extrema: 80% de ganancias para el estado y el 20% para las empresas.
La Cumbre
Durante unas 8 horas, la concentración de banderas verdes en el coliseo de Cocachacra, acompañó a dirigentes populares que plantearon sus propuestas para reactivar el paro. El objetivo es hacerse oír en Lima, ya que la atención nacional ha dejado de enfocarse en el valle de Tambo.
Dirigentes de Arequipa y de otras regiones expresaron sus propuestas y pedidos, interrumpidos por arengas de “agro sí, mina no” y una más recurrente: cancelación.
También estaban presentes los congresistas de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla de Puno, Edgar Ochoa de Cusco y Horacio Zeballos Patrón de Arequipa. Ellos ofrecieron su apoyo desde el Congreso con argumentos legales y técnicos sobre por qué el proyecto minero no es viable.
Finalmente se acordó un programa para continuar la protesta exigiendo la cancelación de la licencia y, en sí, del proyecto Tía María. Así, acordaron desarrollar un paro el día 2 en Majes y La Joya. El 5 participarán en la marcha “Que se vayan todos”; mientras que el lunes 9 tendrá lugar una Jornada de Lucha en todo el Sur. Todo, en preparación del paro general en todo el sur el próximo 16 de setiembre, fecha en que inicia en Arequipa la 34° Convención Minera.
Además, preparan una marcha de sacrificio hasta Lima, posterior a esa fecha. En tanto los dirigentes de Arequipa anunciaron paros escalonados en los distritos del Cono Sur y Cono Norte, durante las siguientes semanas.
La “Plataforma de Lucha” incluye, además de la cancelación del proyecto Tía María, el adelanto de elecciones y una nueva Ley de Minería. Las demandas locales incluyen la oposición a Quellaveco en Moquegua, libertad para Aduviri en Puno, no a la minería en Ollantaytambo, Cusco; y el cumplimiento de acuerdos y la vigilancia a la contaminación en Apurímac.
Memorial
Al final del encuentro se dio a conocer un documento firmado por los tres alcaldes distritales del Valle de Tambo(Punta de }bombón, Deán Valdivia y Cocachacra), por el consejero regional de Islay y los presidentes de dos Juntas de Usuarios del lugar. Es un memorial dirigido al presidente Martín Vizcarra a quien piden una solución pronta para acabar con la violencia en la provincia.
Expresan su protesta por la represión de la policía, especialmente por lo ocurrido el 25 de agosto en Mollendo, cuando varias mujeres que pernoctaban en las afueras del local de Petroperú, fueron desalojadas y sus pertenencias quemadas.
Reclaman la solución ofrecida por Vizcarra en la reunión sostenida el pasado 24 de julio, cuando ofreció venir en el lapso de una semana. También rechazan la filtración de una grabación de la conversación de cuya autoría deslindan, se solidarizan con el mandatario y piden una investigación.
“A 49 días de paro, la represión es violenta, queremos paz, si no se soluciona, nos obliga a tomar medidas más radicales”, reza la misiva en otro punto.
Agresiones mutuas
Tres días antes de esta cumbre, el miércoles 28, otra delegación de congresistas, esta vez del Frente Amplio, estuvo en Cocachacra. Justiniano Apaza de Arequipa, Wilbert Rosas de Cusco y el vocero de la bancada del Frente Amplio, Hernando Cevallos, se trasladaron al valle de Tambo. Una extensa reunión se realizó con el único fin de desmentir a la policía. El jefe de la Novena Macroregión Policial, General Roy Ugaz, acusó esa mañana a los manifestantes de violentistas. Aseguró que había más de 90 policías heridos y solo dos manifestantes en la misma condición.
Uno a uno se sucedieron los testimonios de mujeres que dijeron haber sido pateadas e insultadas. Incluso dijeron que la policía arenga diciendo “hay que matarlos”. Varias de ellas señalaron que están en Mollendo velando por la integridad de sus hijos, que son los que encabezan los enfrentamientos. Añadieron que, debido al seguimiento de que son objeto, los manifestantes heridos prefieren no acudir a los centros de salud.
Roy Ugaz, por su parte, negó que los policías agredan a mujeres y que son ellas quienes provocan a los efectivos en todo momento. Dijo también que, al momento, el estado está invirtiendo 13 millones de soles en el mantenimiento de la Policía en la provincia de Islay.
El alcalde provincial Edgar Rivera Cervera, dirigió esta carta al subprefecto ratificando los altos niveles de violencia.
Carta alcalde de Islay (1) 
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Ley de Minería
Esta semana también se culminó la propuesta de los gobernadores regionales del Sur, para una nueva Ley General de Minería en el Perú. La presentó el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.
El anteproyecto tiene más de 200 exigencias entre las que destaca la idea de que las empresas, si quieren hacer minería en el Perú, deberán dejar el 80% de sus ganancias al Estado y quedarse solo con el 20%, como ocurre en Bolivia.
«Tenemos que controlar lo que se lleva la minería. Nadie controla cuánto realmente se llevan», expresó la autoridad.
Sobre las concesiones mineras, que hoy tienen un carácter intransferible, se propuso reducir su vigencia de 30 a 15 años. Además, que las autoridades regionales podrán anularlas si permanecen ociosas o inactivas.
Puso como ejemplo el caso boliviano que antes percibía solo el 18% de las utilidades de las empresas de hidrocarburos y ahora es al revés; es decir, el Estado percibe el 82% de las ganancias y las empresas no se han retirado del país.
Los gobernadores acordaron también impulsar a través de la mancomunidad la implementación urgente del Gasoducto Sur Peruano, una vía férrea para un tren interregional de pasajeros desde Marcona (Ica), recorriendo Moquegua, Arequipa, Cusco, Madre de Dios y Apurímac, para llegar al Brasil. Además, impulsar el comercio y ejecutar proyectos de siembra y cosecha de agua.
Fue durante una cita de autoridades de las mancomunidades regionales: Los Andes, Pacífico Centro Amazonas, Huancavelica, Macrorregión Nor Oriente del Perú, Amazónica y la Macrorregión Sur (Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).
Casi al mismo tiempo en que se difundía esta propuesta, se supo que la empresa Southern denunció por abuso de autoridad a Cáceres Llica.. Esto, por la anulación del contrato de servidumbre de terrenos en Islay para el proyecto Tía María.
Preguntado por la prensa, el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, declaró que, de ser procesado y sentenciado por esta denuncia, el gobernador de Arequipa podría ser vacado de su cargo, si es que se le condena con sentencia firme.
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