El alcalde de Arequipa, Omar Candia, retornó nuevamente a los juzgados para responder por la compra irregular de 40 cámaras de vigilancia hechas en el 2012, cuando estuvo al frente del municipio de Alto Selva Alegre. En este nuevo proceso, la Fiscalía pidió 10 años de prisión contra el burgomaestre y la Contraloría demandó el pago de una indemnización ascendente a 2 millones 200 mil soles.
Se trata del segundo juicio que afronta la autoridad por este hecho. En mayo pasado, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa anuló la sentencia que lo liberó de la cárcel junto a su actual gerente municipal, Daniel Gómez Benavente. El tribunal observó que juez que resolvió el caso, Roberto Salas, los absolvió sin mayores argumentos jurídicos.
A diferencia del anterior proceso, Omar Candia será juzgado por el juez Max Bengoa, magistrado especializado en delitos contra la corrupción. Ante su despacho, el fiscal Rubén Nuñez sustentó la acusación y reiteró que el burgomaestre y los coacusados se coludieron para perjudicar al Estado. El juicio no ha caído en gracia al alcalde, quien hizo notar su molestia por este nuevo proceso ante la prensa.
Argumentos del juicio a Omar Candia
El fiscal señaló una serie de irregularidades cometidas desde la génesis del proyecto. Según la acusación, en el 2012 la autoridad y sus funcionarios se coludieron para que el consorcio Soluciones Andinas, representado por José Ríos Sánchez, gane la licitación. El costo del proyecto demandó una inversión de 2 millones 346 mil soles.
La acusación incluye a su actual gerente municipal, Daniel Gómez Benavente, a su exsubgerente de Logística, Juan Lipe Lizarraga y exsubgerente de servicios Reynaldo Díaz Chilo. Además, el ingeniero que elaboró el proyecto Sandro Martínez Sardón y, por último, el representante del consorcio, José Luis Ríos Sánchez.
El fiscal advirtió que el ingeniero Sandro Martínez no cumplía el requisito para elaborar el proyecto. Asimismo, se hizo caso omiso a las recomendaciones de la OSCE que pedía anular el proceso. También se modificó las condiciones del contrato a favor de la contratista y no se respetó el sistema de comunicación, sustituyendo la radiotransmisión a fibra óptica.
Por último, se generó una deuda de 36 mil soles con SEAL al utilizar los postes eléctricos para instalar la fibra óptica.
El abogado de Candia Aguilar argumentó que la Fiscalía no cuenta con pruebas directas que acrediten que hubo colusión. Asimismo, para descartar que se causó perjuicio al Estado, ofreció como prueba la resolución de alcaldía que liquidaba la obra.
Al finalizar la diligencia, el alcalde señaló que la acusación del fiscal está llena de falsedades y que la obra se realizó a un costo menor del que había en el mercado.
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