Con el fin de sentar precedentes, el abogado David Apaza ha decidido presentar una denuncia por discriminación contra los líderes del colectivo “Arequipeños por Arequipa”. Hoy anunció que lo hará el próximo lunes 9 de setiembre.
Inicialmente contaba con pruebas de entrevistas en medios de comunicación y material grabado por el mismo colectivo. Pero a la fecha, el abogado dice que continúa recibiendo pruebas de estudiantes de las universidades Católica Santa María y Católica San Pablo, donde ambos se desempeñarían como docentes.
Uno de los agravantes incluidos en la denuncia es la posible financiación de sus actividades por parte de la empresa minera Southern. Según el abogado y, bajo afirmaciones de Luis Zapata, la empresa estaría incentivando económicamente la polarización del conflicto a través de un sector de la población que comete estos actos de discriminación.
“Acá ya no hay solo un tema de que queremos a Arequipa, queremos la paz, sino es un colectivo que prácticamente vela por los intereses de Southern”
Afirma también que es posible abrir una investigación para determinar los motivos por los que la empresa está financiando al colectivo «Arequipeños por Arequipa».
“En sus videos, Carlos Rodríguez, dice que la gente del valle o la gente que no piensa como él son sus adversarios. En entrevistas a nivel nacional dice ‘voy a disparar’, usa el término ‘disparar’ contra personas que no piensan como él. Radio Yaraví, menciona que las personas que dañan ‘su’ tierra, se entiende que él ya se ha apoderado, son marginales. Cuando usas el término ‘marginales’ los consideras fuera de la norma, sociológicamente, que son inferiores a ti, que están fuera de la ley. Según la constitución, todos somos iguales ante la ley, por tu opinión política no te pueden discriminar. También usa el término ‘radicales’. La señorita Matilde dice que usan ‘una estrategia de terror’”
Posibles sanciones a «Arequipeños por Arequipa»
Las sanciones que podrían aplicarse son de pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres. O también, prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas, informó.
«La ley también define el acto discriminatorio si tiene el fin de anular el reconocimiento de cualquier persona por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica», añadió.
David Apaza es el abogado que inició la investigación a Fuerza Popular que sirvió de base para la acusación que hoy sustenta el fiscal especial José Domingo Pérez. Apaza sustentó su tesis de maestría con este caso, que consiste en simular aportes pequeños a la campaña de fondos obtenidos ilícitamente. La figura se denomina ahora «pitufeo».
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