La adquisición de las 40 cámaras de vigilancia para el municipio de Alto Selva Alegre, cuando Omar Candia era alcalde, estuvo plagada de irregularidades. Así lo hizo notar este martes el perito de la Contraloría de la República, José Laguna, durante el juicio abierto al burgomaestre. Se pide para él, 10 años de cárcel.
“Encontramos equipamiento que no había sido implementado, no había sido entregado como pozos a tierra, como el sistema de aire acondicionado. Monitores que eran de otra marca y no la que figuraba en las órdenes de compra. El grupo electrógeno tampoco era el que figuraba en la compra y así había otros equipos adicionales”, resumió el perito
José LAguna Ambrosia, perito a cargo del informe de auditoría
Por medio de teleconferencia, el experto relató cada una de las irregularidades descubiertas durante la inspección a las cámaras de seguridad ciudadana, en el 2012. Tras el informe pericial, la Contraloría denunció al edil y sus funcionario por presunta colusión agravada.
La audiencia tuvo lugar, de forma excepcional, en una sala prestada por la Contraloría de la República. Las partes se pusieron de acuerdo para realizar la diligencia y no suspenderla a causa de la huelga judicial de 48 horas.
Las cámaras de Omar Candia
El perito José Laguna detalló que los equipos entregados por el consorcio Soluciones Andinas no concordaban con el contrato. Las falencias abarcaban, desde el proceso de contratación, hasta la instalación de los aparatos tecnológicos.
Recordemos que el proyecto consistía en instalar un sistema de vigilancia con 40 cámaras, un centro de control y monitoreo, además de un call center.
Por ejemplo, el perito indicó que cinco de las computadoras de la estación de control eran de una marca distinta a la que propuso la empresa. Exactamente, se entregaron monitores de la marca Insignia cuando se ofreció Samsung. De igual manera, el cableado de los equipos «no era el adecuado» y ante un accidente interrumpiría el funcionamiento del sistema. Otra deficiencia era la ausencia de pozos a tierra que no daban protección ante un desequilibrio de la tensión eléctrica.
Asimismo, los videos no eran almacenados porque no había un sistema de respaldo. Mientras que el call center no tenía habilitada una línea telefónica, por lo que los ciudadanos no podían comunicar una emergencia. El día de la inspección no se hallaron operativas todas las cámaras. Y tampoco contaban con un sistema de seguridad.
La defensa de los acusados se centró en señalar que el perito no tenía la especialidad requerida para hacer la auditoria en aquel momento. También indicaron que el sistema de fibra óptica era mejor solución que el radio enlace, propuesta inicial del proyecto.
Cabe señalar que la diligencia se desarrolló con presencia de los abogados e imputados. Sin embargo, no estuvo presente el burgomaestre Omar Candia. El fiscal del caso, Rubén Nuñez, señaló que más peritos serán citados, al igual que testigos del Ministerio Público y la defensa. El proceso quedaría resuelto en dos meses, indicó. Finalmente, el juez del Juzgado Anticorrupción, Max Bengoa, dispuso que la diligencia continúe este miércoles a partir de las 8:30 horas.
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