Se venció el plazo y el Consejo Nacional de Minería decidió darle el permiso para construir el proyecto minero Tía María a Southern Perú.
Esto, a pesar de la rotunda oposición de los pobladores del valle de Tambo, quienes bloquearon las carreteras principales de La Joya y de Cocachacra desde el lunes, ante la cercanía de la decisión.
Tenían la esperanza que los recursos de revisión presentados por el Frente de Defensa de Chucarapi, el de la Junta de Usuarios y el del Gobierno Regional fueran suficientes, para ser escuchados. Los argumentos son la superposición al proyecto del gasoducto surperuano, el posible daño ecológico a las Lomas de Cachendo; y la nulidad solicitada a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, cuya vigencia ha caducado.
Pero más importante que esos argumentos técnicos, es la falta de la llamada “licencia social”; esta población rechaza el proyecto hace 10 años con un conflicto que lleva 8 muertos sobre sus espaldas; y sin que se les haya escuchado realmente.
El Consejo de minería ha decidido darle la razón a la empresa minera, a pesar de los recursos legales presentados hace 5 años ante el Poder Judicial; y a pesar de la protesta que -se anuncia- se va a radicalizar.
Hace pocos días, organizaciones mexicanas vinculadas a sectores afectados por la minería enviaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra. Allí manifiestan su pesar por la situación en la región Arequipa.
La firman los familiares de los 65 trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos, operada por el Grupo México, dueño de Southern; y los comités de Cuenta Río Sonora, afectados por el “derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el 2014, que dañó a 22 mil personas”.
Los pobladores del valle de Tambo, por su parte, aseguran tajantemente que no dejarán a la mina iniciar sus operaciones. Las consecuencias de la decisión del Consejo de Minería, aun no se pueden prever.
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