A quienes rechazan la convocatoria a un paro se les acusa de opinar “desde el privilegio”. Se asume que se oponen porque no tienen necesidades apremiantes y gozan de solvencia económica. Pero, aunque sea cierto en muchos casos, generalizar significa ignorar a un sector muy importante de la sociedad: los que viven del día a día.
El que se tenga que obligar a la población a parar, bajo amenaza de ataques violentos, ya dice mucho del poco apoyo que tienen, actualmente, esas medidas. Y no, no se trata de indiferencia, indolencia o egoísmo, se trata de necesidad. La vendedora de fruta pierde su mercadería, el repartidor de moto hace menos entregas, los escolares dejan de ir al colegio; mientras que el combustible y la comida se encarece, perjudicando a los que menos tienen. Todos ellos son pueblo y no están en la capacidad de sacrificar el sustento del día, peor aun cuando es muy probable que ese sacrificio no conduzca a la solución de lo que se demanda en el paro. La huelga indefinida convocada por Construcción Civil, por ejemplo, va a afectar a los comerciantes de San Juan de Dios, pues la culminación de la obra que se realiza en esa calle sufrirá un nuevo retraso y las fiestas de fin de año se aproximan, con lo que se ve amenazada su mejor temporada de ventas.
Los paros son mecanismos democráticos de protesta. No deben convertirse en un instrumento de chantaje que ponga contra la pared al pueblo, y no a los grandes poderes contra los cuales, se supone, están dirigidos.
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