ACT: Este domingo se inició la audiencia de prisión preventiva para 11 acusados de pertenecer a la organización criminal «Ladrillo sindical del Sur». Desde las 9 de la mañana transcurre en medio de inconsistencias de la acusación fiscal y se prevé se prolongue varias horas más. Este lunes se inició nuevamente desde las 9 horas.
La Fiscalía se enfocó en demostrar la forma coordinada en que los acusados presionaban empresarios para la contratación de sindicalizados de Construcción Civil. Asimismo, que se empeñaban en posicionar agremiados de confianza en los comités de obra y seguridad, para lograr paralizar obras y ejercer presión de cara al cobro de las cuotas sindicales, incluso de trabajadores ajenos al sindicato.
NOTA ORIGINAL
La audiencia de prisión preventiva para 11 dirigentes del sindicato de Construcción Civil, de la presunta organización criminal “Ladrillo Sindical del Sur”, fue reprogramada. El motivo alegado por los abogados de los detenidos es la falta de medios probatorios que sustenten el requerimiento fiscal. Asimismo, los imputados con prisión preliminar se negaron a recibir las notificaciones que les avisaban de las diligencias.
La acusación es por los delitos de organización criminal y extorsión agravada en agravio del estado. La fiscal del caso es Rosmery Mendoza Palomino. Los acusados, para quienes se pide prisión preventiva de 36 meses son:
| DETENIDOS | ||
| José Luis Chapa Díaz (FDTA) | Andrés Saya Alarcón | |
| Alfredo Mojica Valdez | José Rubén Díaz Díaz | |
| Helber Dabogerto Quispe León | Genaro Jorge Tapia Quispe | |
| Teófilo Maldonado Yanapa | José Manuel Quispe Flores | |
| Juan Alberto López Mamani | Pedro Aurelio Álvarez Tinuco | |
| Juan Alberto Calle López |
Suspensión anticipada
Sucede que el Ministerio Público no logró proporcionar copias de los medios probatorios que sustentan su pedido. Se trata de un proceso tedioso, ya que el pedido de prisión preventiva es de 600 páginas y sus anexos superan los 3 mil folios. Así lo hizo constar Rosmery Mendoza Palomino, fiscal especializada en Criminalidad Organizada.
Si bien la Fiscalía cumplió con entregar físicamente toda la documentación, no fue lo mismo para las defensas de los detenidos. Los abogados denunciaron que a ellos no se les notificó ni los anexos ni el requerimiento. Varios enfatizaron en que se enteraron de la audiencia mediante los medios de comunicación. Sin embargo, el juez José Luis Vilca Ponce, aclaró que se intentó notificar los requerimientos a los detenidos en la carceleta, pero que ellos se negaron a recibirlos.
Al no tener conocimiento de los medios probatorios de la fiscal, los abogados recalcaron que se afectaba la defensa. Por ello, el juez dispuso que diferir la audiencia para el domingo 24 de noviembre del 2019, a las 9 horas. Esto para que puedan estudiar adecuadamente el expediente y el Ministerio Público pueda proporcionar las copias necesarias.
Formalización accidentada
El requerimiento de la Fiscalía ingresó al sistema del Poder Judicial al promediar la 1 am de hoy. Empero, el requerimiento no llegó a la casilla electrónica de los defensores. Esto por la negativa de los detenidos a recibir el documento e identificar a sus representantes legales. Así, las notificaciones fueron notificadas a defensores de oficio.
Respecto a los anexos, la Fiscalía se comprometió a entregar copias a los abogados a las 18 horas. Al ser documentación abundante, esta se alcanzaría escaneada en tres discos devedés. Sin embargo, trascendió que en dicha fecha no se entregó la totalidad del material.
Integrados al proceso
Además de los dirigentes de Construcción Civil, Fiscalía ingresó dos escritos de integración al pedido de prisión preventiva. En estos se incluyó a cinco personas en libertad, que al entender del Ministerio Público, están relacionados al Ladrillo Sindical del Sur.
Se trata del abogado Héctor Herrera Herrera, José Luis Carpio Quintana, Milagros Copa Medina, Edwin Quili Quispe y Wilfredo Juan Quispe Itusaca. Sin embargo, se desconoce el rol preciso que la fiscal atribuye a los nuevos procesados.
Del abogado Herrera, se sabe que es el representante legal en lo penal del Sindicato de Construcción Civil. Mientras que José Luis Carpio Quintana es el actual gerente regional de Trabajo. Como parte de su cargo, el funcionario intercedió en negociaciones entre el sindicato y constructoras con obras paralizadas por el gremio. Trascendió que se le señalaría como el “brazo político” de la organización, y que se encargaría de garantizar la contratación de sindicalizados. Respecto a Milagros Copa Medina, se trata de la intendente regional de Sunafil en Arequipa. Para los cinco imputados en libertad se fijó audiencia en otra fecha, al no estar con prisión preliminar. La diligencia se fijó para el 3 de diciembre próximo.