La Contraloría General identificó un perjuicio económico de 3 millones 864 mil 930 soles ocasionado por el pago de incrementos remunerativos y beneficios económicos a funcionarios de confianza de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Esto ocurrió, durante el período 2015 – 2018, cuando era alcalde Alfredo Zegarra, quien contravino la norma presupuestaria.

El Informe de Servicio de Control Específico con Presunta Irregularidad N° 051-2019-2-0353, evaluó el período del 22 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Como resultado, 13 funcionarios de la anterior gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa tendrían responsabilidad civil y/o administrativa de entidad.
Contraloría evaluó el incremento remunerativo y pago de beneficios económicos (bonificación escolar, aguinaldo y 9% de EsSalud) a funcionarios de confianza de la Entidad. También si se realizó cumpliendo con las disposiciones establecidas en la normativa aplicable y disposiciones internas.
Aumento irregular aprobado por Alfredo Zegarra
Mediante la Resolución N° 2953 (30 de diciembre de 2014) el alcalde provincial de aquel momento, Alfredo Zegarra, aprobó la nueva escala remunerativa.
Comprende el incremento remunerativo, pago de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, bonificación escolar y bonificación extraordinaria (9% de EsSalud). La disposición contó con la opinión legal e informe favorable de los gerentes de Asesoría Legal y de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), concluyeron que, a la fecha, las municipalidades no tienen habilitación legal para el incremento de los ingresos de sus funcionarios. Tampoco para la aprobación de una nueva escala remunerativa a favor de los servidores y/o directivos.
Las conclusiones se enviaron a la Municipalidad Provincial de Arequipa, y se recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe.
También se recomienda poner el informe en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal, encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial, para que inicie las acciones legales de responsabilidad civil contra los funcionarios comprendidos en los hechos de la observación del informe.
Asimismo, se recomienda disponer, bajo responsabilidad, dejar sin efecto estos incrementos irregulares.