El Ladrillo Sindical del Sur se desmorona. El caso de criminalidad organizada presentado por el Ministerio Público no cuajó y acabó con la liberación de los once detenidos, tras una maratónica audiencia de prisión preventiva de cinco días.
La Fiscalía no logró acreditar ante el Poder Judicial que los actos atribuidos a los once sindicalistas tipifiquen los delitos de extorsión agravada en agravio del Estado y criminalidad organizada. Así, la fiscal Rosmery Mendoza, ausente de la lectura de resolución, se va con las manos vacías, ya que pedía 36 meses de prisión preventiva.
Entre los dirigentes liberados se cuenta a los secretarios generales de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y Construcción Civil, quienes eran sindicados como líderes de «El Ladrillo Sindical del Sur“. Su liberación provocó alivio entre los familiares de los intervenidos y algarabía en los agremiados del sindicato, que esperaban a la salida de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA).
Liberación inminente del Ladrillo Sindical del Sur
La debacle del caso se caía de madura. En los cuatro días de audiencia fueron recurrentes las alusiones a insuficiencia probatoria. No sólo de parte de las defensas de los dirigentes, sino hasta del propio juez del caso. En distintos momentos cuestionó la relevancia para la investigación de las pruebas oralizadas por la fiscal Mendoza. Incluso tuvo que retirar algunos de sus elementos de convicción al no tener que ver con extorsión ni criminalidad organizada.
Asimismo, tampoco logró comprobar antijuridicidad en el accionar de los sindicalistas. La mayoría de los documentos, actas y reuniones que presentó el Ministerio Público describen el actuar de una organización sindical. Asimismo, tanto la cuota sindical, la bolsa de trabajo y hasta las huelgas están contempladas en la Constitución, leyes específicas y ordenanzas regionales.
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