Desde fines del siglo XIX, la división social del trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas han creado una nueva clase profesional cuyos caracteres son: 1) una formación profesional elevada; 2) el ejercicio de las funciones de dirección y encuadramiento en la estructura y las superestructuras; y 3) la dependencia jurídica y económica respecto de los propietarios de las empresas y del Estado, bajo la forma de contratos de trabajo.[1]
En la actividad privada
De los estamentos o categorías laborales en la actividad privada, las constituidas por altos funcionarios y funcionarios de encuadramiento presentan como rasgo común la calidad de profesionales de sus integrantes, vale decir que para desempeñarse como tales deben haberse formado y titulado en universidades y otros centros de nivel equivalente, exigencia reconocida por la ley como un requisito para el ejercicio de casi todas las profesiones.
La categoría de altos funcionarios se ha generalizado desde comienzos del siglo XX con el desarrollo de las sociedades, en particular anónimas. A los dueños del capital, que podían ser muchos, les resultó cada vez más conveniente utilizar funcionarios contratados para integrar los directorios, cuya función es adoptar las decisiones más importantes inherentes a la empresa. Bajo la autoridad inmediata de estos, el gerente general la dirige. Siendo su función lograr la mayor cantidad posible de ganancias, de las que por lo general perciben un porcentaje, estas elites de ejecutivos han ido ampliando su poder e independencia. En consecuencia, pueden disponer: innovar o no; producir nuevos bienes y servicios y dejar de producir otros; crear, modificar, trasladar y cerrar empresas; ordenar el despido de trabajadores y la reducción de sus remuneraciones; etc. La permanencia en sus cargos depende de la magnitud de las ganancias, que es lo que en definitiva interesa a las juntas de accionistas.
Más aún, influyen decisivamente en el rumbo de la economía y la política en sus países, y son los impulsores más fanáticos del neoliberalismo.
De este grupo sale también una parte de los dirigentes de los partidos o movimientos políticos de derecha, centro y hasta de cierta izquierda y los altos funcionarios del Estado elegidos y nombrados. En el Perú, casi todos son de raza blanca; son el rostro de la oligarquía blanca que sigue gobernando.
La dirección personal de las actividades productivas por los capitalistas, incluso con la ayuda de sus familias, queda como un remanente de los primeros momentos de la evolución capitalista en ciertas empresas de familia, empresas pequeñas y microempresas.
Los funcionarios de encuadramiento, o cuadros en la terminología francesa, son profesionales y técnicos a cargo de la dirección inmediata de la actividad productiva. A pesar de su número reducido, su labor se ha hecho imprescindible, a tal punto que sin ellos la existencia misma de la empresa sería imposible. Aportan, además, la investigación, las invenciones y los descubrimientos que día a día cambian y potencian los medios de producción, y crean nuevos bienes, servicios y necesidades con los cuales el capitalismo continúa su marcha ascendente.
Social, económica y legalmente son trabajadores en relación contractual de dependencia; suministran su capacidad laboral a quienes los emplean a cambio de una remuneración, y contribuyen a la creación de la plusvalía en porcentajes determinados por la clase e importancia de su trabajo. Gozan de derechos sociales —laborales y de seguridad social— y, al llegar a cierta edad o incapacitarse, pasan a ser pensionistas. Sin embargo, están en una posición que es ya cualitativamente distinta de la de los obreros y simples empleados a cargo de las tareas de ejecución.
Por su dependencia económica de los titulares del capital, la mayoría de este grupo no goza todavía de independencia ideológica respecto de aquellos, incluso si en su vida universitaria profesaron ideas contestatarias del sistema. La manera de pensar y la conducta de muchos expresan los intereses y criterios de la clase capitalista que los recluta tras sopesar su calidad e ideología y, en las empresas de propietarios de raza blanca de nuestro país, que tengan los rasgos de esta o procedan de familias que poseyeron fortuna o lleven apellidos considerados distinguidos por ellos.
Sin embargo, aunque se hallan sujetos a las decisiones del gerente general o de los propietarios de la empresa, su responsabilidad por sus actos les confiere cierta independencia respecto de aquellos en cuanto deben ajustarlos a las normas legales.[2]
Este efecto de la evolución de la estructura capitalista revela ostensiblemente que los grupos propietarios del capital se vuelven cada vez más innecesarios. Por ellos actúan los altos ejecutivos y los cuadros contratados. Más aún, estos tienen a su cargo la gestión del capital procedente de los diferentes estamentos de trabajadores por la vía del ahorro y de los fondos de pensiones, cuya magnitud crece en relación al capital de los propietarios de las empresas. Si se considera que el capital empresarial procede en altos porcentajes de préstamos bancarios, cuya fuente son los depósitos del público, de los fondos de pensiones y otros y de préstamos en bienes, resulta que la titularidad de las empresas por los capitalistas, que aportan un reducido porcentaje del capital, se asienta sobre una pequeña pero omnipotente base legal, en contradicción con el hecho real de que la mayor parte del capital y su administración les son ajenos.
En el Estado
En el aparato estatal, la categoría profesional de trabajadores se divide en dos grupos: el personal administrativo y el cuerpo de dirección política, conjunto al que se podría denominar estrato profesional burocrático.
El primero lo integran los funcionarios y empleados a cargo de las tareas concernientes al servicio público que el Estado ha asumido desde su concepción como una gran entidad constituida por delegación de los ciudadanos. Su labor se plasma en el ejercicio del poder de dirección con diverso alcance. Son en su mayor parte profesionales, bajo contratación laboral como sus homólogos de las empresas privadas.[3]
El otro grupo de esta categoría se halla formado por el personal elegido por la ciudadanía cada cierto tiempo —presidente y vicepresidentes de la República, representantes en el Congreso de la República o parlamentarios, y miembros de los gobiernos regionales y municipales— y por el nombrado por estos para la ejecución de las tareas de dirección y de confianza en su entorno inmediato: ministros y altos funcionarios.[4]
No hay, sin embargo, normas que obliguen al personal elegido a tener un título profesional universitario. Pero, de hecho, esa titulación es un requisito impuesto por la costumbre para calificar ante los electores.
El estrato profesional burocrático, cuya aparición y desarrollo responden a la evolución de las superestructuras política y jurídica, se ha convertido en una fuerza subordinante de la sociedad: por su poder normativo, sus facultades para hacer cumplir las normas, su obligación de prestar los servicios públicos entre los cuales se halla la misma dirección del Estado, y por el uso exclusivo de la coerción. Pero, a diferencia de la categoría profesional de las empresas privadas, en las que el máximo poder es retenido por los propietarios del capital, la categoría profesional burocrática tiende a independizarse del poder económico privado en grados diversos, puesto que su calidad de agentes del Estado no procede formalmente del nombramiento por los empresarios.
La independencia en la adopción de sus decisiones se acentúa o reduce según sus motivaciones personales, la fuerza y la aceptación general de la superestructura legal, su origen personal y social, la influencia directa e indirecta de los empresarios sobre ellos, su formación general y universitaria, su ideología, su sindéresis si la tienen, y su vinculación con determinados sectores de la población a los que deben su presencia en el Estado.
Hay funcionarios administrativos y jueces que cumplen sus funciones según la ley y la ética admitida por la sociedad. Pero los hay también que no lo hacen para favorecer a algún grupo o persona y desfavorecer o dañar a otros, o por ignorancia, arbitrariedad malévola o la percepción de cohechos. El mayor nivel de degeneración en este aspecto es la vocación de ciertos partidos políticos para preparar a sus militantes en las técnicas de la corrupción y filtrarlos a las instituciones estatales, utilizando los canales creados por la necesidad de una concurrencia democrática.
[1] El texto que sigue es un extracto del capítulo V de mi libro El capitalismo: una historia en marcha… hacia otra etapa, Lima, 2018.
[2] Su dependencia del capital llevó a los cuadros europeos a organizarse en sindicatos y centrales propios. En Francia, se reunieron en la Confederación General de Cuadros desde octubre de 1944. Les siguieron los cuadros de Alemania (ULA) y de Italia (CIDA) y luego de otros países. Constituyeron luego la Confederación Europea de Cuadros.
[3] Su origen se remonta a la creación del Civil Service Británico a mediados del siglo XIX como un cuerpo profesional estable de funcionarios de la administración pública luego de que el capitalismo advirtiera que el Estado debía procurarle funciones públicas eficientes para contribuir a su desarrollo.
[4] Gaetano Mosca (1858-1941) se refirió a la existencia de una “clase política” a la que definió como una elite que gobierna en todos los tiempos y tiende a perennizarse, por cuanto en toda sociedad deben haber dirigentes y dirigidos. Nada nuevo, salvo la denominación. Ya Aristóteles en La Política había dicho: “Ha sido la naturaleza la que ha creado ciertos seres para dirigir y otros para obedecer”. (Libro I, cap. I). El grupo dirigente, que para Mosca podría ser un conglomerado improvisado, no es, sin embargo, una clase social imbricada en las estructuras económicas como parte constitutiva de estas, ni ofrece características intrínsecas que la definan, salvo el hecho de que está en el gobierno.
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