El Búho Connectas
Lo que no
dicen las leyes
Lo que no
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andy Evangelista es presidenta del colectivo que agrupa a los deudos de feminicidios que buscan justicia de parte del Estado. Resume así las primeras barreras

“Uno de los primeros obstáculos que las victimas encuentran al ir a una comisaría es que te digan ´tú habrás hecho algo´ o ´tú tienes la culpa para que este tipo te haga eso´. Otro obstáculo es la familia del asesino, (el hecho de que) hayan crecido en una cultura tan machista que creen que el hombre es el rey y puede matar y debe obedecerse. Otro obstáculo era el proceso tan lento, antes se daban garantías de vida, ahora se llaman medidas de protección, ibas a denunciar en enero, y te citaban en mayo o junio para tener una audiencia.

Pero eso no es todo. El pensamiento instalado sobre los roles del hombre y la mujer juega su propio papel en la extensión y, muchas veces, la normalización de la violencia. Así, Sandy continúa:

“Son muchos obstáculos, lamentablemente las víctimas pierden la vida porque no tienen dónde más ir. Creo que el estado invierte más en programas que en dar una verdadera ayuda, hay mucha propaganda que incentiva a que la mujer denuncie, pero hay casos que en las mujeres son dependientes emocionalmente o económicamente del agresor; esas mujeres sienten que no pueden salir de ese lugar porque no tienen a nadie. Van a los CEM (Centro de Emergencia Mujer), les dan un documento para que vaya al centro psicológico, pero para cada terapia hay que esperar 2 o 3 meses, hasta que haya cupo”.

Magaly Aguilar Cortez es otro miembro activo de este colectivo que busca justicia. Ella perdió a su hija a manos del hombre que dijo amarla y su vida nunca más ha sido la misma:

“Hablaré un poco del caso de mi hija. El asesino de mi hija estuvo en la comisaría tranquilo sin esposas, bebiendo café, junto a los policías. Sobre el proceso del tratamiento psicológico del CEM solo sirve para que ahorres la consulta. Yo lo he vivido, formando colas y con mal trato por parte del personal. Yo estoy buscando justicia, la abogada a cargo del caso de mi hija no se presentó a la audiencia porque estaba de vacaciones, y no dejó a nadie a cargo. Yo misma tengo que presionar para poder ser atenida.

“Claro, uno de los casos es el de mi hermana, que denunció varias veces; ella no desistió, pero le faltó empatía, hacer su trabajo a la policía, ella escapó a Ayacucho, y seguía siendo amenazada, ella pensó en irse a Chile, 15 días antes de su viaje fue asesinada.

En el caso de Estefany Flores, ella fue a denunciar una tentativa de feminicidio y no le creyeron; por el contrario, la acusaron de abandono de hogar; después de un mes, fue asesinada. Magaly Aguilar continúa:

“Otro caso es de Erika Oblitas. Ella y su agresor fueron detenidos en la comisaría, ella tenía golpes en la cabeza, fue procesada porque el agresor dijo que fue agresión mutua, y la policía lejos de ayudarla continuó el proceso, ella colapsó y empezó a convulsionar, 7 días después ella falleció. Ahora el agresor es procesado por tentativa de feminicidio y consiguiente muerte, pero no por feminicidio agravado. La pena que tendrá es entre 20 a 30 años, mas no la cadena perpetua que debería tener”.

La policía está rebasada

El gran problema parece ser, en esta fase, el número tan abultado de denuncias que llegan a las comisarías y las medidas de protección que se derivan de ellas. Estas son las denuncias recibidas en la Policía Nacional del Perú (PNP), en estos años:

-En el 2016, 185 mil 740
-En el 2017, 207 mil 001
-En el 2018, 211 mil 005
-En el 2019, 256 mil 237

Mientras que las medidas de protección ordenadas por el Poder Judicial en estos años fueron:

-En el 2016 24 mil 690 medidas de protección,
-En el 2017, 42 mil 432 medidas de protección
-En el 2018, 115 mil 000 medidas de protección y
-En el 2019, 176 mil 480 medidas de protección
Fuente: Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones de la PNP

Fuente: Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones de la PNP

Según aclara, el Coronel PNP César Antonio Díaz Cachay, Jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar, en el 2018 y 2019, ya no existen denuncias pendientes de tramitar, porque la ley 386 que fortalece a la ley 30364 establece que ninguna denuncia debe quedar pendiente. Actualmente, se resuelven en 24 horas, en un proceso especial, dice.

Sobre el presupuesto de su institución, corrobora que su escasez es el principal problema para atender este número tan abultado de denuncias. Dice que este año, se ha transferido presupuesto del sector público por 3 millones 158 mil soles para implementar y tener el personal que cumpla las medidas de protección y detención en flagrancia. Anuncia que este monto servirá para dar cursos de capacitación, implementar las comisarías, acondicionar las áreas de medidas de protección y adquisición de bienes como computadoras, mobiliario, y todo lo que concierne a la implementación en las comisarías básicas que desarrollan estas actividades.

Una conclusión importante de estas denuncias es que el 63% de estas agresiones han ocurrido en la propia vivienda conyugal de las víctimas de feminicidio, el 23% en la vía pública y el 4% en la dependencia del agresor. Según dicen, en muchos casos “la víctima ha normalizado tanto la violencia que no ha presentado denuncia ni solicitado una medida de protección. Es un contexto muy complicado y ahí puede verse lo complejo del trabajo que tiene la institución policial”, señala.

“Sabemos que una víctima cuando normaliza la violencia no denuncia, entonces (las personas) en el entorno donde se observe hechos de violencia, pueden denunciar de manera anónima. Estos programas se están implementando a nivel nacional para reducir la cifra negra que no se denuncia con los prejuicios que: “es mi esposo, qué dirán, tengo que aguantar”.

Finaliza subrayando que hay personas que por ciertos estigmas se callan, no se acercan a denunciar por una mala interpretación de su relación con el varón, cuando en realidad tiene todo el derecho de acceder a la justicia. Añade que, de los 160 casos de feminicidio del 2019, la mayoría de víctimas no denunciaron; y la violencia se da de forma sistémica, empieza con insultos y va hasta la violencia patrimonial.

“El abordaje de la violencia no se va a solucionar jamás dentro del ámbito político, eso no va a pasar, nunca, esa no es la solución”

Lo que observó la Defensoría del Pueblo

Según la representante de la Defensoría del Pueblo, Marcela Paliza, buena parte del problema comienza con el llenado incorrecto o insuficiente de la Ficha de Valoración de Riesgo que es lo primero que se aplica cuando una mujer acude a una comisaría a denunciar un acto de violencia.

“A veces no lo aplican de manera correcta y esto ocasiona que no se le dé la protección que necesita, entonces, el juez solo tiene la denuncia o ficha de valoración simple, no le da la medida de protección que necesita”, dice.

Luego, agrega Paliza, hay medidas de protección como “el cese de la violencia” que ordena el juez al agresor, y es una de las medidas más comunes, pero que no puede medirse.

“¿Cómo la Policía fiscaliza eso? Van al domicilio y le preguntan, ¿tu esposo te ha vuelto a violentar?, ella obviamente va a decir que no, porque su agresor está atrás, entonces no se les está brindando un real resguardo”, cuestiona.

Respecto al elevado número de medidas de protección, la Defensoría estima que la solución podría venir por el lado de los Gobiernos Regionales que podrían apoyar a la policía, igual que los servicios de serenazgo de las municipalidades y las organizaciones comunales, puesto que en la mayor parte de casos la policía no tiene vehículos ni personal suficiente.

“Por ejemplo, la Policía tiene la obligación de establecer una línea directa con la víctima, pero no les dan una línea de comunicación directa, o les dan simplemente un teléfono que es de la comisaría. Adicionalmente, la Policía tiene que informar de las medidas de protección al juez para innovarla, ratificarla, o retirarle, pero no se está haciendo”.

En base a la ficha de valoración de riesgo, el juez determina la medida de protección. Según norma, la policía debe comunicarla en 24 horas a la víctima, al agresor y a la policía, que debe ejecutarla. En los casos graves, la policía informa en los 5 primeros días al juzgado de la situación y luego cada mes. En casos de riesgo leve o moderado, informa dentro de los 15 primeros días y luego cada tres meses.

Otro factor, señala, es la gran cantidad de mujeres que dependen económicamente de su agresor y esa es la principal razón por la que no denuncian. En todos los casos las medidas de protección son útiles y necesarias, pero falta trabajar en toda la cadena para obtener resultados. Tanto los policías, como los jueces y fiscales , deben estar capacitados en el tema.

Siempre según el análisis de la Defensoría del Pueblo, la principal excusa que tienen los operadores para las demoras es la excesiva carga laboral, razón por la cual crearon más juzgados especializados en familia, que estén solo orientados a atender las medidas de protección.

Paliza concluye enfatizando que una de las causas del aumento de feminicidios es que, como sociedad, tenemos mayor claridad sobre estos hechos; y porque hoy tiene mucha más publicidad. Pero, además –dice- hay un tema que no se ha analizado, que es el de empoderamiento económico, lo que sí ha analizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, según este análisis, cuando la mujer tiene más libertad en términos de derechos y forma de vida, tiene trabajo, educación y, en general es más independiente, la violencia tiende a incrementarse como una manera de dejar claro que quien tiene el poder es el hombre.

De acuerdo a ese punto de vista, “la violencia es un arma de control, los feminicidios ocurren en esa reafirmación de poder, de posición… pues no solo se mata a mujeres, sino la crueldad con la que se hace; en algunos casos es casi igual que un asesinato por ajuste de cuentas, en el grado de alevosía.. que te disparo, te quemo, te descuartizo, ya es un deseo de posesión total de la mujer; y eso es porque me dejó, porque me cambió por otro. Antes la mujer era más sumisa, ahora se va, entonces, el agresor piensa: “es más seguro que la mate”.