El juez Jaime Coaguila, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, aprobó el pedido de desacumulación que planteó la Fiscalía. En consecuencia, el exdirigente minero Pepe Julio Gutiérrez y el abogado Jesús Gómez Urquizo serían juzgados en un proceso aparte. El delito es extorsión en el grado de tentativa, supuestamente ejercido contra la minera Southern. No obstante, los abogados defensores podrían presentar su oposición a la resolución judicial.
La fiscal Alejandra Cárdenas hizo esta solicitud con el fin de adelantar el juicio, antes que el dirigente sea excarcelado. En este hecho se ha considerado como principal prueba los denominados «pepeaudios» que acreditarían el supuesto ilícito.
De esta manera, los demás involucrados como Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, tendrían que esperar la conclusión de este caso para ser juzgados.
Exdirigente afronta tres cargos
El dirigente del valle de Tambo fue acusado por: tentativa de extorsión a Southern, extorsión al Estado y asociación ilícita. Al aceptarse la desacumulación, Gutiérrez Zeballos afrontaría un primer juicio inmediato por tentativa de extorsión.
En dicho proceso solo están incluidos Gutiérrez y el abogado Jesús Gómez Urquizo. El exdirigente habría negociado con al abogado el levantamiento del paro contra Tía María. Todo esto está consignado en unas grabaciones conocidas como “pepeaudios”. La fiscalía ha pedido por este hecho 10 años de cárcel para ambos imputados.
El abogado de Pepe Julio Gutiérrez, Vladimir Fuentes, consideró “descabellado” el pedido de 30 años de cárcel para su patrocinado. En su opinión, resulta un exceso pedir una pena alta por un presunto delito de extorsión, en grado tentativa. Además, dijo que no hay pruebas para sustenten que el exdirigente cometió este delito.
“No hay tentativa de extorsión, porque el propio representante de Southern (Óscar Gonzáles) ha dicho que nunca tuvo contacto con Pepe Julio”, sostuvo.
Sobre el delito de extorsión al Estado, manifestó que ninguno de los protestantes tuvo comunicación con las autoridad para exigir algún beneficio a cambio de la protesta.
Finalmente, dijo estar en contra de que la Fiscalía pretenda desacumular la acusación penal. Presentará los recursos necesarios, para evitar que el juzgado apruebe este requerimiento.