El alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, conocerá antes de Navidad si la justicia lo declara inocente o culpable de colusión en el caso de la compra irregular de 40 cámaras de video vigilancia. El burgomaestre afronta un juicio por haber actuado presuntamente en favor de la empresa contratista Soluciones Andinas SAC.
Max Bengoa, juez especializado contra la corrupción de funcionarios en Arequipa, decidió cuando será el cierre del debate y la declaración de los acusados. Estos están previstos para el 12 y 16 de diciembre. Luego, en un plazo no mayor de 5 días dictará la sentencia final.
El abogado de Omar Candia, Julio Santacruz, sostuvo que su patrocinado tendrá el tiempo para hablar en el juicio. El edil hará su autodefensa en relación a la acusación que le hace la fiscalía, antes de conocerse el fallo.
El fiscal Rubén Nuñez pidió para Candia Aguilar y todos los imputados una pena de 10 años de cárcel y el pago de una indemnización de más de 2 millones de soles.
En el proceso están comprendidos su actual gerente municipal Daniel Gómez, tres exfuncionarios de la comuna de Alto Selva Alegre y dos contratistas.
Omar Candia se juega sus últimas cartas
El burgomaestre de Arequipa ofreció a un perito de parte con el propósito de desmontar la acusación fiscal. Se trata del abogado y exjefe de Auditoría de la Contraloría, Helbert Gutiérrez Bellido. El perito defendió a Candia este lunes, durante el juicio oral.
El experto cuestionó el informe de auditoría hecha por la Contraloría, el cual sirvió como base para la investigación de la fiscalía. Para Bellido, la licitación fue acorde a las normas de contrataciones del Estado y no existió ninguna orden para anular el proceso de contratación.
Sin embargo, la Fiscalía también presentó en juicio al auditor de la Contraloría Enver Chahuayo Medina, quien defendió los hallazgos realizados durante la supervisión al proyecto. La conclusión del experto fue que el alcalde y sus funcionarios direccionaron la licitación para favorecer al consorcio Soluciones Andinas SAC.
Chahuayo señaló que el municipio entregó la buena pro pese a que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) advirtió un direccionamiento en el proceso de licitación. También hizo hincapié en que el proyecto se concibió como una obra, pero en el proceso pasó a ser definido como un bien, distorsionándose así la naturaleza de la prestación.
“Cómo, habiendo tantas comunicaciones, porque existía un interés de la municipalidad por el proyecto, simplemente se gestionó como si no pasara nada”, acotó el auditor.
Ambos peritos fueron citados para terminar de debatir las pruebas ofrecidas en el juicio.
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