La Política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad insisten en dar una perspectiva principalmente de prevención a SUNAFIL. No señalan medidas para reducir los casos de accidentes de trabajo, y menos aún, temas de protección o beneficios a favor de los trabajadores. Incluso, en la última pre-publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección, atienden la regulación del convenio de formalización laboral con las micro-empresas otorgándoles hasta un año para subsanar las infracciones laborales, en vez de sancionarlas. Es decir, al parecer el gobierno y SUNAFIL avalan la posición de los empresarios, en vez de atender las denuncias de los trabajadores.

Esto no es reciente. Recordemos algunos casos en que el Ejecutivo y el Legislativo beneficiaron a los empresarios:

Reducción de pena privativa de libertad a empleadores infractores

La Ley Nº 30222 del año 2014 redujo las penas privativas de libertad que estableció la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, promulgada en el 2011. De esta manera, mientras la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señalaba que quien infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo no adopte medidas preventivas y ponga en riesgo la salud o integridad física de los trabajadores, tendrá una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco, la Ley Nº 30222 cambia los plazos: no menor de uno ni mayor de cuatro años. Y, agregó que debía ser previamente notificado por la autoridad competente, para adoptar las medidas. Al reducir la pena, ésta no sería efectiva, situación que generaba gran preocupación al sector empresarial.

Además, en el caso de producirse lesiones graves o muerte, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establecía que la pena privativa de la libertad sería no menor de cinco ni mayor de diez años. La Ley Nº 30222, lo modificó a no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso de muerte, y no menor de tres ni mayor de seis en caso de lesión grave. Para proteger más al empresario, se incluye que no habrá responsabilidad penal si la muerte o lesión grave es producto de la inobservancia del trabajador.

Como se puede colegir, esta Ley Nº 30222 que modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tres años después de su promulgación, reduce la pena privativa de libertad al empresario, atiende sus demandas de no ir a prisión efectiva si pone en riesgo la vida de los trabajadores, y le otorga mayor protección.

Reducción de multas por infracciones laborales

Por otra parte, en el año 2017 se publicó el Decreto Supremo Nº 015-2017-TR que modificó el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, señalando que se ajustaba la escala de sanciones por “principios de razonabilidad” y las redujo en poco más del 50%. También, redujo el plazo de prescripción de la facultad de la autoridad inspectiva para determinar las infracciones en materia socio laboral de cinco a cuatro años. Y, finalmente, señaló que la tabla de multas sería revisada cada dos años. Es decir, puede seguir reduciendo las sanciones para los empresarios. Asimismo, en el Decreto Supremo Nº 007-2017-TR, se incorporó el concurso de infracciones, que en vez de sumarse las sanciones, se aplicará la sanción de la infracción de mayor gravedad.

Ahora, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ante la muerte de los dos jóvenes en Mc Donalds, publicó el Decreto Supremo Nº 020-2019-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, sin establecer ninguna medida de sanción mayor contra los empresarios. Incluso, sobre la cuestionada prohibición de duplicidad de inspecciones que se estableció en el Decreto Supremo Nº 007-2017-TR que debilitó la función inspectiva, en vez de derogarla, la hicieron inaplicable para los casos de seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y registro de trabajadores en planillas. Para las demás materias, continuará la prohibición.

Está claro que en el país, el poder de los empresarios puede hacer retroceder normas que los sancionaban gravemente en materia penal y económica, y que protegían más a los trabajadores. Sin penas ejemplificadoras, los empleadores seguirán actuando con impunidad. Si no sienten el temor de ir a la cárcel por poner en riesgo la vida de los trabajadores, todo seguirá igual y la cifra de víctimas mortales continuará. En este país se muere por culpa de los empresarios que por “reducir costos”, no implementan adecuadamente las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esto es mucho más grave en el caso de empresas transnacionales, que se supone cumplen estándares internacionales. No sólo es por Carlos, Alexandra, Jovi y Jorge, es por todos los jóvenes y trabajadores en general que día a día exponen sus vidas por trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es muy clara, la responsabilidad es del empleador. No debe haber impunidad, las multas no bastan. El gobierno y los funcionarios responsables, deberían elaborar normas para proteger a los trabajadores, no a los empresarios.

Escriben: Alan Fairlie y Rosa Varillas

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Se trata en su mayoría de acciones de regulación de instituciones de educación universitaria. La regulación consiste en verificar si determinada institución cumple con las condiciones que la ley y su estatuto señalan para el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y proyección social. Estas acciones se dan entonces en un sector donde reinaba el caos y en muchos extremos la estafa a cientos de miles de estudiantes y padres de familia, que han buscado en los últimos veinticinco años ser profesionales para tener un futuro en la vida. Las acciones de regulación han dispuesto hasta hoy el cierre de 32 universidades y dos escuelas de posgrado; de estas, 31 universidades son privadas, en su abrumadora mayoría con fines de lucro, y una es pública.

Es importante recordar que la labor de regulación actual busca enfrentar los desatinos de la primera intervención estatal que se produjo en 1996, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, cuando se aprueba el Decreto Legislativo 882, sobre la promoción de la inversión privada en la educación. Así se motiva la creación de más de 92 universidades privadas, la mayoría con fines de lucro, hasta que se prohibió temporalmente la creación de nuevas, el año 2012.

La regulación es una función indispensable en cualquier sistema universitario moderno, para que éste tenga, no solo “las condiciones básicas de calidad” como dicen los tecnócratas de turno, sino “la más alta calidad académica” como postulamos los universitarios. No estamos, entonces, en contra de la regulación, sobre todo cuando se trata de enfrentar el caos al que nos llevó la estafa promovida por el fujimorato. Pero sí de la confusión de regulación con intervención, cuando la Sunedu transita de cerrar antros que pasan por universidades a meter mano en instituciones, principalmente públicas, que lideran la producción de conocimientos.

Es clave entonces señalar que esta es la segunda gran intervención del Estado en la educación universitaria en los últimos años, desarrollada a partir del año 2014 en que se aprueba la ley 30220. Esta ley, cuyo proyecto inicial hacía síntesis de muchas propuestas reformistas de años y décadas anteriores, es asaltada a último momento por un grupo de tecnócratas neoliberales que impone la Sunedu como órgano regulador. Se trata de una segunda gran intervención hecha para reparar el fracaso de la primera, pero que privilegia el control político del sistema universitario y afirma el carácter externo de las instituciones reguladoras frente a la universidad.

Así, se ha querido decir que los que criticamos la Sunedu estamos a favor de la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Nada más falso, el que la ANR haya sido un organismo universitario no es ningún mérito en si mismo. Además, la ANR no fue creada como ente de regulación sino de coordinación y cuando se le quisieron agregar más funciones, como fue el caso de la Comisión Nacional de Autorización de Funcionamiento Universitario (CONAFU) fracasó estrepitosamente. El problema estaba en su composición, como reunión de todos los rectores del país, que desarrollaban de inmediato intereses personales y a lo sumo corporativos, perdiendo de vista al sistema y al país.

Por ello, el proyecto inicial de lo que luego fue la 30220, planteaba un Consejo Nacional de Universidades, como un consejo de expertos surgido del propio mundo universitario. En suma, hacer la regulación por una instancia universitaria y por lo tanto legítima para los regulados.

La característica central de la Sunedu, en cambio, es ser un órgano extra universitario, ajeno a la universidad como tal, a sus tradiciones y a su historia y, lo que es peor, con un proyecto contrario a las mismas. Así, el concepto de fondo que respalda esta exterioridad es la llamada “rectoría del Estado en la educación universitaria” que se le asigna al Ministerio de Educación. Esta rectoría se ha tornado en un concepto peligroso porque los tecnócratas han pasado de concebirlo no solo como la supervisión del cumplimiento de un conjunto de políticas de Estado en el sector, sino como una intromisión en los detalles del quehacer universitario que es donde encuentran su poder.

Para ello, la Sunedu tiene una composición decidida por el Ministerio de Educación. Por supuesto que hay de por medio una burla de concurso, en el que el propio ministerio califica a los postulantes y luego estos son evaluados por el Consejo Nacional de Educación, también elegido por el Ministerio de Educación. Es decir, todo queda en casa.

Estas dos intervenciones del Estado están marcadas por la privatización. En el primer caso el impulso a la privatización abierta con la autorización para crear instituciones privadas con fines de lucro. Esta intervención ha tenido como resultado que en la actualidad el 75% de la matrícula universitaria esté en manos privadas, mientras que la pública se ha reducido al 25%. En el segundo, con la privatización encubierta con programas como beca 18, que da más de mil millones de soles al año a un grupo de universidades privadas, aproximadamente el 40% del presupuesto del total que el Estado brinda a las 51 universidades públicas.

Esta situación de intromisión se agrava con la abierta intervención de la Sunedu en las universidades públicas ya licenciadas, en las que pretende aprobar cada modificación de los planes de estudio, potestad que ninguna ley le otorga pero que sus funcionarios, en su abrumadora mayoría tecnócratas de universidades privadas y con singular ignorancia en temas de educación universitaria, se toman como propia.

En esta situación la tríada: autonomía, democracia y gratuidad; que son las tres columnas que le dan sentido a la universidad moderna, como universidad pública, están ausentes en el Perú. La autonomía es la víctima fundamental. La universidad ya no puede tomar sus propias decisiones, ahora depende de una última instancia extra universitaria que es la Sunedu. Esta condición central para la producción de conocimientos es seriamente mellada. El gobierno democrático sin autonomía pierde su razón de ser, ¿sobre qué va a decidir si hay una instancia que puede corregirlo? Por último, el peligro de que desaparezca la gratuidad, al reducirse drásticamente el dinero que da el Tesoro Público y crecer programas como Beca 18, crece también la tentación del autofinanciamiento y finalmente del cobro de pensiones.

La Sunedu, entonces, en su concepto extra universitario, pone en riesgo a la universidad y podría presagiar su desaparición como productora de conocimientos.

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Ilustra la carátula un dibujo de Lenin de perfil en negro sobre un fondo rojo intenso. La mirada de Lenin es segura y la acompaña un discreto aire sonriente, como aparecía en los carteles impresos en la Unión Soviética, cuando lo evocaban como el numen y líder de la gran Revolución de octubre de 1917.

Este Lenin es, sin embargo, vapuleado y apostrofado por el autor y sus comentaristas, como un deficiente alumno de Filosofía, ignorante del marxismo y otras expresiones desdeñosas; por ejemplo: “su pretendido marxismo era simplemente una leyenda. En efecto Lenin ha ignorado siempre lo que es el marxismo real.” (Pannekoek, pág. 205); “Lenin es un personaje que, con el telón abajo, se reconoce y autopercibe muy poco conocedor de la filosofía […] aparenta ser un filósofo desasnado” (Ernesto Makanakuy, pág. 62, quien añade: “Lenin, en sus periplos berneses fechados precisamente en septiembre de 1914, aledaño al frío de los Alpes suecos”; se podría suponer que se refiere a la permanencia de Lenin en Berna, Suiza, muy lejos de Suecia adonde no llegaron los Alpes; por algo se dice que la ignorancia es atrevida).

Los franceses dirían de esto: Quel culot ¡, cuya traducción menos ofensiva sería qué descaro.

El indicado libro de Pannekoek fue publicado en alemán, en 1938, por el Grupo de los Comunistas Internacionales de Holanda. Luego hubo otras ediciones en varios idiomas.

Tuvo como propósito combatir el libro de Lenin Materialismo y emperiocriticismo publicado en ruso en 1908 y reproducido en otros idiomas luego de la Revolución Rusa de 1917.

Tras ese propósito, el interés central de Pannekoek fue atacar “el sistema de capitalismo de Estado (que) tomó cuerpo definitivamente en Rusia, no desviándose en relación con los principios establecidos por Lenin en El Estado y la revolución, por ejemplo, sino ajustándose a ellos. Había surgido entonces una nueva clase, la burocracia, que domina y explota al proletariado.” (pág. 89).

Complementó esa afirmación con esta: “Lenin debía apoyarse en la clase obrera, y como necesitaba proseguir un combate implacable y radical, adoptó la ideología más extremista, la del proletariado occidental que combatía el capitalismo mundial: el marxismo” (pág. 203). En otros términos, para Pannekoek, Lenin fue un simple político oportunista.

“Para poner en claro estas contradicciones que abarcan todos los dominios de la vida y de las luchas sociales —continuó Pannekoek—, hay que ir a la raíz de los principios fundamentales, es decir, filosóficos, de lo que estas corrientes de pensamiento divergentes llaman el marxismo” (pág. 90). Ubicó esa raíz en el libro Materialismo y empiriocriticismo, en el que Lenin expuso “sus concepciones filosóficas” (pág. 90).

Si Pannekoek se preciaba de ser un filósofo, debería haber explicado en alguna parte de su obra cuál habría sido la evolución dialéctica de la sociedad rusa antes y después de la Revolución de octubre de 1917; qué términos dialécticos habrían creado la “nueva clase burocrática” que, como dijo, “explotaba al proletariado”.

Así, es en vano buscar respuestas a estas preguntas. No existen en ese libro. Tampoco hay en este una conexión de sus afirmaciones antedichas con el contenido de las páginas siguientes.

¿Podría haber dado Pannekoek esas respuestas y explicaciones?

Si se tiene en cuenta su afirmación de que “el marxismo no puede ser una doctrina o un dogma estéril que impone sus verdades. La sociedad se desarrolla, el proletariado se desarrolla, la ciencia se desarrolla […] el método de investigación que (Marx y Engels) forjaron continúa siendo una guía y una herramienta excelentes para explicar los nuevos fenómenos” (pág. 105), cabría suponer que él hubiera podido, por lo menos, intentar emitir las razones por las cuales hacía aquellas afirmaciones. No lo hizo, lo que lleva a colegir que, como otros pretendidos marxistas, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico no pasaban de ser, para él, conjuntos de frases que estaba bien declamar o citar, acompañando sus acusaciones o imprecaciones, mas nunca aplicar a sus realidades concretas para determinar su evolución.

Luego, en el examen de Materialismo y empiriocriticismo, al que le destinó el capítulo VII, Pannekoek utilizó el mismo método: hacer afirmaciones sin constatarlas. Si bien citó textualmente varios párrafos de este libro, de ellos no resulta que Lenin se haya equivocado. En todos Lenin se empeñó en señalar la primacía de la realidad material sobre el pensamiento, reflejo de aquella, como habían dicho Marx y Engels.

La causa por la cual Lenin escribió Materialismo y empiriocriticismo fue combatir las ideas de Ernst Mach (austriaco 1838 – 1916) y Richard Avenarius (francés, 1843 – 1896), quienes, en resumen, sostenían la incognoscibilidad del mundo exterior al ser humano, porque la comunicación de este con aquel tiene lugar a través de las sensaciones que podrían, según ellos, no corresponder a los objetos percibidos. Por consecuencia de esta afirmación, el mundo exterior podía ser una creación del pensamiento. Se volvía así al idealismo. Como estas ideas repercutieran en varios intelectuales del Partido Bolchevique, Lenin consideró negativo ese impacto para la unidad ideológica de este.

Lenin dijo: “La cuestión verdaderamente importante de la teoría del conocimiento que divide las corrientes filosóficas no es saber qué grado de precisión han alcanzado nuestras descripciones de las relaciones de causalidad, ni si estas descripciones pueden ser expresadas en una fórmula matemática precisa, sino si la fuente de nuestro conocimiento de estas relaciones está en las leyes objetivas de la naturaleza o en las propiedades de nuestro espíritu, en su facultad de conocer ciertas verdades a priori, etc. Entonces, eso es lo que separa para siempre a los materialistas Feuerbach, Marx y Engels de los agnósticos Avenarius y Mach (discípulos de Hume).” (citado por Pannekoek, pág. 176.)

“El materialismo y el idealismo son sin duda partidos enfrentados —proseguía Lenin—. El idealismo no es más que una forma sutil y refinada del fideísmo, el cual, habiendo permanecido con toda su omnipotencia, dispone de muy vastas organizaciones y, sacando provecho de las menores vacilaciones del pensamiento filosófico, continúa incesantemente su acción sobre las masas. Entonces, el papel objetivo, el papel de clase del empiriocriticismo se reduce enteramente a servir a los fideistas en su lucha contra el materialismo en general y contra el materialismo histórico en particular.” (citado por Pannekoek, pág. 209).

En estas citas se ve claramente la preocupación de Lenin. Marx había puesto al idealismo fuera de combate, y ya no servía como la ideología de las clases propietarias. Kant y Hegel, los mayores exponentes de la filosofía idealista, habían recalado finalmente en la existencia de Dios como el origen de todo cuanto existe, una idea que no tiene su fuente última en la Filosofía, sino en la fe, en la cual se basan las religiones.

El cristianismo había reinado en la mente de casi toda la población occidental desde su imposición como la religión oficial y única del Imperio Romano por el edicto de Tesalónica de 380 hasta que fue apartada del Estado por la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la Revolución Francesa de 1789. Después, al frente ideológico del capitalismo le quedaron como sus bastiones más firmes la religión católica impartida desde el Vaticano y la religión protestante difundida desde varios centros oficiales. Erosionar al marxismo con una intrusión fideista también entraba en la estrategia de la superestructura ideológica capitalista.

Luego de las aserciones filosóficas de Marx, la mayor parte de la intelectualidad universitaria se había hecho inmune al idealismo, pero no del todo al espiritualismo que seguía rondando en la mente de las mayorías populares, no sólo en los países de la civilización occidental, sino en los musulmanes y otros. Su fuerza ha sido tal que Rusia, por ejemplo, luego de siete décadas de gobierno del Partido Comunista y con una educación que se suponía era materialista, está ahora tan sometida a los popes ortodoxos como antes de la revolución de 1917 o más, y es capitalista.

A Pannekoek se le ha configurado como un marxista consejista, es decir partidario de la conformación de consejos obreros  (soviets en ruso), por oposición a un gobierno centralizado socialista. Por lo que se supo de su vida posterior, esa fue nada más que una invocación a los obreros a formarlos ¿dónde? ¿cuándo? Nunca los promovió en Dinamarca, su patria, en la que, finalmente, radicó ejerciendo su profesión de astrónomo.

Por último, como colofón, permítame el grupo de estudiantes universitarios editores del libro de Pannekoek una recomendación: deberían volver la mirada hacia nuestra realidad, a esta realidad peruana de todos los días, y tratar de identificar en ella los términos dialécticos que determinan su evolución, tanto en la estructura como en las superestructuras. También sería una tarea consecuente con el marxismo y necesaria para explicar lo que nuestra sociedad es, por qué es así, y hacia donde va.

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Según el MEF, la menor tasa de crecimiento de la economía para este año se ha debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a los choques de oferta que afectaron los sectores primarios, y al ruido político.

Inversión pública

La baja ejecución de la inversión pública es un problema constante y este año también ha generado un menor crecimiento económico. De acuerdo con la ministra: “la inversión no se ha ejecutado según las metas previstas en los gobiernos regionales y locales, por lo que este año no va a haber un crecimiento en la ejecución para estos gobiernos respecto a la ejecución del año pasado”[1].  Según la ministra, esto se ha debido a dos paradigmas que debemos de romper: el retraso en la ejecución de la inversión pública cuando hay cambio de autoridades; y que en los primeros meses del año usualmente no se ejecuta la inversión pública. Lamentablemente, esas declaraciones y buenas intenciones, aún no se traducen en realidad.

Base tributaria

Por el lado de los ingresos fiscales, la presión tributaria para este año será menor respecto al 2018. Como podemos observar en el Gráfico 2, en el 2018, la presión tributaria fue de 14.5%. Según la ministra de economía, este año tendremos una presión tributaria de 14.2%[2].  

El gobierno ha realizado algunos intentos administrativos de mejora, pero nada de combatir el tema de fondo, la evasión y la elusión tributaria, o cobrar las deudas millonarias de las transnacionales.

Déficit fiscal

De acuerdo con el Decreto de Urgencia N° 032-2019[3], el MEF ha modulado la trayectoria de la reducción de la meta del déficit fiscal.

Conforme con el último informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022[4], se estableció que en el 2019, el déficit fiscal sería 2.2% del PBI; que en el 2020 este déficit se reducirá a 1.8% del PBI y llegaría a 1% del PBI a partir de 2021 en adelante.

Según el DU, el déficit fiscal anual para los años 2021, 2022 y 2023, no debe ser mayor a 1.8; 1.6 y 1.3 % del PBI, respectivamente. En el Gráfico 3 se puede observar, que con este DU se ampliará el déficit fiscal durante el 2021-2023 en 1.7% del PBI.

De acuerdo con el DU, esta modulación de la trayectoria del déficit fiscal se destinará principalmente al financiamiento de proyectos de infraestructura, en el marco de los 52 proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y las medidas planteadas en el eje de infraestructura del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Nos parece positiva la flexibilización de la meta fiscal. No así que se insista en las APPs (66% de los 52 proyectos priorizados son a través de esta modalidad) sin revisar el mecanismo y mejorar la regulación, de tal manera que no se repitan los problemas de corrupción que son de conocimiento público.

¿Y el desarrollo?

Estamos de acuerdo con el objetivo de estimular la economía utilizando la política fiscal, así como que el gobierno haya dejado de tener como prioridad absoluta la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, no estamos de acuerdo con las instrumentos planteados para lograrlo, los cuales  están sentados en el PNIC y el PNCP. Como hemos señalado en análisis previos (http://alanfairliereinoso.pe/?p=4228; http://alanfairliereinoso.pe/?p=5549), las medidas planteadas pretenden continuar impulsando proyectos basándose en APPs, la cual según la experiencia internacional y peruana encuentran serias limitaciones debido a los elevados costos y riesgos para el Estado, así como actos de corrupción en la adjudicación de estos proyectos, y los impactos sociales y ambientales graves.

No solo se necesita una política contracíclica, sino mejorar nuestra inserción en la economía internacional, diversificar nuestra economía, invertir en ciencia, tecnología e innovación, y en políticas sociales (principalmente educación y salud).

Esto no se logrará con los instrumentos contemplados en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura, que insisten en más de lo mismo. Hemos sentado críticas y propuestas en otros documentos (http://alanfairliereinoso.pe/?p=3789; http://alanfairliereinoso.pe/?p=4517).

Se requiere además, un nuevo pacto fiscal, que combatiendo la evasión y la elusión tributaria, permitan el financiamiento de una estrategia de desarrollo sostenible.

[1] Véase: https://www.youtube.com/watch?v=TKbvascl0Q0

[2]  Véase: https://peru21.pe/economia/maria-antonieta-alva-tenemos-que-mejorar-la-calidad-del-gasto-noticia/

[3] Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-regula-un-retorno-gradual-a-la-regla-decreto-de-urgencia-n-032-2019-1840242-1/

[4] Véase: https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2019_2022.pdf

Artículo escrito por:
Alan Fairlie 
Erika Collantes

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¿Quién es un colaborador? Alguien que ayuda a otro para una causa que no es necesariamente la suya. ¿Se le paga a un colaborador? No. Ese término no está asociado con salarios y menos con derechos. Al llamar McDonald’s “colaboradores” a sus dos trabajadores fallecidos reconoce su propia mezquindad, lo poco que les pagaban, su expectativa de que estén a su disposición para “servir” o “colaborar”. Este infeliz eufemismo — que al leer algunas notas descubro anonadada es de uso más corriente del que suponía— pareciera recrear una fantasía gamonal, no importa lo mucho que los empresarios que lo adoptan se esfuercen en proclamarse modernos. 

Entonces los gamonales hablaban de “sus indios” y esperaban que estén a su servicio, a cambio de poco o nada; que trabajen gratis. Los empresarios de McDonald´s, aplaudidos por el diario Gestión, hablan de “sus colaboradores” y esperan que estén a su servicio a cambio de un sueldo misérrimo y condiciones laborales tan precarias que pueden conducir a la muerte. Otra analogía de nuestra historia puede ser la mita minera, que existió durante toda la colonia. Hoy se difundió que el sueldo que recibía Alexandra Porras, una de las dos jóvenes que murió electrocutada, era de S/ 4.50 (poco más de un dólar) por hora, y que trabajaba una jornada de 12 horas, de 7 pm a 7 am, según comentó su madre.

Con su portada, Gestión ha cruzado una línea y no sé hasta que punto son conscientes de la forma en que este acto desnuda su mezquindad, ya que una cosa es pensar de esa manera y la otra es exhibirla en primera plana. ¿Cómo queda un empresario que piensa que las vidas de los trabajadores son detalles incómodos sobre los que es mejor no hablar para no espantar a las cadenas de comida rápida que se espera vengan al Peru el próximo año para “mover millones”, en el mismo momento en que acaban de morir electrocutados dos jóvenes trabajadores en uno de dichos establecimientos? — pues eso, nada menos, es lo que dice la aludida portada del diario Gestión —. Millones de dólares que nunca verán la abrumadora mayoría de peruanos, de quienes se espera vivan agradecidos por sus sueldos miserables y “colaboren” con el patrón.

Vidas perdidas, sueños truncados, familias en duelo, no son sino “daños colaterales” para quienes solo piensan en engordar sus billeteras.

Empresas con las manos manchadas de sangre, un Estado indolente que se lava las manos (cuando no busca él mismo promover la precariedad laboral). Un Perú que crece económicamente a ese costo no es el Perú que yo quiero y nunca lo voy a celebrar.

Hay otro sentido común pernicioso de la mentalidad neoliberal/neogamonal que nos rige, y es el de equiparar los intereses de los empresarios con los “intereses nacionales”. Y va de la mano con el intento de amordazar toda crítica al modelo neoliberal bajo el pretexto de no “espantar las inversiones”. Por último, que sepan pues los neogamonales que no nos pueden seguir vendiendo la idea de que sus intereses son los de todos los peruanos. Lo prueba, entre otras cosas, el repudio que ha generado esa desafortunada portada que comentamos, así como las protestas contra McDonald’s. Así, los trabajadores deben recuperar su derecho a organizarse y merecen todo el apoyo de la sociedad.

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Otros jugando al centro, con candidatos de múltiples matices. Los nuevos, como el morado, y los tradicionales como AP. Buscan canalizar el repudio a quienes controlaron el Congreso en el período anterior. Se supone impulsarán la reforma política y judicial pendiente, sin tocar el capítulo económico. Allí también está APP, que tiene representación regional importante, aunque se verá si ha sido castigado por sus votantes por el desempeño último en el parlamento.

La izquierda fragmentada, como siempre. Cada cual buscando capitalizar el descontento popular, aunque no todos han presentado a sus mejores cuadros, guardándose para el 2021. En sus diferentes vertientes, hay un cuestionamiento a la corrupción, se plantea la necesidad de cambios en la institucionalidad política y judicial, pero también en lo económico.

Mientras tanto, el gobierno avanza con sus decretos de urgencia, con algunas medidas positivas, pero centralmente implementando las políticas y el plan de competitividad y productividad, con lo que representa en vulneración de derechos laborales y estándares ambientales. Con muchos problemas de gestión, en la reconstrucción y del presupuesto en general. Pero, haciendo el trabajo sucio para el continuismo

Ojalá que en lo que reste de campaña, se debatan temas centrales del país. Esperemos que la población vote con sabiduría y no repitamos la experiencia anterior. Aunque muchas veces se pensó que no podía haber peor Congreso y lo hubo. Hagamos lo posible por no reeditar esa experiencia.

Debemos impulsar cambios inmediatos, para no repetir escenarios de países vecinos. Eso supone no solo cambios en los partidos, sino en todos los actores de la sociedad, principalmente en el empresariado. Son alarmantes las señales de la falta de conciencia del problema, hay que actuar antes que sea demasiado tarde.

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En la actividad privada

De los estamentos o categorías laborales en la actividad privada, las constituidas por altos funcionarios y funcionarios de encuadramiento presentan como rasgo común la calidad de profesionales de sus integrantes, vale decir que para desempeñarse como tales deben haberse formado y titulado en universidades y otros centros de nivel equivalente, exigencia reconocida por la ley como un requisito para el ejercicio de casi todas las profesiones.

La categoría de altos funcionarios se ha generalizado desde comienzos del siglo XX con el desarrollo de las sociedades, en particular anónimas. A los dueños del capital, que podían ser muchos, les resultó cada vez más conveniente utilizar funcionarios contratados para integrar los directorios, cuya función es adoptar las decisiones más importantes inherentes a la empresa. Bajo la autoridad inmediata de estos, el gerente general la dirige. Siendo su función lograr la mayor cantidad posible de ganancias, de las que por lo general perciben un porcentaje, estas elites de ejecutivos han ido ampliando su poder e independencia. En consecuencia, pueden disponer: innovar o no; producir nuevos bienes y servicios y dejar de producir otros; crear, modificar, trasladar y cerrar empresas; ordenar el despido de trabajadores y la reducción de sus remuneraciones; etc. La permanencia en sus cargos depende de la magnitud de las ganancias, que es lo que en definitiva interesa a las juntas de accionistas.

Más aún, influyen decisivamente en el rumbo de la economía y la política en sus países, y son los impulsores más fanáticos del neoliberalismo.

De este grupo sale también una parte de los dirigentes de los partidos o movimientos políticos de derecha, centro y hasta de cierta izquierda y los altos funcionarios del Estado elegidos y nombrados. En el Perú, casi todos son de raza blanca; son el rostro de la oligarquía blanca que sigue gobernando.

La dirección personal de las actividades productivas por los capitalistas, incluso con la ayuda de sus familias, queda como un remanente de los primeros momentos de la evolución capitalista en ciertas empresas de familia, empresas pequeñas y microempresas.

Los funcionarios de encuadramiento, o cuadros en la terminología francesa, son profesionales y técnicos a cargo de la dirección inmediata de la actividad productiva. A pesar de su número reducido, su labor se ha hecho imprescindible, a tal punto que sin ellos la existencia misma de la empresa sería imposible. Aportan, además, la investigación, las invenciones y los descubrimientos que día a día cambian y potencian los medios de producción, y crean nuevos bienes, servicios y necesidades con los cuales el capitalismo continúa su marcha ascendente.

Social, económica y legalmente son trabajadores en relación contractual de dependencia; suministran su capacidad laboral a quienes los emplean a cambio de una remuneración, y contribuyen a la creación de la plusvalía en porcentajes determinados por la clase e importancia de su trabajo. Gozan de derechos sociales —laborales y de seguridad social— y, al llegar a cierta edad o incapacitarse, pasan a ser pensionistas. Sin embargo, están en una posición que es ya cualitativamente distinta de la de los obreros y simples empleados a cargo de las tareas de ejecución.

Por su dependencia económica de los titulares del capital, la mayoría de este grupo no goza todavía de independencia ideológica respecto de aquellos, incluso si en su vida universitaria profesaron ideas contestatarias del sistema. La manera de pensar y la conducta de muchos expresan los intereses y criterios de la clase capitalista que los recluta tras sopesar su calidad e ideología y, en las empresas de propietarios de raza blanca de nuestro país, que tengan los rasgos de esta o procedan de familias que poseyeron fortuna o lleven apellidos considerados distinguidos por ellos.

Sin embargo, aunque se hallan sujetos a las decisiones del gerente general o de los propietarios de la empresa, su responsabilidad por sus actos les confiere cierta independencia respecto de aquellos en cuanto deben ajustarlos a las normas legales.^[2]

Este efecto de la evolución de la estructura capitalista revela ostensiblemente que los grupos propietarios del capital se vuelven cada vez más innecesarios. Por ellos actúan los altos ejecutivos y los cuadros contratados. Más aún, estos tienen a su cargo la gestión del capital procedente de los diferentes estamentos de trabajadores por la vía del ahorro y de los fondos de pensiones, cuya magnitud crece en relación al capital de los propietarios de las empresas. Si se considera que el capital empresarial procede en altos porcentajes de préstamos bancarios, cuya fuente son los depósitos del público, de los fondos de pensiones y otros y de préstamos en bienes, resulta que la titularidad de las empresas por los capitalistas, que aportan un reducido porcentaje del capital, se asienta sobre una pequeña pero omnipotente base legal, en contradicción con el hecho real de que la mayor parte del capital y su administración les son ajenos.

En el Estado

En el aparato estatal, la categoría profesional de trabajadores se divide en dos grupos: el personal administrativo y el cuerpo de dirección política, conjunto al que se podría denominar estrato profesional burocrático.

El primero lo integran los funcionarios y empleados a cargo de las tareas concernientes al servicio público que el Estado ha asumido desde su concepción como una gran entidad constituida por delegación de los ciudadanos. Su labor se plasma en el ejercicio del poder de dirección con diverso alcance. Son en su mayor parte profesionales, bajo contratación laboral como sus homólogos de las empresas privadas.^[3]

El otro grupo de esta categoría se halla formado por el personal elegido por la ciudadanía cada cierto tiempo —presidente y vicepresidentes de la República, representantes en el Congreso de la República o parlamentarios, y miembros de los gobiernos regionales y municipales— y por el nombrado por estos para la ejecución de las tareas de dirección y de confianza en su entorno inmediato: ministros y altos funcionarios.^[4]

No hay, sin embargo, normas que obliguen al personal elegido a tener un título profesional universitario. Pero, de hecho, esa titulación es un requisito impuesto por la costumbre para calificar ante los electores.

El estrato profesional burocrático, cuya aparición y desarrollo responden a la evolución de las superestructuras política y jurídica, se ha convertido en una fuerza subordinante de la sociedad: por su poder normativo, sus facultades para hacer cumplir las normas, su obligación de prestar los servicios públicos entre los cuales se halla la misma dirección del Estado, y por el uso exclusivo de la coerción. Pero, a diferencia de la categoría profesional de las empresas privadas, en las que el máximo poder es retenido por los propietarios del capital, la categoría profesional burocrática tiende a independizarse del poder económico privado en grados diversos, puesto que su calidad de agentes del Estado no procede formalmente del nombramiento por los empresarios.

La independencia en la adopción de sus decisiones se acentúa o reduce según sus motivaciones personales, la fuerza y la aceptación general de la superestructura legal, su origen personal y social, la influencia directa e indirecta de los empresarios sobre ellos, su formación general y universitaria, su ideología, su sindéresis si la tienen, y su vinculación con determinados sectores de la población a los que deben su presencia en el Estado.

Hay funcionarios administrativos y jueces que cumplen sus funciones según la ley y la ética admitida por la sociedad. Pero los hay también que no lo hacen para favorecer a algún grupo o persona y desfavorecer o dañar a otros, o por ignorancia, arbitrariedad malévola o la percepción de cohechos. El mayor nivel de degeneración en este aspecto es la vocación de ciertos partidos políticos para preparar a sus militantes en las técnicas de la corrupción y filtrarlos a las instituciones estatales, utilizando los canales creados por la necesidad de una concurrencia democrática.

^[1] El texto que sigue es un extracto del capítulo V de mi libro El capitalismo: una historia en marcha… hacia otra etapa, Lima, 2018.

^[2] Su dependencia del capital llevó a los cuadros europeos a organizarse en sindicatos y centrales propios. En Francia, se reunieron en la Confederación General de Cuadros desde octubre de 1944. Les siguieron los cuadros de Alemania (ULA) y de Italia (CIDA) y luego de otros países. Constituyeron luego la Confederación Europea de Cuadros.

^[3] Su origen se remonta a la creación del Civil Service Británico a mediados del siglo XIX como un cuerpo profesional estable de funcionarios de la administración pública luego de que el capitalismo advirtiera que el Estado debía procurarle funciones públicas eficientes para contribuir a su desarrollo.

^[4] Gaetano Mosca (1858-1941) se refirió a la existencia de una “clase política” a la que definió como una elite que gobierna en todos los tiempos y tiende a perennizarse, por cuanto en toda sociedad deben haber dirigentes y dirigidos. Nada nuevo, salvo la denominación. Ya Aristóteles en La Política había dicho: “Ha sido la naturaleza la que ha creado ciertos seres para dirigir y otros para obedecer”. (Libro I, cap. I). El grupo dirigente, que para Mosca podría ser un conglomerado improvisado, no es, sin embargo, una clase social imbricada en las estructuras económicas como parte constitutiva de estas, ni ofrece características intrínsecas que la definan, salvo el hecho de que está en el gobierno.

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Mucho se ha debatido en las últimas semanas sobre la constitución de 1993 y eso es muy bueno, porque de esa manera vamos al fondo de las cosas. Lo hemos dicho varias veces, la carta de 1993 es la síntesis del programa neoliberal que se ha aplicado en el Perú en los últimos treinta años y nos ha llevado donde estamos en la actualidad: en una crisis de régimen político sin salida a la vista. Esta carta es la que ha permitido que el 75% de los peruanos no tengan un trabajo con derechos, mientras un puñado —de peruanos y también extranjeros, personas y empresas— han hecho mucho, muchísimo dinero.

Diversos comentaristas, varios de ellos analistas de izquierda, señalan que el eje del debate es el capítulo económico de esa constitución que los arriba señalados quieren defender con sus aportes. Creo que más que el eje es el punto de partida, tal como lo veremos en las siguientes líneas. Efectivamente, dicho capítulo económico sacraliza el carácter casi absoluto del derecho a la propiedad privada con lo que establece la piedra angular para la defensa sin restricciones de la misma. Analistas de derecha como Rosa María Palacios venden esta defensa del derecho de propiedad al revés de lo que es, como una defensa del pequeño y mediano propietario, cuando sabemos que la dinámica del capitalismo y más de un capitalismo agudamente dependiente como el nuestro, apunta a lo contrario: la concentración de la propiedad en pocas manos. En otras palabras el fortalecimiento de la gran propiedad, en este caso defendida por el capítulo económico de la carta de 1993.

Por supuesto, en el mismo sentido, nos trae otras perlas como la tan mentada inviolabilidad de los contratos. Es decir, que un contrato entre dos partes es ley, no solo entre las mismas, sino para toda la sociedad y para siempre. No puede ser cambiada ni por una ley de la república. Semejante despropósito, claro está, no existe en ninguna otra parte. Nos han vendido el asunto de la misma forma que el anterior, que es para protegernos de los vivos que andan sueltos y quieren sorprender al pequeño propietario, cambiando contratos de alquiler o semejantes para quedarse con su propiedad. Falso. Lo han hecho para proteger a los grandes inversionistas internacionales que suelen imponer contratos leoninos al Estado peruano y solo permiten su modificatoria cuando les conviene. En otras palabras, lo que buscan es sustraer esos grandes contratos de inversión de la soberanía popular expresada en nuestras instituciones políticas como es el caso del Congreso de la República. Aprovechan el desprestigio de la política y en especial del Congreso para que los grandazos estafen al país amedrentándonos con la fuerza del dinero. Aunque no lo crea,  en cualquier parte las leyes que dan los parlamentos está por encima de los contratos, en el Perú no.
Esto no quiere decir que en una sociedad democrática no deba haber derecho a la propiedad privada, de ninguna manera. Pero este debe ser regulado de acuerdo al interés público y social, para que la sociedad no se convierta en una jungla en la que cada cual solo vela por lo suyo sin importarle lo demás. Asimismo, la propiedad privada no es la único forma de propiedad, también existen la propiedad pública y la propiedad social en variantes diversas, las que articuladas con la propiedad privada sirven al desarrollo del conjunto y evitan el dominio de minorías.

Y siguen las perlas, pero no queremos aburrirlos. El caso es que este capítulo económico que se proyecta a toda la constitución de 1993 lo que hace es expresar los intereses de un grupo social en particular: los grandes propietarios. Este es el eje de la carta de 1993. No estamos ante una constitución que busque expresar intereses mayoritarios, sino los intereses de una muy pequeña minoría, que ha logrado durante los últimos treinta años pasarnos gato por liebre. 

En otro artículo señalaba que una constitución no es otra cosa que la expresión del poder en una sociedad. La constitución de 1993 entonces es la expresión del poder de los grandes propietarios. En este sentido, no es una constitución ciudadana, porque la ciudadanía supondría que todos, aunque sea formalmente, fuéramos iguales ante la ley y este no es el caso con la carta aludida. ¿De qué se trata entonces? De una constitución pre moderna en la que se señala de manera explícita, más allá de los disimulos aludidos, que los menos están sobre los más. Es decir, de una dictadura social de los grandes propietarios sobre los demás.

Ahora bien, esta dictadura social se expresa en la política en una democracia limitada, no solo basada, como lo hemos dicho tantas veces, en la criminalización de la protesta y en el bloqueo de las alternativas populares sino también en el abrumador, diferente peso político, de cada quien a la hora de las elecciones. Por ejemplo, tomando solo a Romero: 3.65 millones de votos vs la persona común y corriente: un voto.

El cambio de la constitución de 1993 es entonces una cuestión urgente. En primer lugar para avanzar en terminar con la dictadura de clase de los grandes propietarios. Una  república democrática debe basarse en el poder ciudadano, donde todos somos iguales ante la ley. Esta promesa de igualdad social es la que debe guiar nuestros esfuerzos para construir una democracia política, una nueva república, alejada de los encomenderos, los gamonales y los caudillos, así como de los grandes propietarios que se parecen a los anteriores.

No se trata solo del capítulo económico sino de su proyección en el conjunto de la carta de 1993, que borra la igualdad social y la reemplaza por la dictadura de clase. Esa es la cuestión  y su cambio la tarea a acometer para que tengamos una democracia, sin apellidos como le gusta a los liberales.

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Pero desde la llegada de Donald Trump, este combate se ha trasladado también al campo geopolítico con la clara intención de sumar “aliados” que le permitan el acceso a sus recursos naturales (tanto viejos como nuevos), al mismo tiempo que le impiden a China consolidar los avances importantes en el campo del comercio y de las inversiones que ha realizado en Asia, África y América Latina, en gran medida, aunque no únicamente, en recursos naturales.

Es con ese objetivo que en junio se lanzó la Iniciativa para la Gobernanza de los Recursos Energéticos (ERGI, en inglés). Los miembros fundadores fueron Australia, Botswana, Perú y EEUU. Su objetivo declarado es mejorar la gobernanza de los recursos naturales, compartir las mejores prácticas y fomentar la igualdad de condiciones competitivas entre los países.

Pero la cosa va más allá de los clichés diplomáticos. Veamos lo que dijo Mike Pompeo, Secretario de Estado de EEUU en setiembre pasado en una reunión a la cual asistieron los nuevos miembros del ERGI: Argentina, Brasil, Namibia, República Democrática del Congo, Filipinas y Zambia.

“Estamos orgullosos de reunir a este grupo. El trabajo que estamos haciendo es absolutamente esencial para garantizar un suministro de energía seguro y confiable para cada nación. He aquí por qué: a medida que la clase media mundial se expande, la demanda de tecnologías intensivas en minerales aumenta. La energía eólica y solar requieren 6 veces la cantidad de cobre que la energía generada por el carbón. Un auto eléctrico típico necesitará alrededor de 4 veces más cobre que uno a gasolina” (1). 

Ajá. Agreguemos que el litio es el insumo clave para las baterías de los autos eléctricos. Y que en América del Sur está el “triángulo del litio” en Argentina, Bolivia y Chile, con las mayores reservas mundiales. De los 14 millones de toneladas de reservas (según el United States Geological Survey de EEUU), Argentina y Chile (Salar de Atacama) tienen 2 y 8 millones, el 71% del total (2). 

Esta cifra no incluye a Bolivia pues aún no ha comenzado la producción. Pero Bolivia, según el USGS (3), tiene 9 millones de toneladas de recursos, que se convertirán en reservas cuando se hagan las inversiones y la producción comience. Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó este año un contrato con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para constituir una empresa mixta para industrializar las reservas de litio de los salares de Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro).

¿Cómo queda esto después del golpe? Dice la actual canciller Karen Longaric:  “Corresponde fortalecer las relaciones con China pero también reconducirlas, redireccionarlas y velar por los intereses del país protegiendo los recursos naturales” (Ver, https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/12/09/cual-es-el-fut…). Ya. 

Sigamos con Pompeo: “Entonces, la pregunta es, ¿de dónde y cómo obtendremos los minerales que necesitamos? La mayoría proviene de un pequeño número de países vulnerables a la inestabilidad política, que tienen desafíos de gobernanza e influencia maligna de los actores extranjeros. Queremos asegurarnos de que estos importantes recursos permanezcan libres de coerción y control internacional. Queremos trabajar con ustedes para promover una buena gobernanza del sector minero y garantizar que las cadenas de suministro permanezcan abiertas y capaces de satisfacer de manera responsable la demanda en todo el mundo por muchas décadas” (subrayados nuestros). 

Muy claro. Y fue en esa dirección que Pompeo criticó al Presidente Piñera en abril: Dijo: “China tiene actividades comerciales que están conectadas con un objetivo de robar propiedad intelectual y desarrollos tecnológicos”, aseguró Pompeo, quien también se refirió a la posible visita del presidente chileno a Huawei, su principal rival en tecnología de red 5G, con la que Piñera espera realizar un proyecto en el sur del país”. El canciller chileno Roberto Ampuero respondió: «A Chile nadie lo pautea, eso es muy claro. Chile escucha, atiende, dialoga con los países, y toma después sus decisiones, y esa es la posición del Presidente Piñera. Lo segundo es que nunca ha estado dentro del programa del Presidente la visita al centro de Huawei” (ver https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/pinera-tambien-salio-rega…).

Pero no hay solo la iniciativa ERGI. En febrero del 2018 el gobierno de EEUU lanzó “América Crece”, cuyos miembros iniciales fueron EEUU, Argentina, Jamaica, Chile y Panamá. Pero va a ir más lejos pues EEUU plantea que sean 30 miembros, exceptuando a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mañana martes 17 habrá una reunión en la Casa Blanca donde van a asistir los miembros iniciales más El Salvador, Honduras y Guatemala, así como Perú y Brasil. 

¿Qué quiere América Crece? Oficialmente, dice EEUU: “Es una iniciativa de crecimiento económico, en la cual se tratará de involucrar al sector privado, tanto de EEUU como de la subregión, en la cual incluirán garantías de préstamos, asistencia técnica y otras ayudas”. 

La cosa está bien avanzada con Perú y en cualquier momento se va a firmar el Memorandum con EEUU. Durante su visita a Lima en agosto, el Secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross dijo: “El Perú tiene un Plan Nacional de Infraestructura de US$ 30,000 millones, que consiste en una alianza público privada (APP), que es bastante bien pensada. El concepto que el gobierno peruano ahora tiene es el acuerdo gobierno a gobierno. Nosotros pensamos que si logramos ejecutarlo nos va a abrir un buen camino a satisfacer esta necesidad” (Gestión, 08/08/2019). Cómo ya no están las brasileñas debido a la corrupción, alguien tiene que llenar ese vacío. ¿Por qué no las empresas de EEUU con las APP?

También “América Crece” entra en la batalla. Eso dijo Cecilia Galarreta, Directora de América del Norte del Ministerio de RREE del Perú: “Está el interés del gobierno del Presidente Trump de balancear un poco esta influencia china en la Región, dijo Galarreta” (EEUU cerca de firmar acuerdo con Perú dentro del programa “América Crece”, Gestión, 05/12/19). Una pregunta: ¿al Perú lo pautean? Responda el lector.

Para terminar, en este nuevo momento de la geopolítica mundial, pareciera que se tiene “que tomar partido”, ya sea por China o EEUU. Falso dilema. El Perú, como otros países de la Región, tiene una balanza comercial con múltiples actores importantes: China, EEUU, Unión Europea y países de América Latina. Lo mismo sucede con la inversión extranjera. 

Por tanto, lo que está a la orden del día es mantener relaciones equilibradas con todos los actores, al mismo tiempo que se busca fortalecer los lazos con otros países de la Región para tener una posición común, lo que, con seguridad no se puede hacer dentro de la OEA. 

Al mismo tiempo, es clave avanzar hacia la comprensión que no sería cierto que aquí hay una batalla bipolar, que solo se da “entre dos rivales”. En reciente artículo, Rafael Roncagliolo nos dice: “Más aún, es obvio que en el siglo XXI estamos transitando a un orden que ya no será el de la era multipolar ni el de la era bipolar ni el del breve momento unipolar, sino una situación nueva, en la que se entremezclan escenarios globales y regionales junto con hegemonías diferenciadas (militar, económica, política, de legitimidad). Todo funciona como tableros cruzados de lo que el profesor canadiense de origen indio, Amitar Acharya, ha llamado un “mundo multiplex” (La República, 14/12/2019). 

Dicho de otra manera: los huevos estarían repartidos en diferentes canastas. La discusión está abierta.

(1) Ver https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-the-department-of-st…).

(2) La empresa chilena SQM es una de las mayores productoras de litio del mundo. En diciembre del 2018 la empresa china Tianqi compró el 23% de sus acciones.

(3) Ver: https://www.usgs.gov/centers/nmic/lithium-statistics-and-information

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Con este vasto e incierto significado les es muy útil a los opinólogos de los medios de comunicación para explicar el resultado de las elecciones políticas: por ejemplo, informando que ganó la derecha o que ganó la izquierda (dos términos inventados para explicar la posición de los partidos políticos) porque la clase media voto en su mayor parte por una u otra opción.

Antes de la Revolución de 1789, la sociedad francesa había sido dividida en tres estamentos o capas sociales: la nobleza, el clero y el pueblo o Estado Llano. Se era noble por sucesión hereditaria, designación por el rey, compra de un título nobiliario y matrimonio en ciertos casos. El clero estaba compuesto por hijos de familias de nobles y, para los grados subalternos de las órdenes religiosas y curas de parroquia, por gentes del Estado Llano. Esta clasificación se generalizó en Europa.

En América Hispana, el Consejo de Indias hizo establecer además una clasificación legal de la población por castas, basada en la pureza de la sangre y las razas. En el nivel más elevado se colocó a los españoles nacidos en España, seguían los españoles nacidos en América, luego los mestizos hijos de un español y una india y así sucesivamente, según la raza de cada progenitor. En los niveles más bajos estaban los indios (siervos y de comunidades) y negros (esclavos). Sólo los españoles tenían derecho a educarse, ser parte del entorno de los virreyes y ejercer las profesiones universitarias.

Cuando San Martín estuvo en el Perú, desde 1820 hasta 1822, abolió este sistema de estamentos y castas. Pero, como había sucedido también en Europa luego de las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, persistió en la mente de las gentes. Las castas blancas y blancoides continuaron considerándose de alta posición y titulares exclusivas de la riqueza, la educación y la política, y las castas mestizas y otras siguieron destinadas al trabajo, la discriminación y el desprecio de aquellas.

La expresión clase media se decantó en la primera mitad del siglo XIX en Europa cuando entre las clases altas (las de mayor riqueza o con ínfulas nobiliarias) y las clases bajas (las que tenían que trabajar y eran pobres en grado diverso) se señalaba a varios grupos intermedios en riqueza y posición social.

Era evidente que esta división sólo servía para designar la existencia de estos grupos y justificar los privilegios de las clases altas. Y para nada más.

Carlos Marx cambió totalmente esta manera de ver a la sociedad.

Si esta se halla en permanente evolución, como todo lo que existe —dijo—, para determinar su manera de cambiar es preciso hallar en ella los términos de la oposición dialéctica que generan su movimiento interior: la tesis y la antítesis. Los encontró en la actividad productiva de los bienes que son necesarios para la vida de los seres humanos, a la que denominó estructura económica. Esta estructura se halla integrada por dos elementos o términos: las relaciones de producción que se establecen entre la clase propietaria de los medios de producción y la clase que no posee estos medios y tiene que trabajar para aquella, relaciones que tienden a reproducirse como son; y las fuerzas productivas de las que son parte también los trabajadores y que cambian sin cesar. Ambas clases sociales constituyen una unidad, pero, al mismo tiempo, se oponen. Su enfrentamiento perenne, manifestada como lucha de clases, es la manera como la estructura evoluciona. El desenlace de esta lucha es necesariamente el cambio de la sociedad y la aparición de una nueva estructura que, evidentemente, no permanece estática, puesto que sus nuevos términos se enfrentarán, a su vez.

Junto a la estructura de la sociedad capitalista, hay, además, otras clases sociales como restos de las estructuras pasadas, o como grupos constituidos a partir de ellas. Marx las denominó clases medias. Eran los pequeños industriales y comerciantes, los rentistas, los artesanos y los campesinos independientes. A los que ejercían sus actividades en las ciudades se les designó también como pequeños burgueses. Sus caracteres eran: tenían la propiedad de los medios de producción o disponían de un capital; empleaban fuerza de trabajo asalariada, se apropiaban del valor creado por el trabajo de esta; trataban de asemejarse culturalmente a los grandes capitalistas; y eran aliados de estos en cuanto al mantenimiento y reforzamiento de la explotación de sus trabajadores y, al contrario, sus enemigos en cuanto los desplazaban y aniquilaban por la competencia.

Esta clasificación de las clases sociales en la sociedad capitalista continúa en vigencia, puesto que expresa la conformación de esta y de su estructura económica, y se ha sobrepuesto a las tentativas de distorsionarla o ignorarla.

En cada país hay, sin embargo, ciertas variaciones de ella en atención a la evolución de sus estructuras pasadas y a ciertos rasgos superestructurales propios.

En el nuestro, el desarrollo del capitalismo, por impulso de las inversiones extranjeras, la creación de algunas empresas nacionales, la parasitación del Estado, la corrupción, la descomposición de la propiedad agraria y el crecimiento de los mercados externo e interno, fue modelado también por la residual estratificación de la sociedad en castas heredada de la dominación hispánica. De este modo, las empresas capitalistas pasaron a ser el patrimonio casi exclusivo de la supérstite casta blanca, revitalizada por la asimilación matrimonial de inmigrantes blancos llegados como comerciantes, empleados y obreros de las firmas extranjeras o buscadores de fortuna.

Al lado de estas empresas, fueron apareciendo grupos de pequeños burgueses en las ciudades y en los poblados de la Sierra por la división hereditaria de la propiedad en aplicación del Código Civil de 1852, la competencia ruinosa de ciertas empresas extranjeras y oligárquicas, el desgano para modernizarse y progresar, la molicie, etc. Estos pequeños burgueses, blancos y mestizos muy blancos, reproducían los hábitos y la soberbia de las familias coloniales de las que descendían y compartían con sus parientes ricos el desprecio por los indios, mestizos y negros.

Desde fines del siglo XIX, una parte de los varones de este grupo se incorporó como empleados en las empresas y la burocracia estatal, civil y militar, gracias a las recomendaciones de sus parientes y amigos con influencia; otra parte llegó a la universidad en la que algunos se titularon para instalarse luego como profesionales independientes y tratar de hacer carrera en la política; otra, la mayor, se estableció como pequeños empresarios, sobre todo en el comercio, estimulados por el mercado que crecía y por sus vinculaciones de familia con los grandes empresarios.

Es a este grupo al que se comenzó a denominar clase media desde comienzos del siglo XX. Bastaba ser blanco o blancoide o portar un apellido de raigambre virreinal o extranjero para quedar incorporado en sus filas. Los cholos, mestizos e indios, y quienes tenían rasgos negroides no podían ser parte de esta pretendida clase.

Los nacientes partidos políticos de esa época reclutaron a sus dirigentes en ella, en particular Haya de la Torre que hizo de la clase media la razón de ser y el núcleo de su movimiento.

Luego la noción de clase media se fue desdibujando. Para ciertas interpretaciones sociológicas engloba a todo el que posee ingresos de cierto monto, como quiera que sea que los obtenga, sin dejar de lado los rasgos raciales de sus componentes.

Obviamente, esta manera de verla carece de toda significación en la dinámica de la evolución social y es, por lo tanto, falsa.

La economía continúa manifestándose como una estructura integrada por relaciones de producción y fuerzas productivas, y como la unidad de las clases sociales capitalista y trabajadoras.

La pequeña burguesía o clase media no ha dejado de ser un grupo capitalista con ingresos extraídos del trabajo de sus empleados y obreros. En la reciente nomenclatura legal es poseedora de las micro y pequeñas empresas con un máximo de 50 trabajadores, es muy numerosa y tiende a residir en ciertos barrios de composición racial preferentemente blanca, no obstante que va conformándose en mayor número por personas de tez más oscura. Su enriquecimiento y satisfacción son evidentes por el régimen laboral disminuido de sus trabajadores y el momento de bonanza del mercado. Correlativamente, sus preferencias políticas se orientan, en su mayor parte, hacia los partidos tradicionales y de aventureros, prescindiendo de examinar la catadura moral de estos, puesto que estiman que los mantendrán en la posición económica que tienen.

Esta pequeña burguesía o clase media es distinta: del grupo de trabajadores independientes que efectúan por sí mismos el trabajo; de los trabajadores profesionales dependientes de la empresa privada y del Estado que obtienen sus ingresos por su trabajo; y de los jubilados que son una subclase laboral ya fuera del trabajo.

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