El alto nivel de informalidad en el Perú ha empoderado a diversos actores económicos que operan entre los márgenes de la ley y fuera de esta. Ya sean mineros informales en la sierra sur del Perú, traficantes de madera en la selva norte, dueños de comercios, hostales o casinos; la ilegalidad, la evasión tributaria[2] y el lavado de dinero[3] son actividades cotidianas en el Perú. No es posible que un sector económico tan grande no busque una representación política que mantenga neutralidad frente a sus actividades (en el peor de los casos) o que los promueva directamente (en el mejor). Si bien Fuerza Popular no es el único partido político peruano en donde la infiltración de la ilegalidad es notoria, bastaría una búsqueda simple en Google de los historiales de los diversos candidatos al Congreso, alcaldías o gobernaciones propuestos por Keiko para ver una lista interminable de delitos[4]: narcotraficantes, proxenetas, sicarios, taladores ilegales u otros, todos muy bien protegidos por una red de abogados, jueces y fiscales expertos en Derecho Penal[5]. Debido en parte a su discurso ideológico de ‘capitalismo popular’[6], pero principalmente debido a su necesidad de obtener financiamiento inmediato para sus diversas campañas, el Fujimorismo siempre ha recurrido a buscar a personajes cuestionados como compañeros de ruta. Es importante señalar que si bien estos sectores no se identifican con ningún color o ideología política específica (de hecho, tienen vínculos todos los partidos políticos del país), son un factor desestabilizador de cualquier intento del Estado Peruano por recuperar capacidades de regulación o de implementación de políticas públicas, y en ese sentido, juegan a favor del statu quo hegemónico de ‘gobernanza sin gobierno’ del que hablábamos en la primera parte de este ensayo, lo que los hace indispensables en cualquier fórmula política conservadora[7]. Al perder su principal representación política, es lógico pensar que estos sectores jugarán un rol importante en las elecciones de 2021.

De los diversos sectores que componen la coalición fujimorista, es el movimiento cristiano evangélico el más activo e ideologizado (a diferencia de otros sectores, menos militantes y más de carácter mercenario, que sólo se movilizan si les pagan con dinero en efectivo o víveres). Los evangélicos cumplieron un rol importante para la primera victoria electoral de Alberto Fujimori; sin embargo, éste se desharía de ellos poco después al asumir la agenda de ‘planificación familiar’ que diversas ONG’s nacionales y extranjeras implementaron en el Perú durante la década de los 90s[8]. Keiko se alejaría de estas propuestas durante sus campañas del 2011 y 2016, buscando el apoyo de grupos conservadores católicos (como el Opus Dei) y del movimiento cristiano evangélico. La influencia de los evangélicos ha sido clave no sólo durante la campaña, sino que ha inspirado diversas propuestas legislativas del partido Fuerza Popular, incluida la censura del Ministro de Educación Jaime Saavedra por motivo de la inclusión del enfoque de género en la currícula escolar. Es el movimiento evangélico el que ha promovido campañas ‘pro-vida’ y ‘pro-familia’ como las de #ConMisHijosNoTeMetas contra la reforma del enfoque de género en las escuelas, la oposición a la despenalización del aborto en casos de violación y a la protección de las comunidades LGTB[9]; siendo el Fujimorismo de Keiko su principal vehículo electoral. En 2011 el pastor cubano Rodolfo Gonzáles hizo campaña abierta a favor de Keiko en canal Bethel (de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial), señalándola como ‘una mujer de Dios’[10]; mientras que en la campaña de 2016 Keiko se alinearía con el discurso ‘pro-familia’. Debido a que en el fondo Keiko no cree en este tipo de conservadurismo[11], ha mantenido un silencio neutral frente a las cada vez más masivas manifestaciones del movimiento #ConMisHijosNoTeMetas en 2017 y 2018. Y dado que estos grupos castigan la ‘tibieza’ entre sus seguidores, algunos de sus más duros defensores (como el periodista Phillip Butters) también han salido a responsabilizarla[12] de la supuesta ‘crisis moral’ que vive el país a causa del supuesto avance del ‘marxismo cultural’ y de la ‘ideología de género’ que el gobierno intentaría imponer a través de sus políticas educativas.

En la siguiente y última parte de este ensayo analizaremos qué ruta tomarán estos grupos de manera posterior al encarcelamiento preventivo de Keiko y a la progresiva desintegración de Fuerza Popular.

(*) Licenciado en Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Erasmus Mundus Master of Arts in Public Policy, Erasmus University Rotterdam / University of York. Investigador Asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos (Lima), Profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) y coordinador para América Latina de la International Association for Political Science Students (Holanda).

[1] https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/785/page/Elecciones-Regionales-y-Municipales-2018

[2] “Perú perdería S/. 66, 000 millones de mantenerse niveles de evasión tributaria en 2018” https://gestion.pe/economia/peru-perderia-s-66-mil-millones-mantenerse-niveles-evasion-tributaria-2018-243614

[3] “[…] El número total de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero (ROS) recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sumó 11,389 al cierre del 2017, con lo cual su crecimiento anual promedio en los últimos cuatro años fue de 30%”. https://gestion.pe/economia/disparan-operaciones-sospechosas-lavado-dinero-reportadas-bancos-235541

[4]https://rpp.pe/politica/elecciones/fuerza-popular-incluyo-sentenciados-y-procesados-en-su-lista-al-congreso-noticia-932123

[5] Algunos de estos vínculos se reflejaron en el escándalo de los ‘CNM Audios’ y la infiltración fujimorista en el sistema de justicia peruano sigue siendo tema de discusión: https://larepublica.pe/politica/1278324-audios-cnm-fujimorismo-controlo-cnm-fiscalia-judicial

[6]http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/188030-elmer-cuba-ppk-es-mas-capitalismo-corporativo-y-keiko-es-mas-capitalismo-popular/

[7] Quizás el mayor ejemplo de esto sería el del conflicto entre la ex Alcaldesa de Lima, Susana Villarán y Marco Tulio Gutiérrez, promotor de su intento de revocatoria en 2012: https://rpp.pe/politica/actualidad/grupos-se-unen-en-un-solo-frente-para-revocar-a-susana-villaran-noticia-437466

[8] Un tema controversial hasta la fecha ha sido el del rol del movimiento feminista en el programa de esterilizaciones forzadas propuesto por Fujimori con el objetivo de ‘reducir la pobreza’ apuntando a reducir a la población pobre, principalmente en las zonas altoandinas del país: http://www.limagris.com/la-mesa-tripartita-ongs-feministas-y-esterilizaciones-forzadas/

[9] Esta convergencia entre Keiko y el conservadurismo cristiano ha estado basada exclusivamente en la mutua conveniencia, dado que la misma Keiko intentó en el pasado desmarcarse de este discurso durante su presentación en la Universidad de Harvard en 2015, donde rechazó las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de su padre a la vez que apoyaba la unión civil gay y el aborto en casos de violación; lo que le generó conflictos con los principales líderes de su partido, así como la renuncia de uno de sus más férreos defensores, el pastor Julio Rosas. Esto la obligó a dar marcha atrás en su intento por ‘aggiornarse’ y volver a sus posturas tradicionales.

[10] https://www.youtube.com/watch?v=YFTUKvPfgvA

[11] https://www.youtube.com/watch?v=Be2VcG0CJGI

[12] https://www.youtube.com/watch?v=CxT49kCGq8g

The post Perú: la ruta del conservadurismo hacia las elecciones del 2021 (parte III) appeared first on El Buho.

Por supuesto, al ya no ser Keiko indispensable, surgirían nuevos conflictos dentro del bloque hegemónico. Pedro Pablo Kuczynski ganó la segunda vuelta del 2016 casi contra su voluntad; con una campaña gris y mediocre, con pequeños gestos en contra de ‘la dictadura’ y ‘el autoritarismo’ y con pequeños guiños hacia la izquierda que le aseguraron el apoyo del sector de izquierda liderado por Verónika Mendoza (a quien unas semanas antes el mismo Kuczynski dijo que ‘era una media roja que nunca había hecho nada en su perra vida’[7]). Quien en 2011 afirmó que Alberto Fujimori fue el mejor presidente de la historia del Perú en el mitin de cierre de Keiko[8], se vio en la ‘penosa’ obligación de marcar ciertas diferencias con su contendora[9] que le permitieran ganar por un margen muy estrecho. Keiko nunca terminaría de asumir su segunda derrota consecutiva y terminaría culpando a sus antiguos aliados, especialmente a los medios del Grupo El Comercio, que durante la segunda vuelta de 2016 dejaron de hacerse de la vista gorda sobre los diversos temas de corrupción y vínculos con el narcotráfico[10] que pesaban sobre ella. Posteriormente, conforme las investigaciones sobre el caso Lava Jato empezaban a vincularla, Keiko también se terminaría peleando con la empresa Graña y Montero, una de las principales socias de las actividades de Odebrecht en el Perú y también parte del Grupo El Comercio. El conflicto entre Keiko y este poderoso grupo empresarial se llevaría también a la arena parlamentaria, en donde la bancada de Fuerza Popular propondría leyes que impedían que empresas socias de empresas condenadas (como Odebrecht) pudieran contratar con el Estado[11]; u otras, como la llamada ‘ley mordaza’ que ponía límites al gasto público en publicidad estatal en medios de comunicación privados. Ambas acciones, que posteriormente fueron repelidas, tenían un objetivo político bastante específico y obvio.

La pérdida del apoyo de los medios fue clave para la caída de Keiko. El 31 de octubre de 2018, el Juez Richard Concepción Carhuancho dictaría 36 meses de prisión preventiva contra Keiko bajo los cargos de pertenecer a una organización criminal que habría lavado un millón de dólares donados por Odebrecht para su campaña del 2011. Con Keiko en la cárcel no pasaría mucho tiempo hasta las renuncias masivas dentro de su partido, y de la búsqueda de una nueva identidad política por parte de los diversos sectores conservadores que lo conformaban.(*) Licenciado en Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Erasmus Mundus Master of Arts in Public Policy, Erasmus University Rotterdam / University of York. Investigador Asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos (Lima), Profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) y coordinador para América Latina de la International Association for Polit

[1] https://www.youtube.com/watch?v=GizHX_TcAhk

[2] Basta recordar que desde que Alberto Fujimori postuló a la Presidencia en 1990, la estrategia fujimorista siempre había consistido en crear ‘partidos cascarón’, incluso algunos en competencia paralela, con frecuentes cambios de nombre. El Cambio 90 de Alberto Fujimori posteriormente se llamaría Cambio 95 y luego Perú 2000. Mientras que el partido de Keiko Fujimori se llamaría primero Alianza por el Futuro (llevando como candidata a Martha Chávez en las elecciones de 2006) y luego Fuerza 2011 antes de cambiar su nombre oficial a Fuerza Popular.

[3] https://www.youtube.com/watch?v=mCiMgxTzUtM

[4] En agosto del año pasado, el mismo Bayly aceptaría que recibió US$ 80,000 por la producción de cinco programas durante la segunda vuelta del 2011: https://larepublica.pe/politica/1292903-ollanta-humala-jaime-bayly-confeso-recibio-80-mil-dolares-realizar-programas-candidatura-video

[5]  http://diariouno.pe/la-traicion-de-la-gran-transformacion/

[6] Como dijimos anteriormente, esta era la consolidación del ‘extremo centro’ del que hablaba Tariq Ali: https://www.ft.com/content/140cb908-b3a7-11e4-9449-00144feab7de

[7] https://www.youtube.com/watch?v=5wq2BLr9Ewo

[8] https://www.youtube.com/watch?v=00gjtLD4RsA

[9] “No más Grupo Colina, no más esterilizaciones forzadas”, dijo Kuczynski 5 años después de darle el apoyo total a Keiko en 2011. https://www.youtube.com/watch?v=ASUfhiRxmP8

[10] Uno de los principales financistas de Keiko, Joaquín Ramírez, sería acusado de lavado de dinero por la DEA, y todos los medios peruanos informaron abundantemente sobre el tema; algo que seguramente no hubiera ocurrido en la campaña del 2011: https://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-fujimori-jamas-entregue-dinero-joaquin-ramirez-395940

[11]  Incluso una gerente de Graña y Montero publicaría una ‘carta a Keiko’ en donde manifestaba su ‘decepción’ por las propuestas legislativas de Fuerza Popular: https://larepublica.pe/politica/1144325-gerente-de-grana-y-montero-expresa-su-decepcion-por-keiko-fujimori-por-proyecto-fujimorista

The post Perú: la ruta del conservadurismo hacia el 2021 (parte II) appeared first on El Buho.

Para entender la consolidación de la derecha como propuesta político-electoral en el Perú, debemos entender algunos hechos. En primer lugar, el paradigma que domina la economía peruana es el mismo que ha venido siendo implementado (con matices menores entre gobierno y gobierno) desde 1990. En su período de gobierno de 2011 y 2016, Ollanta Humala jamás generó algún tipo de cambio de paradigma en el manejo del Estado más allá del aumento de la inversión en algunos programas sociales, educación, salud y defensa, por lo que no puede considerársele como parte de la ‘ola bolivariana’ de gobiernos progresistas sudamericanos de la década pasada. Este paradigma, mezcla de economía de mercado, extractivismo primario-exportador y gasto público desarticulado, ha venido consolidando una distancia cada vez mayor entre el campo político y el campo económico, de tal manera que importa cada vez menos quién administra la cosa pública, frente a un estilo de gobernanza compuesto por diversas reglas (formales e informales) que se mantienen a pesar de que cambien los grupos políticos en el gobierno. Sobre esta ‘Gobernanza sin Gobierno’, Roger Merino, profesor de la Universidad del Pacífico (Lima), apunta:

“[…] la gobernanza se desarrolla bajo premisas intocables producto de un consenso implícito en las elites políticas y económicas. Se acepta la agenda de lucha contra la violencia sexual, cuotas de género y paridad salarial, pero se excluye de la discusión al matrimonio homosexual o la despenalización del aborto. Se acepta la necesidad de “inclusión” y “tolerancia” a los pueblos indígenas, pero se excluye su derecho a dar consentimiento y al territorio integral. Se aceptan los derechos de los consumidores y la sanción de prácticas anticompetitivas, pero es impensable, por ejemplo, replantear el sistema privado de pensiones o los tratados de libre comercio. Se aplauden los negocios con China y su partido comunista, pero al mismo tiempo se exige eliminar a cualquier grupo político que aparezca con el nombre “comunista”. Estas y muchas otras reglas son aceptadas por conservadores, liberales e incluso una gran parte de la izquierda, y definen los términos de lo político, de lo que puede ser discutido, de lo que puede ser implementado. Es por ello que, paradójicamente, el poder es ejercido en realidad por esta gobernanza que gobierna con cierta autonomía del gobierno formal, el cual carece de una visión propia de país y menos de una relación de representación con los sectores sociales. De este modo, instrumentos de política claves como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional son intranscendentes, al mismo tiempo que el Estado es incapaz de comprender a cabalidad la naturaleza de los conflictos sociales, así como el desarraigo de grandes sectores de la ciudadanía frente a los sueños de las élites, como ser parte de la OECD”[1].

Este hecho es importante para entender lo difusas que son las identidades políticas en el Perú de hoy, dándose lo que Tariq Alí denomina como ‘el extremo centro’: la democracia reducida a procesos o rituales de elección de individuos que llegados al gobierno implementan el mismo tipo de políticas públicas[2].

En segundo lugar, la emergencia de nuevos sectores conservadores en la política peruana es, en buena parte, debido a la consolidación de esas políticas de ‘extremo centro’, a lo que se suman algunas particularidades propias de la realidad peruana; como la incapacidad de la izquierda peruana para reconstruirse en torno a un liderazgo unificado luego del gobierno de Ollanta Humala y el surgimiento de tendencias xenófobas nunca antes vistas debido a la migración venezolana. Sin embargo, el hecho más relevante para el conservadurismo peruano actual es el fin del pacto entre élites económicas y fujimorismo, así como su posterior ruptura interna. Keiko Fujimori fue considerada como la única y verdadera guardiana del modelo económico peruano sólo hasta el año 2011, cuando fue derrotada en las elecciones generales. El extremo centro se consolidaría ya con Humala en el gobierno, mientras las élites observaban perplejas cómo éste abdicaba de todas y cada una de sus promesas de cambio casi sin dar ningún tipo de pelea, no sólo demostrando que el miedo al ‘castrochavismo’ que impulsaban desde sus medios de comunicación era una absoluta mentira, sino además creando la conciencia cínica en la población de que el modelo económico peruano era irreversible. Quizás por eso sea Perú uno de los pocos países del mundo en los que hay tendencias al alza en la bolsa de valores y de baja en el precio del dólar luego de la renuncia de un Presidente, como efectivamente ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski en marzo del año pasado[3]. Obviamente, ¿qué importaba si el Presidente sustituto iba a ser Vizcarra, Aráoz, o que se convocaran nuevas elecciones; si lo que no pudo cambiar Ollanta ya no lo iba a cambiar nadie?

A la hegemonía total de la derecha en la política peruana, sólo podían sucederse fraccionamientos y nuevas divisiones internas, siempre dentro del consenso económico actual. Si para ganar las elecciones de 2016, Pedro Pablo Kuczynski se quiso mostrar como la alternativa ‘modernizadora’ al proyecto autoritario de Keiko Fujimori, a pesar que en esencia fueran casi lo mismo; es de esperarse que aparezcan nuevos clivajes con diversos sesgos, entre conservadores, neoliberales y autoritarios, como resultado del encarcelamiento de Keiko y de las renuncias al interior de su partido[4].

(*) Politólogo y Magíster en Políticas Públicas. Profesor de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa), Investigador Asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos (Lima) y coordinador para América Latina de la International Association for Political Science Students-IAPSS (Nijmegen, Holanda).

[1]  https://rumboeconomico.com/2016/11/01/poder-politico-en-el-peru-o-la-gobernanza-sin-gobierno-por-roger-merino/

[2] http://www.rtve.es/noticias/20151108/tariq-ali-contra-extremo-centro-democracia-esta-vacia-porque-votes-quien-votes-politicas-son-mismas/1249661.shtml

[3]      https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/martin-vizcarra-ppk-economia-pestaneo-diego-macera-noticia-508099

[4] De los 73 congresistas que Keiko Fujimori recibió en 2016, hoy sólo quedan 55. https://larepublica.pe/politica/1396896-siguen-renuncias-grupo-fuerza-popular-congreso

The post Perú: escenarios electorales del conservadurismo hacia 2021 (I) appeared first on El Buho.

Tres de los puntos del TLC que fueron cuestionados por la nueva mayoría demócrata de esa época era la relacionada con los derechos de propiedad intelectual y por supuesto, la protección del medio ambiente y de los derechos laborales. Si bien de un lado, los demócratas buscaron una flexibilización legislativa en materia de propiedad intelectual, en materia laboral y ambiental exigían estándares de protección más altos por parte del Perú. Como ha señalado Pablo de la Flor[2], si bien estos temas no formaban parte de la agenda de liberalización multilateral promovida al interior de la OMC, es cierto que los Estados Unidos han venido promoviendo estos aspectos dentro de su política comercial para evitar una dinámica de ‘carrera hacia el fondo’ (‘race to the bottom’)[3] con sus socios más pequeños, como Perú, que por lo general priorizan la atracción de inversiones extranjeras por encima de otras consideraciones de carácter social o medioambiental.

Para poder blindar el cumplimiento de estos acuerdos, las posteriores enmiendas al TLC permitieron que en el marco del mismo se pudiesen generar controversias en las cuales existiera la opción de suspender los beneficios del tratado si es que se veía que una de las partes dejaba de cumplir con sus compromisos en temas de protección laboral y de medio ambiente. Por supuesto, esta medida aludía más al Perú que a los Estados Unidos.

Nuestra Amazonía en riesgo

Tras casi diez años luego de la firma del TLC, parece que finalmente este mecanismo se pondrá en funcionamiento. Un reportaje internacional que involucró a seis medios de comunicación de América Latina (Ojo Público de Perú, El Espectador y Semana de Colombia, El Deber de Bolivia, Connectas de México e Infoamazonía de Brasil)[4] demuestra que la situación de la deforestación en la Amazonía es más grave de lo que pensaba[5], debido a la operación de auténticas mafias transnacionales que no tienen nada que envidiar a los poderosos cárteles del narcotráfico en nuestra región; teniendo como principales destinos de exportación a China y los Estados Unidos. Alrededor de diez compañías peruanas han venido exportando alrededor de 250 millones de dólares en madera proveniente de zonas protegidas de la Amazonía, generando una dinámica social de corrupción y violencia derivada de su enfrentamiento con líderes sociales y ecologistas de la zona.

Como señala el informe de Ojo Público, solo en Perú, entre octubre del 2017 y agosto de 2018, se identificó la extracción ilegal de 274 mil metros cúbicos de madera valorizada en más de 30 millones de dólares (lo que sería equivalente a la carga de 5 mil camiones). Esto se ha podido lograr a través de la falsificación de las papeletas de origen de la madera extraída; es decir, las empresas declaran que extraen la madera de zonas no protegidas, cuando en realidad sí lo hacen. Tras un reciente operativo realizado por Interpol y la Fiscalía Peruana en México, se logró determinar que el 81% de lo que se exporta proviene de áreas naturales prohibidas para su explotación.

Lo realmente grave del asunto es la ‘geoeconomía’ que involucra a estas redes criminales: Debido a que en el Perú la presencia del Estado es mucho menor que en la de países vecinos como Colombia o Brasil, las mafias de dichos países envían la madera obtenida ilegalmente a territorio peruano para lavarla y procesarla antes de enviarla fuera de Sudamérica. Según una base de datos elaborada por Ojo Público, en los últimos diez años han sido investigadas más de 8,000 personas por estar vinculadas a esta actividad ilícita.

Por todo ello, Estados Unidos ha decidido tomar cartas en el asunto, y su arma de política exterior para intervenir no pudo ser otra sino el TLC.

Para el gobierno, la prioridad es la inversión

Desesperado por la ralentización del crecimiento del PBI peruano en los últimos años, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski optó por la clásica y desfasada solución de los años 90’s: desregulación como vía para la atracción de inversión extranjera, y en consecuencia para el aumento del PBI. Como señala un reportaje del New York Times[6], en 2016 el gobierno despidió al jefe de OSINFOR[7] luego de que varias empresas madereras protestaran por los operativos de incautación de manera ilegal que venían realizando funcionarios norteamericanos y peruanos[8]. Asimismo, frente a la creciente presión de estas compañías (algunas de las más importantes son Bozovic S.A.C., Imk Maderas S.A.C. o Consorcio Maderero S.A.C.), el gobierno ha decidido actuar bajo la vieja premisa de que todo crecimiento económico por sí mismo equivale a desarrollo humano; lo cual es un paradigma ya superado en todo el mundo[9]. Desde la llegada de Kuczysnki al gobierno, la desprotección en aspectos sociales y ambientales, así como la desregulación para ‘destrabar’ inversiones extranjeras, no ha sido sino una excusa para evadir responsabilidades ya asumidas en diversos compromisos ya firmados, incluido el TLC. Si bien existe abundante evidencia empírica que demuestra que este tipo de soluciones ya no funcionan en el Perú[10], parece que nunca aprendemos. El gobierno actual tampoco ha manifestado un mayor interés por revertir la situación.

Lo que se viene

Como señala el reportaje del New York Times, funcionarios estadounidenses del Departamento de Comercio se preparan para un proceso que podría terminar en un arbitraje internacional frente a una corte del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI)[11]. Si esta corte detectara que hubo una negligencia en la aplicación de las políticas ambientales ya firmadas, el Perú podría ser el primer país del mundo en enfrentar sanciones económicas debido al incumplimiento de las normas de un TLC con los Estados Unidos.

La aplicación de sanciones económicas podría incluso incluir el corte de los beneficios arancelarios que el Perú obtuvo para nuestros productos como parte de la firma del TLC, lo cual afectaría severamente a todo el aparato económico peruano, desde nuestras grandes exportaciones mineras hasta nuestros pequeños productores agroexportadores e industriales. Al parecer, el gobierno de Donald Trump entiende bien que, si a los peruanos no nos importa nuestro propio medio ambiente, quizás entendamos mejor cuando empiecen a tocar directamente nuestros bolsillos.  (*). Politólogo y Magíster en Políticas Públicas. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) e Investigador Asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos (Lima). Coordinador para América Latina de la International Associ

[1] Ferreyros, E. (2010). Palabras Preliminares. En: J. R. Perales y Morón, E. (2010). La Economía Política del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Washington D.C.: Wilson Center, pp. 5-9.

[2] De la Flor, P. (2010). Palabras Preliminares. En: Peral y Morón, E. (2010). La Economía Política del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Washington D.C.: Wilson Center, pp. 61.

[3] Medalla, E. y Lazaro, D. (2005). Trade and Environmental Protection: Another Look at the Issues. Paper prepared for the 30th Pacific Trade and Development Conference- “Does Trade Deliver What It Promises? Assessing the critique of globalization?” 19-21 February 2005, Honolulu, Hawaii.

[4] Ver aquí:  https://ojo-publico.com/especiales/madera-sucia/

[5] Siendo el Perú el segundo país exportador de madera en el mundo, esta debería ser una noticia alarmante; sin embargo, ésta tuvo una nula repercusión en nuestro país. Fuera de algunos portales en redes sociales e internet, casi ningún medio de comunicación masivo o importante de Lima lo ha mencionado.

[6] Ver aquí: https://www.nytimes.com/2018/12/19/us/politics/us-peru-forest-trade.html

[7] Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales adjunto a la Presidencia del Consejo de Ministros.

[8] En diez años, el gobierno estadounidense ha proveído más de 90 millones de dólares en ayuda al gobierno peruano para operaciones contra la tala ilegal.

[9] “[…] Although GDP could be quite useful as a measurement of analysis, at other times it suffers from serious limitations. A critical understanding of what it means and when it should be used or not is crucial in order to generate a truthful picture of what is being measured. A cross-country comparison by GDP would immediately suggest which country is faring better economically and which less so. A comparison of countries by GDP over a period of years would seemingly show which countries are growing most/least economically over the years measured. At face value, statistically, it would seem to generate a perfectly adequate picture (and for an initial, crude idea it would probably be sufficient). Yet if one means to scrutinise the object of investigation in an intellectually honest and nuanced way, the rather simplistic GDP measurement would be simply insufficient, which is why it is only an indicator of a country’s economy”. Cassar, D. (2016). Problematising Economic Growth: Growth without Development. The International Association for Political Science Students. A Different View. [Accesado el 21 de diciembre de 2018].

[10] Bastaría poner de ejemplo el intento (fallido hasta el momento) de venta de los activos mineros de Doe Run en La Oroya. En Julio de 2016, el gobierno de Kuczynski anunció la ‘flexibilización’ de ciertas normas ambientales concernientes a los estándares de protección de agua, aire y suelos, con el objetivo de atraer inversores extranjeros que quieran comprar la planta de La Oroya. Dos años y medio después, Doe Run estrena su cuarta firma liquidadora, mientras que no hay inversores a la vista luego de casi diez años del cese de las operaciones de la planta.

[11] Organismo del Banco Mundial con sede en Washington para la resolución de disputas entre Estados e Inversionistas extranjeros.

The post TLC Perú-EE.UU: Si la naturaleza no importa, quizás sí el bolsillo appeared first on El Buho.

El sector de derecha ‘liberal’ o ‘democrática’ del país, coaligada en torno a ciertos partidos políticos tradicionales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y Universidades, aún no tiene clara la magnitud del problema y mira al proceso electoral del 2021 como ‘uno más’ dentro de los que se han venido dando sin interrupción desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. Creemos que esto es un error, generado principalmente por su incapacidad de entender la raíz económica del problema, así como de proponer alternativas más allá del ‘statu quo’ económico del país, que desde 1990 ha venido cuajando en una mezcla de hegemonía corporativa transnacional con un elevado nivel de empoderamiento de sectores informales e ilegales (narcotráfico, minería y tala ilegal, etc.).

¿Puede surgir desde la derecha moderada/liberal algún tipo de respuesta contra la popularidad cada vez mayor de las ideas fascistas entre amplios sectores de la población peruana? Nosotros creemos que no, debido a la incapacidad de este sector político para abordar las causas económicas de la crisis. Lamentablemente nuestros liberales son demasiado cobardes para deslindar con sus primos de extrema derecha debido a su necesidad de mantenerse ubicados dentro de la ortodoxia económica que impone el consenso ideológico vigente.

Pongamos tres ejemplos:

1). Si un liberal dice: “necesitamos reformar las instituciones, limitar la corrupción y adaptarnos a los estándares internacionales impuestos por la OCDE para modernizar el país”, un neoliberal (‘libertariano’ o ‘liberal clásico’ como le gusta autodenominarse) le responderá: “sí, pero no toquen mis impuestos y dejen funcionar al mercado tal y como está”; olvidando que incluso para alcanzar lo dispuesto por la OCDE requerimos elevar los impuestos y aumentar el gasto social (en el Perú, ambas cifras son de las más bajas de América Latina). Por lo general, los liberales se quedan desencajados y murmuran por lo bajo: “sí pues, hay que preservar el libre mercado”.

2). Si un liberal dice: “necesitamos un Estado Laico que respete la separación entre Estado e Iglesia”, el neoliberal (que por lo general es ultraconservador en lo moral) saldrá a decir: “Eso del Estado Laico es un caballo de Troya de la ideología de género y de ese Planned Parenthood financiado por Soros. ¿Por qué tendría que financiar con mis impuestos a esas locas desesperadas por abortar?”. El liberal cae en la trampa, ya que, si bien su única manera de captar seguidores desde la izquierda es a través de las políticas ‘de género’, tampoco es capaz de generar una respuesta a este rancio conservadurismo debido a su incapacidad de poder decir de manera fuerte y clara: “Sí, necesitamos expandir el rol del Estado. Vamos a requerir captar más impuestos, renegociar contratos con ciertas empresas e intervenir en aquellas mafias que mantienen elevadísimo el sector informal”. Finalmente, que nuestros liberales crean que al conservadurismo se lo combate con performances y talleres, o posteando una foto en tutu para respaldar a los bailarines de ballet, como hizo cierto congresista ‘pro-LGTB’, es penoso y lamentable.

3). Más de 25 años desde la implementación del Consenso de Washington en el Perú han generado la idea inamovible de que el sistema político sólo puede ser democrático si es de derecha. O como dicen nuestros ideólogos neoliberales: “sólo puede haber libertad política en tanto y en cuanto haya libertad económica”, usando el concepto de ‘libertad económica’ como trampa discursiva para referirse simplemente al ‘statu quo’. Esto ha ocurrido debido a la incapacidad de nuestra izquierda política para generar alternativas que vayan más allá de las dicotomías políticas generadas por la derecha durante la época de la ‘ola bolivariana’ (‘el sistema vs. el antisistema’, ‘chavistas vs. demócratas’, ‘estatistas vs. liberales’, ‘pobreza vs. inversión’). En esto, los liberales de izquierda (también llamados ‘caviares’ en jerga local) cumplieron un rol nefasto; de un lado vendiéndonos la idea de una ‘izquierda moderna reconciliada con el mercado, similar a la del PT en Brasil’, mientras que del otro lado entraban al juego político de Odebrecht al igual que sus supuestos rivales en los partidos políticos que gobernaron durante esa época.

En conclusión, el liberalismo político es una doctrina útil para tiempos de expansión y bonanza, pero no ofrece ningún tipo de respuesta a la crisis actual que viene generando el resurgimiento de las ideas fascistas alrededor del mundo. En nuestro país, es necesario buscar nuevas alternativas que permitan preservar el sistema de gobierno democrático-representativo actual; en tanto nuestra opinión pública siga considerando que éste merezca ser preservado.

Anthony Medina es politólogo y Master en Políticas Públicas. Investigador Asociado en el Instituto de Estudios Políticos Andinos y Profesor de Ciencia Política en la Universidad Católica de Santa María (Arequipa, Perú).

The post Perú: ¿pueden los liberales vencer al fascismo? appeared first on El Buho.

El escenario del que estamos hablando fue parte de un comercial elaborado por un portal de turismo en el año 2011. En este video, llamado ‘The Peruvian Dream’, y elaborado por la web www.livinginperu.com, los migrantes no son venezolanos sino estadounidenses y europeos, llegan al país por mar (a través de las costas de Chorrillos), y llegan bordean los dos millones. Finalmente, el comercial concluye con la frase: ‘Ven a Perú cuando todavía es fácil’. Está disponible para ver aquí. La ironía que se nos presenta es bastante evidente.

La ‘redención’ del segundo gobierno de Alan García

A diferencia de otros procesos de transición en América Latina, la caída del Fujimorismo no conllevó a un cambio en las bases del modelo económico del país, manteniéndose la Constitución de 1993 como candado fundamental del mismo. Asimismo, la transición no generó un nuevo movimiento alternativo que hegemonice el sistema político post-fujimorista. Por el contrario, fueron los partidos políticos tradicionales (el APRA, el PPC y Acción Popular) quienes acompañaron una transición liderada por un político que en algún momento prometió en campaña ‘construir el segundo piso’ (ver aquí) de la ‘casa’ cuyos cimientos habían sido diseñados por Fujimori. El modelo económico de libre mercado continuó a pesar de la transición en el sistema político, mientras que, en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, el sistema económico cambió a la par del sistema político. Las primeras tensiones internacionales entre el Perú y los países de este bloque, llamado del ‘socialismo del siglo XXI’ empezaron a darse como producto de la crisis del modelo de integración regional sudamericana (Comunidad Andina vs. TLC-ALCA), así como de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Durante los primeros años de la década pasada el Perú eligió mantenerse como un aliado político y comercial de los Estados Unidos con el objetivo de ‘profundizar’ su modelo económico a través de Tratados de Libre Comercio bilaterales; a contracorriente de buena parte del continente Sudamericano que, bajo distintas banderas, viraba a la izquierda.

Los avances diplomáticos de la Venezuela de Hugo Chávez en el escenario internacional siempre fueron vistos con recelo por la clase política peruana, la cual rechazaba de antemano todo posible acercamiento diplomático con sus vecinos ‘bolivarianos’; generando fuertes tensiones durante la campaña electoral del 2006. Luego de un debate maniqueo entre ‘el antisistema’ (supuestamente representado por Ollanta Humala, y ‘la continuidad del progreso’ (en este caso, representado por Alan luego de vencer en la primera vuelta a Lourdes Flores); el modelo económico peruano y el venezolano se enfrentaron simbólicamente por primera vez en la segunda vuelta del 2006.

Ya con Alan García presidente por segunda vez (luego de que todo el Perú se prometió en 1990 no volver a votar por él ni por el APRA); desde el gobierno se buscó por todos los medios ‘redimirse’ de los pecados cometidos por su líder entre 1985 y 1990. El segundo García, menos flaco y menos antiimperialista (como alguna vez le dijera Evo Morales), abandonó la plataforma intervencionista-moderada que lo llevó al gobierno para alabar de lleno el proceso de apertura económica que el país inició con Fujimori. Mientras que el candidato García fue crítico de las sobreganancias mineras, la renta básica en telefonía y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el nuevo presidente García aceleró el proceso de negociación del TLC, propuso un conjunto de reformas legislativas e institucionales para elevar los flujos de inversión extranjera e impuso una política de mano dura frente a los conflictos sociales que vinculaban a industrias extractivas en regiones, la cual llegó a tener desenlaces sangrientos, como ocurrió en el año 2009 durante la masacre de Bagua, en donde murieron 33 personas (entre indígenas amazónicos y policías).

Modelos Económicos en Competencia

En su segundo gobierno, Alan García también buscó redimirse de su política exterior antiimperialista, la cual fue una de las principales causas de la mayor crisis inflacionaria que ha vivido el país en su historia. Quien en 1985 pronunció un magistral discurso latinoamericanista contra la deuda externa buscando posicionarse como líder político continental, a partir de 2006 se propuso objetivos internacionales más moderados como ‘bandwagon’ de la política exterior estadounidense. Teniendo como únicos aliados continentales a George W. Bush y al colombiano Álvaro Uribe, Alan García incorporó a su discurso temas como la lucha contra el terrorismo global (en donde el Perú era parte debido a su lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAE), el abandono de procesos de integración regionales como la CAN y el MERCOSUR (para reemplazarlos por Tratados de Libre Comercio bilaterales), la ‘desregulación’ económica para favorecer los flujos de inversión extranjera en industrias extractivas, y por supuesto, la oposición (geo) política al proyecto bolivariano encabezado por Hugo Chávez en Venezuela. En este último aspecto, la política exterior de García llegó a niveles absurdos, que se asemejaban más a lo que proponían algunos de los más duros halcones neoconservadores de la administración Bush, o incluso a la ‘caza de brujas’ anticomunista del senador estadounidense Joe McCarthy en los años 50. En ese sentido, los aparentes ‘exitos’ del modelo económico peruano (que al igual que en otros países, experimentaba un boom de materias primas que llevó al país a crecer a ritmos anuales entre 7 y 8%) fueron un elemento clave para posicionar al Perú como ‘la alternativa de libre mercado’ a las diversas tendencias de izquierda y centro-izquierda que en ese momento se articulaban en toda América Latina (especialmente Venezuela).

A pesar que, en ese momento, las diferencias entre los modelos económicos peruano y venezolano no eran tan grandes como parecería (durante la segunda vuelta del 2006, Alan definió a la política exterior chavista como ‘el satélite petrolero de una política imperialista mundial’, ver aquí); la dinámica política del segundo gobierno aprista convirtió la dicotomía entre ‘neoliberalismo peruano’ y ‘bolivarianismo chavista’ en dos universos semánticos alternos. A nivel externo, Alan García polarizó las relaciones internacionales de la región Andina entre “democracia/libre mercado/inversión/modernidad/reducción de la pobreza/paz continental/guerra contra el terrorismo” (Perú) y “dictadura/estatismo/retroceso de las inversiones/arcaísmo/pobreza/carrera armamentista/aliados del terror” (Venezuela). A nivel interno, García utilizó al bolivarianismo continental como chivo expiatorio para criminalizar toda protesta social, así como a los partidos y movimientos de izquierda que en ese momento existían en el Perú; viendo ‘conspiradores internacionales’, ‘enemigos de la inversión’, ‘antimineros’, ‘perros del hortelano’ y ‘Casas del ALBA’ en cada marcha, protesta o manifestación de disconformidad que apareciera contra las políticas de su gobierno. En ese sentido, Alan García y el Perú fueron los principales responsables de promover el clima de ‘guerra fría’ que se vivió en la región Andina durante la década pasada; y así era como lo afirmaba él mismo públicamente en sus discursos (ver aquí). El aparato ideológico con el que Alan quiso legitimar su visión de la política continental tuvo como herramienta clave a la campaña ‘Marca Perú’.  una ambiciosa iniciativa de la Agencia de Promoción del Turismo (PROMPERU), que buscaba presentar al país como una democracia consolidada con crecimiento económico y desarrollo sostenibles; atractivo para el ingreso de flujos masivos de inversión extranjera, turistas, y por supuesto, de migrantes. Este hecho será clave para explicar las responsabilidades de nuestro país en la crisis migratoria venezolana que hoy afronta.

(*) Politólogo y Magíster en Políticas Públicas. Investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos y Profesor de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa-Perú).

The post La crisis venezolana también es culpa nuestra (parte I) appeared first on El Buho.

El fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) estuvo marcado por la victoria incuestionable de los Estados Unidos en los asuntos políticos, económicos y militares en el mundo. Nunca ningún país en el mundo recibió un escenario internacional tan favorable como el que recibió el país americano para reconstruir el orden internacional a su imagen y semejanza en dicha época. Con Europa en ruinas y las otras dos principales potencias industriales (Alemania y Japón) derrotadas en la guerra; los Estados Unidos tuvieron carta libre para cuestionar las raíces mismas del sistema que la generó. Incluso la Unión Soviética, quien fue la principal competidora de los Estados Unidos hasta 1992, terminó devastada luego de la guerra con Alemania; por lo que si bien representaba una amenaza militar para dicho país (debido a su poder militar y nuclear), nunca tuvo el poder económico suficiente para exportar el modelo comunista al resto del mundo.

Hacia 1945, Estados Unidos dispuso de todos los medios materiales disponibles para promover su idea de orden mundial. Neutralizados Canadá y México en el siglo XIX, Estados Unidos quedó sin enemigos continentales que pudieran disputar su hegemonía en el hemisferio occidental; a la vez que su posición de ‘isla continental’ la mantuvo siempre alejada de los conflictos que desangraron a Europa por siglos. Todo esto le permitió a los Estados Unidos el intervenir selectivamente en conflictos al interior y fuera del continente americano cuando sus intereses así lo exigieran. De igual manera, al representar el 60% del PBI mundial en 1945, los Estados Unidos movilizaron toda su fuerza económica para construir un complejo político-diplomático, económico-comercial y militar-industrial inspirado en sus propios valores y prioridades de política exterior. El sistema de la Organización de las Naciones Unidas, la promoción de modelos económicos de libre mercado a cambio de ayuda económica (dentro de los cuales el Plan Marshall tuvo un rol clave) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fueron parte de una estrategia integral en donde Estados Unidos buscaba asegurar su hegemonía mundial, mantener a raya a futuras potencias revisionistas como la URSS y China, y sobre todo, generar un sistema de resolución pacífica de conflictos en donde la diplomacia y el Derecho Internacional primaran por encima de los fríos intereses nacionales de los Estados (es decir, exactamente lo opuesto a la política del ‘balance del poder’ realizada por los Estados Europeos durante los últimos 500 años). Es este sistema global aquel al que llamamos ‘el Orden Americano’; y es en ese sentido que debemos tener cuidado al distinguir entre ese nuevo orden político y los períodos históricos existentes dentro de él.

Si bien el período al que llamamos de ‘Guerra Fría’ fue la confrontación política, ideológica, militar, económica y cultural entre los Estados Unidos/OTAN y la Unión Soviética/Pacto de Varsovia por la imposición de sus respectivos modelos, dicho período se dio dentro del Orden Americano. Efectivamente, la Unión Soviética representó un modelo económico alternativo al capitalismo de libre empresa propuesto por los Estados Unidos, pero hay que recordar que ésta siempre operó dentro de sus parámetros: Políticamente, la URSS fue desde el principio uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; mientras que económicamente el modelo económico soviético operaba bajo mayores niveles de autonomía frente a la emergente globalización propuesta por los estadounidenses, pero sin generar un modelo ‘globalista’ alternativo (efectivamente, la URSS lo intentó a través de la COMECON, aunque irónicamente fue esta organización una de las causantes del agotamiento económico soviético que condujo a su posterior disolución). Habría que recordar también que la Unión Soviética recibió ayuda económica y tecnológica de los Estados Unidos por casi 30 años para contener el surgimiento de Alemania (en ese sentido, Lenin nunca ocultó su admiración por el desarrollo tecnológico estadounidense cuando afirmaba que el comunismo equivalía a ‘el régimen de los soviets, pero con electricidad’). Posteriormente a la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, las bases sobre las cuales se fundó el Orden Americano siguieron firmes: Estados Unidos propagó la expansión de las Naciones Unidas con los nuevos estados post-comunistas emergentes, fomentó transiciones a economías de mercado con ayuda del Banco Mundial y el FMI, a la vez que mantuvo intacta a la OTAN, promoviendo su expansión hacia el este y acogiendo a Estados que fueron parte del Pacto de Varsovia.

Casi treinta años después, todo este orden está empezando a ser cuestionado. La elección de Donald Trump en los Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (el llamado ‘Brexit’), el ascenso del movimiento antieuropeísta de extema derecha (Le Pen/Francia, Wilders/Holanda, AfD/Alemania, Aurora Dorada/Grecia) y el endurecimiento de los regímenes de acumulación capitalista bajo modelos políticos autoritarios en Rusia, China y la India, son algunos de los fenómenos que empiezan a generar espacios reales de disputa dentro del orden internacional como no se habían visto durante la década de 1930 (justamente cuando la Liga de las Naciones propuesta por Estados Unidos falló en su cometido de evitar una segunda guerra mundial). Ya no hablamos de la existencia de un actor contencioso disputando el liderazgo norteamericano dentro de un orden internacional ya dado (el período que llamamos de ‘Guerra Fría’); sino que es la cada vez mayor dificultad de los Estados para resolver conflictos derivados de la crisis global del capitalismo (dentro de los parámetros del actual orden internacional), aquello que está empezando a generar quiebres y rupturas dentro de las mismas raíces de dicho orden. 

Medina es politólogo y profesor de Ciencia Política de la UCSM

The post ¿Qué es el orden americano? appeared first on El Buho.

Hace dos semanas, el grupo periodístico IDL-Reporteros difundió unos audios que vinculaban a (hoy ya separados) jueces y magistrados vinculados a las más altas esferas del Poder Judicial y del CNM[2]; en la que se les puede escuchar intercambiando todo tipo de favores políticos a cambio de dinero, incluida la exculpación de personas acusadas de violación a menores de edad. Este escándalo que ha remecido al país ha generado pronunciamientos variopintos de diversos sectores de la sociedad civil y la política nacional, quienes han convocado a marchas para todo el mes de julio. El alcance de los audios generados es aún desconocido, pero se sabe que varios se remontan hacia mucho más atrás del año 2015, e involucrarían no sólo a jueces y fiscales, sino a varios de los más altos líderes políticos, congresistas y empresarios del país. A diferencia de lo que los voceros de la bancada de Fuerza Popular[3] argumentan, todos estos audios fueron obtenidos de manera legal y con orden judicial, siguiendo los procedimientos regulares para este tipo de operaciones.

Pareciera que este escándalo sería finalmente la gota que rebalsó el vaso[4]; sin embargo, eso fue exactamente lo mismo que se pensó cuando ocurrieron las marchas de #NiUnaMenos con respecto a los recientes casos de feminicidio ocurridos en el país, o contra la ‘Ley Pulpín’ y la ‘Ley Bartra’[5], no podemos negar que es probable que el resultado en las siguientes semanas sea el mismo. Si bien es notorio el malestar e indignación ciudadana frente al problema; el diagnóstico de por qué sucede éste casi siempre es de carácter moral-individual, como si la corrupción fuese un problema relacionado con no saber decir que no, de falta de valores, educación en casa o amor por la patria; o como si la política fuese una mera subdivisión de la ética. Por supuesto, el diagnóstico siempre trae su respectivo antídoto: Si la corrupción sólo puede ser entendida como un problema moral relacionado con nuestras elecciones personales, entonces la razón por la que ésta perdura es simplemente porque somos tolerantes con ella, o porque somos ‘cínicos’ y ‘pasivos’. Creo que insistir en esta visión es un error bastante grave, producto de una sociedad que aún no ha terminado de asimilar la idea de que la política ya es interpretada como un campo autónomo de la ética, la filosofía moral y la religión desde hace casi cinco siglos.

¿Por qué los peruanos no somos capaces de articular un movimiento popular anticorrupción que sea coherente, permanente en el tiempo, y que presione por reformas concretas para responder a los desafíos que plantea el Bicentenario de la República (del que, por cierto, ya sólo nos separan dos años y medio)? A mi juicio, esto sucede por dos razones: La primera, es la derrota histórica de la izquierda y de su incapacidad para regenerarse sin autodestruirse en el camino; y la segunda, es la creciente feudalización y anonimato del poder político en el Perú. Ya bastante se ha dicho sobre lo primero, así que me enfocaré en lo segundo.

En el Perú contemporáneo han concurrido al menos tres elementos que dificultan nuestra comprensión de la forma en cómo se ejerce el poder político: El primer elemento, una reforma institucional trunca y sin lineamientos generales de política pública, la cual ha sido promovida sólo ‘por cumplir’ con estándares internacionales que (en teoría) estarían alineados con nuestros más caros objetivos nacionales (el más importante de estos, de nuestro tan ansiado ingreso a la OCDE). El segundo, la derrota de los partidos nacionales históricos luego de la transición a la democracia; lo que fue acompañado por un proceso de descentralización que ha generado una expansión desmedida de movimientos regionales cuya conexión con Lima es informal y asimétrica. El tercero, la consolidación de una economía en donde se hace difusa la frontera entre lo informal y lo ilegal; la cual ya se ha hecho demasiado grande como para endurecer medidas en contra de ella sin afectar seriamente al producto bruto interno y el empleo nacional.

Estos elementos ya son parte inseparable de lo que llamamos ‘el modelo peruano’ y han generado un conjunto de reglas, saberes y sentidos comunes sobre lo que es hacer política en el Perú y cómo ésta debe hacerse si se desea tener un cierto ‘éxito’ en ella. Es por eso que el escándalo del CNM nos ha indignado, pero no nos ha sorprendido. Cualquier persona con una mínima aproximación o experiencia haciendo trámites judiciales sabe cuáles son las reglas ‘informales’ para que una demanda prospere o caiga en el olvido. Si a esto sumamos el miedo legítimo de cualquier actor ‘revisionista’ a quedar expulsado del juego político por oponerse a estas reglas, lo que tenemos es un sistema casi invencible. En pocas palabras, nadie quiere quedarse sin trabajo por ser ‘rebelde’, así que lo más sano si se quiere tener una vida tranquila es ‘callar y cobrar’.

Por esto, como señala Roger Merino[6], en el Perú lo que tenemos es un gobierno reactivo que gobierna sin gobernar; es decir, no genera lineamientos obligatorios de política a ser seguidos por los organismos del Estado. Por el contrario, el gobierno gobierna, casi literalmente, en modo avión, permitiendo que funcionarios de varios gobiernos anteriores convivan en puestos clave debido a su incapacidad de generar cuadros propios alineados con su propio proyecto político (en caso de que éste existiera, por supuesto).

Hagamos algunas comparaciones:

En el año 2000, Alberto Fujimori utilizó el fraude electoral para bloquear la victoria de Alejandro Toledo y lograr su segunda reelección. La reacción del pueblo fue salir a las calles y traer abajo al gobierno. En el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones tachó a dos candidatos (César Acuña y Julio Guzmán) argumentando formalidades administrativas que, si bien eran legales jurídicamente, eran ilegítimas políticamente. A esto, la revista The Economist dijo, con todas sus letras, que las elecciones en el Perú ya estaban ‘arregladas’ (‘Rigging Peru’s elections’)[7]. Si bien no hay duda de que las elecciones del 2016 fueron arregladas, nadie sabe ‘quién’ las arregló ni para qué: ¿Ollanta? ¿Nadine? ¿El JNE? ¿El APRA? ¿El Fujimorismo? Asimismo, tampoco sabemos exactamente a quién se buscaba beneficiar con el fraude, salvo que creamos que Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea tuvieron tanto poder como para influenciar al JNE bajo el frío cálculo político de la cosecha de votos.

En el año 2000, Alberto Fujimori utilizaba al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para comprar las posiciones políticas de grandes medios de comunicación y silenciar a periodistas opositores. Los medios en manos de broadcasters históricos como José Francisco Crousillat o Genaro Delgado Parker, promovían la propuesta ideopolítica del fujimorismo a través de sus noticieros con el objetivo de influenciar a la población hacia una dirección específica. Hoy, 2018, casi la totalidad de medios limeños están controlados por anónimas corporaciones cuya única prioridad es la de promover ‘entretenimiento’ (léase, entretenimiento basura) bajo la consigna de que ‘no hay que meterse en política’, para bien o para mal. ¿Quién podría decir que existe algún tipo de control político de los contenidos de los medios?

En el año 2000, Alberto Fujimori poseía una coalición política que, si bien ya empezaba a hacer aguas, llevaba en sus filas a grandes empresarios que se la jugaban por el modelo económico. Para dicha época, integrantes de la CONFIEP como Jorge Camet o Ricardo Márquez ya habían gobernado con Fujimori como ministros y altos funcionarios. En ese sentido, los diversos sectores económicos que se alinearon con Fujimori temían que un retorno del APRA o el Toledismo implementaran reformas redistributivas bajo la bandera de la ‘justicia social’. Las alarmas se reactivaron con el Ollanta ‘chavista’ del 2006 y ‘lulista’ del 2011, contra el cual enfilaron todas sus baterías en nombre de la defensa del modelo. Hoy, 2018, Vizcarra gobierna con la mayoría de funcionarios heredados del gabinete de Kuczynski, quien heredó la mayoría de funcionarios de Humala, quien heredó la mayoría de funcionarios de García (y así ad infinitum); y eso no les ha garantizado para nada tener la aprobación del empresariado. Por el contrario, la economía se ha seguido desacelerando a pesar de la victoria del candidato (supuestamente) más pro-empresarial de todos, a la vez que su intento de partido político difícilmente podía ser considerado como ‘representativo’ de la élite empresarial limeña. ¿Quién, entonces, podría decir que la crisis actual es producida por el modelo (neo)liberal?

La única conclusión que podríamos sacar de todo esto es que ya no sabemos quién ejerce el poder en el Perú. O mejor dicho, sí lo sabemos, pero no disponemos de mecanismos para generar algún tipo de ‘contrapoder’ bajo las actuales reglas de la democracia representativa. Por eso las marchas se articulan contra actores que, si bien formalmente no están en el gobierno, se sabe que ejercen poder. En el Perú de Fujimori se sabía bien contra qué y contra quiénes se protestaba, así como se sabía la forma en cómo el poder se ejercía y con apoyo de quiénes éste podía expresarse. Al haber un ‘dentro de’ la coalición fujimorista, se sabía también qué cosa estaba ‘fuera de’ ella. Hoy ni siquiera podemos hacer esa distinción: Protestamos contra una CONFIEP que ‘formalmente’ no influye en los resultados electorales; protestamos contra medios de comunicación que ‘formalmente’ sólo transmiten realities y entretenimiento; protestamos contra un Poder Judicial que ‘formalmente’ es autónomo y termina por definir el bien y el mal en el país; y finalmente, protestamos contra un partido político que, si bien ‘formalmente’ no está en el gobierno, se sabe que tiene un poder de veto que fácilmente puede torcer el brazo del gobierno cuando lo desee. Como ‘formalmente’, ninguno de estos actores influye en la forma en cómo se ejerce el poder en el país, entonces éstos son difíciles de ser ‘accountables’, y mucho menos capaces de asumir algún tipo de responsabilidad por sus actos. Personalmente, no sé de otros países en donde se produzca una situación similar. Efectivamente, pareciera que el Fujimorismo estaría detrás de cada intento por copar instituciones públicas, pero no con el objetivo de hacerse del poder, sino sólo de representar intereses ilícitos ‘tercerizandole’ los costos políticos al ‘gobierno formal’. Sin duda, el sector informal/ilegal del que hablábamos se encuentra mejor representado políticamente por Fuerza Popular y es la principal fuente de su poder; por lo que aquí sí podría decirse que hay una comunión directa entre sus intereses con los de otros grupos conservadores como el de #ConMisHijosNoTeMetas. El mantra de los politólogos peruanos sobre la necesidad de ‘fortalecer los partidos políticos’ aquí nos explota en la cara.

En conclusión, quizás muchos ya intuimos lo que pasará en los próximos días: Nuevamente, una creciente indignación de la ciudadanía más o menos informada y conectada a redes sociales, movilización mediática y quizás una fuerte ola de protestas nacionales; antes de volver al olvido progresivo, la calma chicha, y al statu quo. Sin embargo, a diferencia de quienes consideran que esto se debe a algún carácter ‘pasivo’, ‘conformista’ o ‘cínico’ de los peruanos, nosotros consideramos que la falta de una respuesta contestataria del tipo ‘Marcha de los 4 suyos’[8] se debe principalmente a este poder anónimo y feudalizado que no somos capaces de entender, y ni siquiera de ubicar; así como de la carencia de canales de respuesta por vías democráticas. Lo que no se puede entender, no se puede comunicar. Y sin comunicación, no hay política (ni contenciosa, ni de ningún otro tipo). El reto para las siguientes semanas es el mismo que el de hace ya varios años: Convertir la indignación en algo real y viable.

[1] Politólogo y Magíster en Políticas Públicas. Investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos y Profesor de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa-Perú).

[2] Consejo Nacional de la Magistratura, entidad encargada de designar a jueces y fiscales.

[3] Partido liderado por Keiko Fujimori.

[4] Mientras son escritas estas líneas, el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha presentado renuncia irrevocable a su cargo.

[5] Leyes que reducen derechos laborales a trabajadores jóvenes, las cuales fueron contestadas con amplias movilizaciones sociales que obligaron al Congreso a dar marcha atrás.

[6] Al respecto, ver: http://rumboeconomico.com/2016/11/01/poder-politico-en-el-peru-o-la-gobernanza-sin-gobierno-por-roger-merino/

[7] Al respecto, ver: https://www.economist.com/the-americas/2016/02/18/rigging-perus-election

[8] Jornadas de lucha que trajeron abajo el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000.

The post Perú: Post-fujimorismo y feudalización del poder appeared first on El Buho.