Si bien el país ha sido saqueado muchas veces por empresarios nacionales y transnacionales, o por líderes de partidos como el APRA; el fujimorismo resume varias de las peores (por efectivas) formas de cooptación del sistema; promoviendo siempre la tergiversación de sus crímenes, usando el derecho y su mayoría parlamentaria para evadir la justicia. Elecciones de cargos como el Defensor del Pueblo, la interferencia en el ex CNM y la Corte Suprema, el manejo que hacen del Congreso, son prácticas conocidas de copamiento; siendo un parteaguas, la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

Este órgano ha demostrado su importancia que es directamente proporcional al nivel de ataque y manoseo del que ha sido víctima. El fujimorismo destituyó en los 90 a sus magistrados por venganza;, y en este siglo fue usado para lograr -contra la Constitución- el nombramiento de fiscales supremos -casos de Hinostroza y de Castañeda- truchos. El Congreso fujiaprista quiso destituir otra vez a algunos magistrados al fallar contra la impunidad en el caso de El Frontón. Y ahora en el 2019 quiere imponer a sus candidatos, como sea, para lograr la libertad a Keiko Fujimori.

Van con todo y contra todo, incluso contra el propio pueblo al que deben lealtad. Y no es para menos: además de querer mantener la impunidad de los asuntos del “pasado”, busca acallar la megacorrupción. La corrupción de todos los presidentes de la República, de congresistas, de empresarios, y de las altas instancias del sistema de justicia que tuvo su cénit de evidencia el año pasado, es lo que quieren ocultar. La desvergüenza se ha esfumado otra vez y sin tapujos están dispuestos a arremeter. Van por el TC, van por Vizcarra (que perdió apoyo ciudadano por otras razones), van por quienes marcharon en las calles para evitar cooptaran todo. Y van, qué duda cabe, por aquellas organizaciones de base y movimientos sociales de activistas y de derechos humanos que se opusieron durante estos años a que avanzaran rápidamente en sus planes.

Una larga noche se le viene al país, y para frenarla necesitamos lo que ya hemos aprendido en otros momentos álgidos: unidad, y estar conscientes de que estamos escribiendo nuestra propia historia.

Cada CNMaudio, cada vladivideo, cada denuncia impune por el Congreso, cada infamia en los medios de comunicación de quienes ahora pretenden cambiar la memoria de la corrupción en el país, son razones para no rendirnos. El año pasado logramos lo impensable desde el año pasado: descubrirlos. Sigamos haciendo lo impensable: sacarlos y parar esos planes. No en vano hay varios héroes anónimos y no anónimos que se la jugaron y aun se la juegan. No permitamos un TC cooptado, ni que Keiko Fujimori quede libre de manera ilegal e injusta, no permitamos que se mantengan estos congresistas ni que avancen más estos sectores autoritarios.

El Perú comenzó un proceso que es una esperanza de Latinoamérica. ¿Cómo hicieron los peruanos y las peruanas para tener a sus presidentes en la cárcel? Las cosas (aunque de a pocos) pueden hacerse, es el mensaje. Sostener el proceso peruano, es también sostener una puerta en una  región donde hay miles de desaparecidos, donde hay feminicidios, donde cala hondo la injusticia social; donde el discurso criminal quiere imponer siempre su verdad. Los peruanos y peruanas sabemos lo que ha costado esta lucha y lo mucho que hay que hacer para que se sostenga. Nuestro éxito, pues, tiene un doble espíritu.

No en vano la CIDH ha lanzado la señal de urgencia por el TC, no en vano se acaba de reconocer el trabajo de IDL-Reporteros por el destape de Lava Jato y CNMaudios a nivel mundial. Y no en vano es una preocupación real de la comunidad internacional el estado actual en que estamos.

No hay más tiempo que perder. El llamado a la Comisión de Venecia, así como los acercamientos de Salvador del Solar a congresistas que en nada han ayudado, los plazos para debatir proyectos que el fujiaprismo ni siquiera analiza con urgencia, han sido estrategias para ganar tiempo que desgaste al adversario y poder dar el zarpazo final. El Congreso, que ha desnaturalizado su función, jugando de manera leguleya con plazos y competencias, no debe ir más.   

Hoy es la ciudadanía en las calles la que es y seguirá siendo la defensa de lo logrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad, para continuar con lo que falta, no por apoyar a Vizcarra, sino para que los peruanos o peruanas tomemos las riendas de nuestro destino. Y para que los congresistas, los cuellos blancos, los conservadores impunes y los supremos que están beneficiándose de esta crisis, sepan que ¡no pasarán!

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Primero, por el escaso tiempo dispuesto: 3 días hábiles que acaban el lunes 12 de agosto (hoy). El tiempo es crucial para un proceso participativo, sobre todo teniendo en cuenta los grandes errores del proceso anterior. ¿Por qué tan poco el tiempo? Nadie lo sabe.

Segundo, porque no se sabe si realmente es participativo. ¿Esta “apertura” es solo por invitación? Tampoco se conoce exactamente con quien se viene reuniendo la Comisión. El comunicado publicado es muy general y es posible que se convoque solo a quienes se quiere escuchar. Antes, hasta el extinto CNM solicitaba todos los aportes, incluso por correo electrónico y con más días de anticipación.

Tercero, porque no hay la certeza de que los aportes que se vayan a entregar sean realmente tomados en cuenta, valorados, debatidos conjuntamente, y que su incorporación o no a las reglas de actuación de la Comisión Especial sea motivada. E incluso, ¿sabremos cuáles fueron esos aportes de quienes ya se han reunido o se vayan a reunir con la Comisión? Toda esta exigencia no es poca cosa: encarna lo que es el respeto al derecho ciudadano de la participación; más aún cuando se trata de la forma de elección de funcionarios del sistema de justicia. El proceso participativo, sea para nombrar jueces o fiscales, o crear el régimen normativo que rige sus funciones (y el de quienes los eligen), no solo es un principio expreso en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia referida también a la Comisión (III del Título Preliminar, “participación ciudadana”), sino también un estándar de derechos humanos que se viene debatiendo largamente en el Sistema Interamericano del que Perú es parte. Es decir, es exigible jurídicamente y nunca más necesario que ahora. La Comisión debe tener entonces una real apertura. Eso será clave para saber qué viene después.

Por otro lado, preocupa también que los aportes a los que la Comisión invita se den en el marco de una convocatoria ya existente, que debió ser cancelada (como lo hizo en el pasado el ex CNM para recobrar su reducida legitimidad en otros procesos), pues ante un cambio de reglas de juego (y vaya que se necesitan cambios), algún candidato o candidata pudiera legítima y legalmente cuestionarlo.

Pero hay más: ¿las personas que formaron parte del equipo que condujo la primera convocatoria, siguen en la segunda? Sobre quienes dirigen y deciden el proceso, desde ya, hay un error de fondo que no da la garantía total de que los resultados serán los mejores. Por ejemplo, si Pedro Chávarry hubiere renunciado al cargo de fiscal supremo y postulara a integrante de la JNJ, tendría el voto de Lecaros, presidente del Poder Judicial, para que participe sin problema alguno, ya que como recordamos los CNMaudios en los que está involucrado no le parecían un cuestionamiento a su desempeño. Esta situación parte de un error de origen: los integrantes de la Comisión Especial no solo deben ser quienes ocupan los cargos referidos en la ley, sino que deben cumplir con las garantías (como la apariencia de independencia e imparcialidad) para elegir a los integrantes de la JNJ. ¿Las cumple Lecaros, quien además fue elegido por un mínimo histórico de menos del 50% de los presentes en la votación de la Sala Plena de la Corte Suprema; incluyendo el voto de un juez cuyo nombramiento por parte del ex Consejo Nacional de la Magistratura está cuestionado? No. La ley orgánica de la JNJ debió prever ese supuesto, quién sería el nuevo representante, y un sistema básico de responsabilidades y filtros posteriores. El cúmulo de ausencia de reformas en cada uno de estos pasos ahora pasa factura, a pesar de ser una exigencia histórica de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal.

Otro error que contamina el escenario de la nueva convocatoria: la impunidad de la primera. ¿Dónde está la fiscalización y sanción interna a quienes permitieron, tanto en el grupo técnico como en la misma Comisión, los descuidos que llevaron a que el ex candidato Pedro Patrón sea nombrado? El episodio no quedó claro del todo. ¿Cómo se fiscaliza y sanciona la evidente desigualdad a la que fue sometido el candidato Víctor Cubas en su entrevista pública? Una arbitraria y todopoderosa Comisión Especial de elección de la JNJ queda fuera de todo marco institucional y democrático en el que pesos y contrapesos son imprescindibles. Lo que toca ahora es no perderla de vista y exigirle un cambio de rumbo, comenzando con una real apertura a la opinión de la sociedad civil: más días, más especialistas escuchados, y la recepción de todos los aportes. Sólo así tendremos un proceso realmente participativo.

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Mientras tanto, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez siguen amenazados por los supremos del grupo de Pedro Chávarry, hay represión en Tía María, derrames de petróleo en la Amazonía, la injusticia frente a los feminicidios continua y estos aumentan, el fujimorismo retoma la presidencia del Congreso la Suprema amenaza con dejar libre a Keiko Fujimori…y la lista de problemas e inequidades no acaba ahí.

Hace un año, el mensaje presidencial abrió muchas posibilidades, pero las reformas propuestas se quedaron cortas ante tamaña red de corrupción. Lo que al final fue la Junta Nacional de Justicia ha quedado varada y sin salida a la crisis de los «CNMaudios» que involucra a los supremos, mientras que el Congreso fujiaprista los blinda sin vergüenza, y el delito de pertenencia a una organización criminal solo ha recaído en un supremo (Hinostroza), y nadie empuja algún remedio interno para que los “hermanitos” que fungen de fiscales supremos pierdan el poder. Y es que las reformas de la justicia nacieron sin dientes ni colmillos, igual que la “reforma” política. Mismo Congreso, mismo resultado.

¿Se puede hacer más desde el Ejecutivo para desatar el nudo judicial y fiscal que ocasionó la crisis de los CNMaudios? Sí, hay 8 proyectos de ley que son claves y podrían ser parte de una nueva cuestión de confianza. Uno que promueva la suspensión de los supremos que estén investigados por presuntos actos de corrupción y pertenencia a criminalidad organizada, otro que proponga las bases para procesos transparentes y participativos de elección de presidentes del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación; uno más, que retome los procesos de elección de los representantes judiciales y fiscales supremos en otras instituciones (como el Jurado Nacional de Elecciones y la AMAG).

Pero hay más. Se necesita un proyecto que dé máxima publicidad a los espacios de decisión como las salas plenas o las sesiones de las juntas de fiscales supremos; otro que promueva la creación de un equipo especializado en la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno para el estudio y denuncia de presuntas redes de corrupción o intereses privados que violan el derecho de acceso a la justicia y la independencia del sistema. Además se requiere un proyecto de ley que transparente el comportamiento de los abogados y estudios de abogados en cada etapa de las investigaciones y procesos judicial; asimismo una propuesta normativa para promoción y defensa del periodismo de investigación y un último proyecto que saque del hoyo en que se encuentra a la Junta Nacional de Justicia.

El propio Vizcarra ha dicho que no se puede dejar de lado la lucha contra la corrupción. Y sin duda el desafío es revertir esta situación. Pero hay uno aún mayor: evitar que el crimen organizado con la señal de impunidad y la toma de la Fiscalía se anime a más cooptación.

El Perú no es México, pero estamos siguiendo sus pasos. Por ello, la criminalidad organizada y las economías ilegales en triangulación con la política pueden (y vaya que lo harán) avanzar en la cooptación de la cual es mucho más difícil de salir, porque nos lleva a círculos de muerte casi cotidiana de funcionarios, periodistas, y líderes sociales o quienes alcen su voz. Y hacia allá vamos si esto no se detiene a tiempo.

Recordemos que el caso de «los Cuellos Blancos» se desprende de los hallazgos de un caso de sicariato y narcotráfico. César Hinostroza viene siendo investigado por corrupción pero nadie recuerda que en la Corte que presidió (y en las que estuvo) hay muchos casos relacionados a ese delito, y que en el breve tiempo que fue sacado del Poder Judicial patrocinó -por lo menos- un caso de tráfico de drogas… y hay campañas políticas sobre las que aún no sabemos de dónde salió el dinero, aunque hay rastros en informes de la DEA o en noticias de casos como Limasa y otros.

Hace un año Vizcarra tuvo un discurso que dio en el clavo porque se centró en la lucha contra la corrupción y reconoció la importancia del periodismo de investigación y de la  movilización ciudadana.  Hoy, teniendo en cuenta que el mayor obstáculo para procesar a la red de los supremos es el actual Congreso, también acertó en apuntar a él. El cierre del Congreso era una opción constitucional, pero optó por una reforma constitucional que debe aprobarse en un referéndum, un camino más largo y más riesgoso. Y más allá de cual sea el desenlace lo que no debe evadirse es que la justicia requiere de nuevos esfuerzos y planteamientos urgentes del Ejecutivo y de todos los que puedan presentar iniciativas legislativas, mientras estas no se den, desatar el nudo de la impunidad será cada vez más difícil.

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Ya antes hemos sido foco de atención. No es usual que un país tenga, como investigados o procesados por corrupción, a todos los presidentes que lo han gobernado. Tampoco es común que el líder histórico del partido político mayoritario y con mayor poder hasta el día de hoy, haya sido sentenciado, indultado y devuelto a prisión luego de un indulto trucho por mandar a matar en la década pasada a estudiantes y heladeros, además de haber secuestrado a un empresario y a un periodista, Gustavo Gorriti. Y que su hija, la heredera (aunque no exclusiva) de la histórica antipolítica peruana, también esté en prisión (aunque preventiva).

El año pasado el Perú dio una muestra más de lo que puede hacer. Luego que su periodismo de investigación revelara los CNMaudios de la vergüenza en medio de los destapes de corrupción en el Congreso, cayeron los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, empresarios, un presidente del Poder Judicial, un Ministro de Justicia. Luego vendría la caída que parecía imposible, del hoy ex Fiscal de la Nación. Pedro Chávarry. Y todo eso, sin contar en que por dos oportunidades este país logró salvarse de una nueva presidencia fujimorista, dejando de lado en el camino también a PPK.

Todo eso lo logró nuestra gente en la calle. En un país con poco sostén institucional para combatir estructuras corruptas y asesinas, nada, absolutamente nada, se hubiera movido sin la pisada firme en la calle. Estudiantes, familiares de víctimas, mujeres, organizaciones sociales de base, representantes de pueblos indígenas, trabajadores, profesionales, amas de casa, ciudadanos, fueron los que marcaron la diferencia; mostrando la dignidad que nuestro pueblo tiene. Todo esto no fue sin desacuerdos y debates profundos dejados de lado al final de cada movilización social, a los que obligatoriamente debemos de regresar, más temprano que tarde. Pero, seguíamos ( y seguimos) en la lucha demostrándonos que sí se puede, con todo el reto que significa organizarse y salir con fuerza y contundencia con un Estado que no prepara a los ciudadanos a preocuparse por lo público ni pensar en real progreso.

Muchas veces se ha jodido el Perú. Pero hoy estamos en una de esas coyunturas en que podemos virar y cambiar un poco esta historia de saqueos constantes.

La justicia le pisa los talones a Alan García, al fin, luego de tantos años que involucran una huida al extranjero, la prescripción impune de delitos, una labia mentirosa, fiscales que no le investigaron bien y jueces que a pesar de estar impedidos participaron del cierre de prometedoras investigaciones, como aquellas  de la Megacomisión, y todo eso, manteniéndose en el poder ahora con socio fujimorista incluido.

Al fin, y de forma objetiva y con serios indicios, podemos contar los días para que Jorge Barata hable, y podemos ver que hay fiscales que no se amilanan frente a un objetivo que, como dice el mismo investigado, es histórico. Pero de ese mismo nivel de avance, es el nivel de la desesperación y el ataque de quien se siente acorralado.

García y la maquinaria que lo secunda ha arremetido estos días contra IDL-Reporteros con difamaciones y mentiras, y sobre todo contra Gorriti en una contraofensiva (claramente lo señala Gorriti en “Hasta aquí: Frente a la matonería, la decisión”), porque sabe lo que se viene, si no logra impedir que los periodistas sigan descubriendo e informando la verdad que están empeñados en entregar sin reservas.

En ese punto de la viada anticorrupción, la agresión física al fiscal José Domingo Pérez y los ataques directos al periodismo, marcan una nueva y peligrosa etapa: aquella donde se está dispuesto a todo con tal de mantener todo tal como está. Ahora, un vocero fujimorista y agresor convoca para un “plantón” en las propias oficinas de IDL-Reporteros ¿Por qué es tan grave esta nueva etapa? Porque en ella se está construyendo un choque agresivo, antidemocrático, antiderechos, impulsado y promovido por quienes buscan mantener su impunidad.

No hemos llegado hasta aquí, para que una turba política de siempre, que aun está en el poder, nos quite lo arrancado.

Todos los logros de la lucha contra la impunidad fueron así, en las calles, y así nos toca ahora retomarlas; más aún cuando el impresentable Becerril hace un llamado a supuestas contramarchas tratando de borrar la memoria de quién es quién en la corrupción del Perú.

Este es el momento de reorganizarnos a paso firme, porque la corrupción y sus prácticas son el origen de muchas de las desigualdades que vivimos. Y aunque Vizcarra no le haya dado este año el espaldarazo que merece la lucha anticorrupción -desviando la agenda política hacia nuevas vulneraciones de derechos- los ciudadanos y ciudadanas que salieron y saldrán a las calles, verdaderos autores y autoras de los cambios que hemos tenido, no vamos a permitir que se retroceda ni que se violente a nadie, mucho menos que otra vez se joda el Perú y que se sigan quedando con sus cuotas de poder los empresarios y políticos corruptos. Ellos deben dejar de conducir el país tras bambalinas, y con ellos debe ser cancelada para la siempre la forma en que han cooptado nuestros destinos. Y la caída de García es un muy buen e histórico punto de partida.

La organización, los piquetes informativos y las calles nos esperan.

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Chavarry es  un producto de  la cultura  de ese mundo institucional, donde se combinan la jerarquía fiscal mal entendida (casi como el besamanos que aún persiste entre los jueces), el secretismo, la falta de mecanismos abiertos y reales de evaluación del desempeño y fiscalización, los grupos formados desde la universidad que persisten y se agrandan en redes más dispersas, el desprecio por la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación, y el escaso valor que se da a siquiera cumplir con las garantías de  ser y/o parecer imparcial. Y este conjunto de elementos son los que le permiten seguir ejerciendo el cargo de fiscal supremo.

No es solo la impunidad que le sigue otorgando la mayoría fujimorista y sus aliados, no solo es la impunidad de la ausencia de normas que el mismo Congreso no aprobará, para ajustar los controles entre los propios fiscales supremos para que decidan su salida (un proyecto de ley que se asemeja al ya propuesto por el juez supremo Víctor Prado, o algunas propuestas en el marco de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público).  No es solo eso, es también la omisión que se ha dado, paso a paso, en el avance de su carrera fiscal.

Ella ha tenido puntos claves, en los que al día de hoy no hay responsabilidades ni saneamiento normativo para que no vuelva a pasar.

Por ejemplo: en su proceso de selección y nombramiento. No ocupó el top de los puestos del Cuadro de Méritos. Eran tiempos en que César Hinostroza, Mateo Castañeda, Pedro Angulo y Carlos Ramos buscaban ser fiscales supremos. Los dos primeros no fueron elegidos porque se logró revelar públicamente los graves problemas de sus perfiles. Y Chávarry tampoco era uno de los mejores. En ese procedimiento, el entonces presidente del CNM, Edmundo Peláez, de conocidos vínculos familiares con el aprismo, se abstuvo de participar del proceso por su parentesco espiritual con Chávarry. La inhibición, debió ser obviamente de todo el proceso, desde la convocatoria hasta la juramentación, pero no fue así. Peláez firmó el acta de juramentación, violando así la norma, y convirtiendo en ilegal el acto de asunción de Chavarry como f

El segundo hecho relevante fue su elección como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. La salida de cualquiera que no fuera el favorito (Carlos Ramos) para ser elegido como Fiscal de la Nación por, según los medios de entonces, José Peláez; era dejarles la cancha para que Ramos se encumbre como máxima autoridad del Ministerio Público en pleno escándalo de “La Centralita”. Ramos y Peláez, los principales denunciados, pasaban a ser cabezas. En aquel momento Chávarry señaló que renunciaría como lo hizo la entonces fiscal suprema Gladys Echaíz, pero no fue así. Asumió el cargo en el JNE, y de esta manera le dio legitimidad a la elección de Ramos. ¿Alguien asumió entre los fiscales supremos esa responsabilidad? No. ¿Luego de esa fracasada y oscura elección de Ramos como Fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos, o algún fiscal supremo, o el Congreso; presentó una propuesta de reglamento para corregir el problema? No.

Y sin reglamento, se llegó a la elección de un nuevo Fiscal de la Nación, en el 2018. Por ello, la elección se hizo bajo los criterios de la palabra prometida y la “antigüedad”. Le tocó a Chávarry a pesar del serio cuestionamiento que lo involucraba en una red delictiva, recibiendo ayuda del juez supremo estrella del escándalo de los CNMaudios. Eso debió ser suficiente para no ser elegido, pero algunos de sus pares votaron por él. Eso sí, quienes votaron por él también estaban siendo cuestionados por el informe de la fiscal Sandra Castro. ¿Dónde están estos fiscales, Chávarry, Rodríguez y Gálvez ahora? Siguen en la Junta de Fiscales Supremos. No pasó nada.

La historia no acabó ahí, a fines del 2018, la medida provisional de suspensión de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, encabezada por el abogado Ayala. La decisión que tomó más tiempo del razonable tenía las tres firmas requeridas. La razón: Chávarry mintió más de una vez y a nivel internacional sobre su reunión con Hinostroza y medios de comunicación. La suspensión simplemente no se ejecutó. El Tribunal de Honor, la Decana, y otro directivo, violaron los procedimientos, el derecho de defensa e información de la parte denunciante, y terminó sacando a Ayala; indicando públicamente -violando la imparcialidad del decisor al menos antes de decidir la causa-  que lo hecho estaba errado. Hoy, Ayala está fuera del caso, con varias denuncias encima, las mismas que podrían poner en franco retroceso todas las medidas cautelares de suspensión emitidas por el caso de los CNMaudios. Mientras, el Tribunal de Honor sigue ahí con Mario Amoretti y Fernando Vidal Ramírez, a pesar de haber violado su imparcialidad en el caso. Nuevamente nada sucedió.

Pero, la medida de suspensión se emitió; y era ejecutable aunque fuera apelada. Fue comunicada a la Junta de Fiscales Supremos durante el interinato de Zoraida Ávalos. Y se debió ejecutar, sin siquiera poner a votación de los fiscales supremos por una simple razón: la ley orgánica de la carrera fiscal indicaba que para ser fiscal supremo se debía estar habilitado y punto. Pero una vez más nada ocurrió y Chavarry sigue en siendo fiscal supremo.

Y así llegamos al final del 2018, y a pocas horas del año nuevo, y sin una razón sujeta a derecho, Chávarry retiró del caso Lava Jato a los fiscales José Vela y Domingo Pérez, luego de una evidente campaña de desprestigio y obstaculización a quienes estaban avanzando sobre dos actores políticos claves: Keiko Fujimori y Alan García. La medida al final fue revocada por la enorme protesta ciudadana, pero nada pasó por este grave hecho, ni una sanción ni llamada de atención;  a pesar que ello había retrasado el cronograma de las diligencias para la firma del convenio con Odebrecht para la recepción de información. Luego al ser ya insostenible para Chavarry mantenerse como Fiscal de la Nación dejo el cargo, usando un mecanismo que al parecer es garantía de impunidad: la renuncia. ¿Algo pasó con Chávarry, se tomó alguna medida disciplinaria por todos estos hechos? Una vez más la respuesta es no.

Ahora todo está encarpetado en el Congreso de mayoría fujimorista, donde el socio sigue siendo el Apra. Zoraida Ávalos ha sido elegida Fiscal de la Nación hasta el 2021, con los votos de todos los supremos, incluido el de Chávarry. Mientras, todo lo anterior sigue impune yen la junta de fiscales supremos siguen bien tranquilos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.

Hay un statu quo de ilegalidad e impunidad en todo lo narrado. ¿Hasta cuándo? No hay normas que lo subsanen, la Junta Nacional de Justicia es aún un campo de batalla obligado por la impunidad; ni mucho menos hay sanciones y retiros del Ministerio Público que puedan garantizar que las investigaciiones Lava Jato y Lava Juez no caigan. Y esto, a pesar de haberse mejorado el panorama con la titularidad de Ávalos al mando de la institución. Las investigaciones son largas, aun no ingresan a juicio, no se sabe a ciencia cierta si hay topos que filtren información a los investigados, y sobre los fiscales de Lava Jato aun pesan incomprensibles investigaciones disciplinarias… y eso sin duda lo sabe Alan García, quien sigue siendo el principal beneficiado de toda esta historia.

Mucho ojo. No dejemos de insistir en que los hechos descritos queden  en la impunidad.

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La particularidad de esta lucha es que en el otro bando, además de los empresarios nacionales e internacionales, los expresidentes del país, los congresistas fujimoristas y apristas; tenemos a jueces y fiscales que siguen en la Corte y en la Fiscalía Suprema. Los CNMaudios revelaron parte de esa red de interés, y lanzaron la pregunta: ¿para cuándo las investigaciones y sanciones a los jueces y fiscales que sirven de instrumento a las redes de corrupción y al crimen organizado? La pequeña purga que hubo con la caída de Fujimori no garantizó su no repetición. Que Hinostroza Pariachi esté en proceso de extradición no basta, más aún teniendo un informe de la fiscal Sandra Castro que apunta a actuales supremos en el poder, algunos de los cuales acaban de elegir al nuevo Presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros.

Es una situación que no ocurre sólo en nuestro país. En Brasil, donde el empresariado aprovechó su dinero para hacer de la corrupción una moneda de cambio en donde fuere recibida, la periodista Malú Gaspar escribió un artículo en la revista Piauí titulado “Dónde están las togas”; diciendo en alto un secreto a voces: “¿si había corrupción por todos lados, cómo así los magistrados no hicieron nada?” La pregunta alcanza a todo el sector jurídico, desde la academia hasta los litigantes. En nuestro país esta realidad ha comenzado a ser escudriñada en el caso más importante de corrupción, por ejemplo, con la denuncia que el fiscal José Domingo Pérez ha hecho sobre los abogados de Keiko Fujimori, bajo la tesis del evidente conflicto de interés y de presunta complicidad.

Así es como el sector jurídico se vuelve, literalmente, en el  enemigo en esta batalla histórica. Los abogados piensan su deber con el acceso a la justicia como una mercancía; mientras que jueces y fiscales se convierten en “abogados” de los investigados. Y lo hacen en diferentes formas: con discursos de desconfianza sobre quienes sí investigan y sancionan, cambiando de plazas bajo el nunca bien motivado formalismo del “necesidad del servicio”, restándoles o negándoles recursos para su labor, ahogándolos con investigaciones inmotivadas y papeleos innecesarios en plenas audiencias trascendentales de sus casos, aislándolos, y por último reinterpretando el derecho de forma literal para sacarlos de sus cargo. El mundo al revés.

Por esta razón, cada paso ganado en esta larga lucha debe protegerse. Uno de las batallas ganadas, además de la reincorporación de los fiscales Vela y Pérez o el mantenimiento de las fiscales Castro y Sánchez; es la posibilidad de que la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) revise y declare nulas las decisiones del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, para deshacer los frutos del pacto corrupto, y porque esa revisión compromete a los magistrados supremos ligados a “Los Hermanitos”. Todo lo que impida llegar tarde, y/o mal, a ese momento marcado por el inicio de funciones de la JNJ, es cómplice de esas redes que se quieren sancionar.

Un obstáculo es el actual presidente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si bien la JNJ tiene serios problemas que no necesariamente la hacen mejor que el CNM (eso va a depender de la vida que le den los nuevos “consejeros” a la ley orgánica y lo que les exija la sociedad civil), lo que el señor Lecaros debe hacer es proponer y apurar la limpieza de toda presencia de “los hermanitos” en la Corte Suprema. Nada de eso se escucha y por el contrario, Lecaros acaba de decir que se luchará por la inconstitucionalidad de la evaluación parcial del desempeño (cada tres años y medio) que la norma propone, así como por la anulación de las ratificaciones (que son cada 7 años).

Debe saberse que la evaluación del desempeño de los jueces fueron batallas ganadas por la Ley de la Carrera Judicial en el año 2008, y  sirve para evaluar qué tan bien están haciendo su trabajo los jueces . Y si no lo están haciendo bien deben dejar el cargo. El instrumento, si bien al inicio fue mal usado (hubieron decisiones no motivadas), cuando es ejercido debidamente es una herramienta esencial para que la magistratura sea eficiente y rinda cuentas a la ciudadanía. Este rol fue  corroborado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso “Jaime Amado Álvarez Guillén”, del 2004. Es gracias a ese mecanismo, por ejemplo, que pudo ser retirado un puñado de jueces cuestionados por sus sentencias en casos de violaciones de menores de edad, o el ex juez Gastón Molina del Callao, o el ex juez supremo Robinson Gonzales quien se vio involucrado en el caso Orellana. Lecaros, hoy, es quien se opone a ese mecanismo y todo su potencial.

La JNJ deberá revisar por ejemplo los nombramientos de jueces y fiscales supremos de los años  2015 y 2017. En el 2015 fueron nombrados César Hinostroza y Ángel Romero -en la formalidad ex partidario del APRA- quien fuera uno de los votos que hizo que Lecaros ganara la presidencia del PJ en diciembre pasado. Lecaros, como tal, será uno de los 7 que elegirá a los nuevos integrantes de la JNJ (que evaluarán el nombramiento de su votante), y es quien hoy está reclamando (en contra de lo que dice la ley) que él debe presidir ese Comité de Selección. Nada más perverso, si recordamos quiénes votaron para que esté donde esté, si recordamos que dijo no ver delito en los audios de Chávarry, y que ahora está yendo en contra del mecanismo de la colaboración eficaz que ha sido clave en el caso Lava Jato.

¿La JNJ hará algo con los supremos relacionados a “Los Hermanitos”? ¿Lecaros hará algo contra la impunidad de los supremos involucrados en el informe de la fiscal Castro? El que haya dicho que lo que ahora interesa es que las universidades hagan una buena elección de sus dos integrantes para la Comisión que elegirá la JNJ, con esos antecedentes, más suena a amenaza que a interés legítimo de una mejor justicia. Dicho sea de paso, el mecanismo de elección de universidades para esta instancia de justicia, que permitió la infiltración en el exCNM, sigue siendo en esencia el mismo.

La JNJ no es lo que el Perú necesitaba luego de la gravedad del escándalo revelado por los CNMaudios. Y si bien parte de esa responsabilidad es del presidente Vizcarra, como proponente de la fórmula legal aprobada; y si bien se le debe reclamar por no haberse esforzado por lograr algo mejor en el debate congresal, tampoco se puede decir que quien vaya contra ella es por un deseo genuino de una mejor justicia. Tras Lecaros están los votos de supremos comprometidos con los CNMaudios, ganó el cargo por primera vez en la historia sin la mayoría de los votos (le ganó el blanco/viciado), y a pesar de que indica que hay una Comisión de Ética del Poder Judicial que verá esos casos, nada asegura que habrá sanción.

En esta nueva etapa, donde la ley orgánica de la JNJ acaba de ser promulgada sin perspectiva de mejoras a nivel legal en el corto plazo, toca impulsar que se haga lo mejor con lo que hay. Eso es: 1) Que los rectores universitarios elijan, con posibilidad de tachas y con transparencia, al o la mejor entre ellos y que no esté ligado a los intereses ni de Acuña ni de Luna ni de Ramírez ni de alguien parecido, 2) Que Zoraida Avalos como Fiscal de la Nación llegue a integrar esa Comisión de Selección de la JNJ, 3) Que se cuestione la participación de Lecaros pues no da la mínima garantía de imparcialidad , 4) Que se vayan perfilando las mujeres y los hombres que pueden dar la lucha contra la corrupción desde la JNJ, 4) Que comiencen las denuncias públicas sobre las decisiones del CNM que deben ser anuladas, con toda la información acumulada que tenga este organismo.

No dejemos que los cómplices de la corrupción nos lleven a un debate “hasta las calendas griegas» como decía Vladimiro Montesinos. Y no bajemos la guardia. Mientras estemos alertas y vigilantes a lo que ocurre en la Corte Suprema y en la Junta Nacional de Justicia, podremos lograr que la balanza se incline del lado de la justicia. ¡No bajemos la guardia!

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