Efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional detuvieron al empresario Luis Amancio Ranilla Llanos. Fue aproximadamente a las 10:45 p.m. de este miércoles, en la plaza de armas de Moquegua.

Lo intervinieron justo en el momento en que entregaba un sobre con 7 mil soles al gerente de Asesoría Jurídica. El funcionario Carlos Murillo Tapia, es abogado del Gobierno Regional de Moquegua (GRM).

Con este soborno pretendía que el funcionario le evite una penalidad por el incumplimiento de un contrato.

Funcionario honesto

Ranilla Llanos es el representante legal de Consorcio Eduardo con sede en Lima. Está integrado por las empresas Corporación Hallibur SAC y Dalse SA. La gestión anterior le adjudicó al consorcio una orden de servicio para el suministro de equipos por un valor ascendente a 2 millones de soles.

La contratista tenía que proveer herramientas para la implementación de los talleres del instituto superior tecnológico José Carlos Mariátegui. Este se encuentra ubicado en el distrito de Samegua.

Según el contrato, debió entregarse los materiales al instituto hasta el 15 de marzo del presente año. Debido al incumplimiento, el GRM estaba en el derecho de ejecutar la carta fianza por un monto superior a los 200 mil soles y resolver el contrato.

Intervención tras soborno

Por lo indagado, el empresario decidió frecuentar al asesor jurídico. En una de sus visitas, propuso pagarle 30 mil soles a cambio de que emita un informe legal favorable al consorcio.

Buscaba que, por el soborno, recomiende como improcedente la aplicación de la penalidad, para que le amplíen el plazo. Pero Murillo Tapia lo denunció.

Acudió a la Dircocor y la Fiscalía Anticorrupción para poner en alerta sobre el hecho. Junto a la Policía, citó al proveedor en la plaza principal de la ciudad. Así fue que cuando Ranilla llegó al lugar acordado con el dinero, intervinieron los agentes policiales.

Fue trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción. El titular de la Primera Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, Emilio Salas, realiza la investigación por el delito de cohecho.

Historial de Ranilla

De acuerdo a su historial, Ranilla Llanos es proveedor desde hace tiempo del GRM. En el 2008, representó al consorcio Quimilabsa SA y fue contratado por el Gobierno Regional del Callao para proveer kits deportivos destinados a un programa de capacitación docente.

De igual forma, en el 2011, con el consorcio Dalse-Proiinco, le adjudicaron la obra de construcción de un reservorio de agua potable en el anexo de Bujama Baja -Distrito de Mala en Cañete-Lima, por más de un millón de soles.

(Fuente: La República)

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El lamentable accidente de tránsito se produjo la noche de ayer al promediar las 23:00 hrs. en el kilómetro 105 de la costanera sur, a la altura de la playa “Tronco de Oro” cuando el auto de placa BK – 8150 conducido por Eloy Coaquira Ticona (35) impactó contra la parte posterior de un camión de placa YK-1398.

Hasta el lugar del choque fatal llegaron hasta 3 unidades del cuerpo general de bomberos de la ciudad de Ilo junto a 15 voluntarios quienes tuvieron a su cargo los trabajos de rescate.

Asimismo se confirmó el deceso del chofer del auto y los pasajeros Pascual Pedro Villanueva Flores, Gladis Hilda Cahuna Manuel, Juan Oswaldo Vilca Velásquez (43) y su esposa Marina Ramos Asqui (36).
 
Por su parte los fallecidos, tras ser rescatados de entre los fierros retorcidos, fueron trasladados hasta la morgue central de Tacna donde se constató que el fallecido Eloy Coaquira Ticona (35) era el padre de la pequeña Michel Coaquira (09) quien sufrió la amputación de un pie el pasado 18 de agosto cuando descendía de la línea 8 en la esquina de las avenidas Pinto y Coronel Mendoza, para dirigirse a la I.E. Carlos Armando Laura. 

Mientras que el herido, en un primer momento fue trasladado hasta el hospital de Ilo y luego derivado hasta el nosocomio Hipólito Unanue. (Radio Uno)

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Moquegua. Con 17 millones y medio de toneladas de cobre, es la región con las mayores reservas de este mineral a nivel nacional.

Pese a que la mina de Quellaveco enfrenta actualmente la oposición de agricultores y población de la zona, el director de Promoción Minera del MEM, Henry Luna, precisa que este proyecto de Anglo American Quellaveco S.A., comenzará a operar en el 2014 ascendiendo su producción de cobre proyectada por año a 225 toneladas métricas finas (TMF). “Ya cuenta con su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y se encuentra en etapa de construcción”, declara.

Durante su participación en el Primer Seminario de Actualización Periodística 2011 “Minería y Desarrollo Regional”, que se realizó en un conocido hotel de la referida ciudad, el funcionario detalló además que el proyecto de cobre y molibdeno “Los Calatos”, que pertenece a la compañía australiana Metminco Limited, triplicará sus recursos pasando de 262 millones de toneladas, a 926 millones de toneladas; siendo la inversión estimada para poner en marcha el yacimiento de 2 mil 200 millones de dólares.
“Es un proyecto de clase mundial, de alto tonelaje y baja ley, con capacidad de tener una vida minera de 30 a 40 años, según un informe de la empresa BGF Equities Research”, aseguró.

Fue al señalar que con 17 millones 541 TMF de cobre, Moquegua es la región que cuenta con las mayores reservas de cobre a nivel nacional.

En el campo. Población no acepta instalación de proyectos.

Henry Luna también se refirió al proyecto Chupaca, ubicado en el distrito de Ichuña de la provincia General Sánchez Cerro, señalando que el recurso localizado hasta el momento suma 83,7 millones de TM, con una ley de oro de 1,9 gramos por TM, 0,09 por ciento de cobre y 8,2 gramos por TM de plata.

“Esto representa un total de 5,6 millones de onzas equivalentes de oro, con un valor aproximado de 6 mil 900 millones de dólares. Son accionistas en este proyecto Gold Fields, de Sudáfrica con el 51 por ciento y Buenaventura, del Perú con el 49 por ciento, que es el operador de esta prometedora mina”, detalló.

Comentó además sobre los alcances del proyecto de ampliación Cuajone/Refinería y Fundición de Ilo, de Southern Perú Copper, cuya empresa matriz es el Grupo México, indicando que el inicio de sus operaciones está previsto para el año 2012, siendo el cobre el mineral predominante.

“La producción proyectada por año es de 38 mil toneladas métricas finas de cobre”, añadió.
Luna Córdova dijo que las actividades de la empresa Canteras del Hallazgo S.A.C, la cual realiza trabajos de exploración en el distrito de Ichuda en la provincia General Sánchez Cerro, tiene previsto iniciar operaciones para el año 2015, con una producción anual de 341 mil onzas de oro.

Finalmente destacó la contribución de la minería al desarrollo económico y social de Moquegua. “Se refleja en la generación de empleo directo bien remunerado y de empleo indirecto”, dijo y señaló que el aporte económico efectivo de dicho sector para un mejor nivel de la población ha sido de 363 millones de soles sólo en el año 2010, por concepto de canon minero, regalías y derecho de vigencia.

El aporte económico efectivo de la minería ha sido de 363 millones de soles en el año 2010, por concepto de canon minero, regalías y derecho de vigencia”

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Campaña. Unos 15 mil lotes de vivienda fueron habilitados por la gestión de Torres.

Los títulos que han sido observados fueron gestionados por Luis Torres Robledo y dejados para su firma a su sucesora Dany Salas, cuando el burgomaestre renunció al cargo para poder postular a una reelección.

Pero el encargo se cumplió irregularmente, según ha detectado la Sunarp. En lugar de la firma original de la alcaldesa, los documentos llevan una firma en sello, escaneada o fotocopiada; además de huellas digitales y firmas de los adjudicatarios que no guardan relación con la base de datos de Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil).

-Somos conscientes de la intranquilidad y pánico en que han entrado miles de pobladores que han adquirido los predios en sorteos públicos ante el municipio… hemos indicado que ante la solicitud de 4 o más adjudicatarios, puede venir a Tacna el Tribunal Registral con sede en Arequipa, sin costo alguno”, explica el jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Tacna, Edilberto Cabrera Ydme.

Títulos
Entre los años 2009 y 2010, el programa de saneamiento del municipio habilitó un aproximado de 15 mil lotes. Estos lotes luego fueron adjudicados por la autoridad edil, en aplicación de sus normas administrativas internas. Así, durante su gestión, Luis Torres Robledo entregó personalmente los títulos de propiedad a las familias del sector de Viñani.

Inclusive, Torres aprovechaba sus visitas y se comprometía a instalar redes de agua y desagüe. Cuando Torres renuncia a la alcaldía para postular a la reelección; su sucesora, Dany Salas, continuó con la entrega de títulos de propiedad.
A partir de los primeros días de enero, estos títulos comenzaron a llegar a los Registros Públicos. La desazón de los pobladores comenzó cuando la inscripción fue denegada por parte de los registradores, debido a que los títulos estaban con firma escaneada, fotocopiada y en sello.

Esta observación fue enviada a los funcionarios competentes de la municipalidad, por ser esta institución la que emitió los documentos. Para subsanar las observaciones, la municipalidad presentó los documentos originales que fueron contrastados con los que tenía el Registro Público, encontrando gruesas diferencias.

Las firmas estaban en otra posición, las fechas eran diferentes y en algunos casos el formato era distinto. Esto provocó en los registradores una duda mayor. Es así que la oficina de Registros Públicos pide a la municipalidad que confirme la autenticidad de los títulos emitidos por la anterior gestión.

Si la municipalidad reconoce que son auténticos, serán inscritos; de lo contrario, serán tachados y se remitirá informe sobre el hecho al Procurador zonal de Sunarp para que investigue el caso. De comprobarse que los títulos son falsos, la Procuraduría denunciaría ante el Ministerio Publico al ex alcalde Luis Torres Robledo y a la ex alcaldesa Dany Salas.
Unos 800 títulos han sido objetos de observación. Hasta la fecha, la municipalidad no ha respondido.

Sunarp. Jefe zonal pide al municipio que responda por autenticidad de títulos.

Si la municipalidad reconoce que son auténticos, serán inscritos; de lo contrario, serán tachados y se remitirá informe sobre el hecho al Procurador zonal de Sunarp”

PROTESTAS
El pasado lunes, unos dos mil pobladores afectados de Viñani realizaron una marcha de protesta. Primero llegaron hasta el local de la Sunarp y luego se dirigieron a la sede de la Municipalidad Provincial de Tacna para recriminar al alcalde, entre gritos e insultos, el haber detenido el proceso de titulación de los terrenos ubicados en el Programa Municipal de Vivienda “Señor de los Milagros”, por supuestas irregularidades en la documentación.

Los dirigentes de este programa de vivienda denuncian que las acciones de la municipalidad tienen como fin revertir los más de 2 mil lotes aún no titulados en esta zona, según indicó Cesar Viera, secretario de organización.

El fin de semana, los regidores de la municipalidad provincial de Tacna, mediante un pronunciamiento, rechazaron la reacción violenta de los integrantes de la Coordinadora de Asociaciones de Vivienda, Talleres y Mercados, en su protesta del lunes; y piden que se identifique a los responsables.

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Mina. Pobladores se reunirán el 22 de marzo para iniciar protestas.

Patricio Illacutipa, miembro del Comité Transitorio en Defensa del Sur, refiere que durante la audiencia pública de fines de febrero no estuvo la totalidad de pobladores de las 18 comunidades. “Solamente una parte de 4 comunidades aceptan el proyecto y lo que está haciendo la empresa es engañar a la población, porque este proyecto no beneficiará en nada a la población de Huacullani”.

Walter Aduviri, presidente de este Comité y dirigente del Comité de Lucha del Sur de la región, aseguró que “a como dé lugar” la empresa minera quiere posicionarse de la zona, ya que en un inicio dijo que sólo iba a realizar trabajos de exploración.

“Estamos firmes y no negociaremos. Por ello, la empresa sí o sí tiene que retirarse de la zona, para ello tiene plazo hasta el 22 de marzo”. Además, dijo que el informe del Estudio de Impacto Ambiental sólo está publicado en inglés, por ello los pobladores no pueden acceder a su lectura.
Rufino Machaca, poblador de la zona, afirma que la empresa minera está tratando de enfrentar a las comunidades. “La población de esta zona está muy descontenta en contra de la minera porque siempre ha actuado de manera discriminatoria con los pobladores del lugar”, indica.

Por su parte, Antonio Balestrini, gerente del proyecto minero Santa Ana, indica que el pasado 23 de febrero en audiencia pública, donde participaron alrededor de mil personas, presentaron el Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la ejecución del proyecto de explotación de plata.

“En este evento los pobladores dieron su apoyo al proyecto. Sin embargo, pobladores de zonas alejadas conducidos por dirigentes que tienen sus razones buscaron hacer una convocatoria para oponerse al proyecto”, refiere
Así mismo, dijo que el informe será traducido y publicado en el idioma aymará para que la población pueda leerlo, y se enteren realmente en qué consiste este proyecto.

«En la audiencia, los pobladores dieron su apoyo al proyecto. Sin embargo, pobladores de zonas alejadas conducidos por dirigentes que tienen sus razones buscaron oponerse al proyecto”.

ESTÁ A FAVOR
A pesar de la oposición de la población, el director regional de Energía y Minas, Jesús Oved Álvarez Quispe, se mostró a favor de la explotación de metales por parte de la Empresa Minera Santa Ana, en el ámbito de los distritos Kelluyo y Huacullani.

“La minera está cumpliendo con toda la normatividad para realizar sus labores de exploración”, dijo el funcionario, al referir que esta institución ha realizado el Estudio de Impacto Ambiental y tienen claro que no contaminarán el medio ambiente.
Respecto a la oposición de la población para que esta empresa se instale a fin de explotar plata, respondió que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos y obligaciones que le pide la ley.

“El gobierno regional ha dicho que debe haber una minería responsable, y la empresa minera Santa Ana cumple con ese pedido”, dijo el director regional de Energía y Minas en claro apoyo a esta empresa, que en los últimos días ha despertado rechazo en los pobladores quienes piden el retiro definitivo de esa minera. (Agencias)

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Ilave. Juicio ha comenzado, pero no avanza.

Con la finalidad de que los implicados en este caso se pongan a derecho o se defiendan ante el Ministerio Público, el viernes comenzó la audiencia pública, presidida por el juez superior Reynaldo Luque Mamani, ex presidente de la Corte Superior de Puno.

La audiencia por el proceso penal fue abierta en contra de 35 personas, entre ellas Valentín Ramírez, Alberto Sandoval, Teófilo Contreras, Marcelino Aguilar, Encarnación Arce, Galo Medina y Gilberto Olivera, además de otros, como presuntos autores mediatos del homicidio del calificado de Cirilo Robles Callomamani y otros.

Al culminar con el proceso de acreditación de los medios probatorios, el representante del Ministerio Público solicitó la suspensión de la audiencia para el próximo lunes 14 de marzo. Los jueces superiores accedieron.

Dentro de este proceso, que constituye un caso emblemático, sólo una persona está encarcelada, 41 han sido denunciadas; y de ellas, sólo 35 fueron incluidas en el juicio oral.

El ex regidor Arnaldo Chambilla muestra su indignación. “Cerca de 7 años de los hechos y hasta el momento no encuentran justicia ni se halla a los responsables. Más aún, los principales autores intelectuales y mediatos del hecho, como el ex teniente alcalde de esa provincia, Alberto Sandoval, continúan en libertad”, refiere.

Por su parte, Edmundo Inga Garay, abogado de los acusados, indicó que el juicio oral inició con varias omisiones. “Mis defendidos son inocentes. En ese hecho participaron más de 6 mil pobladores”, sostiene.

Al momento solo Valentín Ramirez Chino, ex presidente de la Central de Barrios, está encarcelado. La mayoría de los apresados fueron liberados principalmente por exceso de carcelería.

Como se recuerda, el 2 de abril de 2004, una enardecida turba de ilaveños asesinó a golpes a su alcalde, porque sus opositores lo acusaban de corrupto y le atribuían un sin número de malos manejos que finalmente no fueron demostrados.

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Rechazo. Un sector de la población no acepta el dialogo, sólo el retiro de la minera.

El presidente de la Junta de Usuarios de Torata, Manuel Juárez Quispe asegura que la población del distrito está molesta. El Gobierno Regional no ha considerado una mayor participación de las organizaciones agrarias y sociales del distrito, a pesar que en Torata se ejecutará el proyecto Quellaveco y será nuestra microcuenca la afectada, señaló.

El dirigente junto a un grupo de 400 agricultores y pobladores llegaron a Moquegua el último viernes para expresar su molestar y proponer cambios de actitud en la autoridad regional. No están de acuerdo con una mesa de diálogo que “resuelva los problemas de uso de agua de la empresa minera”. Lo que piden es que se instale una comisión técnica que determine si el proyecto cuprífero es viable o no; y que el proceso sea dirigido por el municipio distrital.

El vicepresidente regional Tomás Portilla y el gerente general Hugo Espinoza Palza se encargaron de calmar el ánimo de los marchantes. El presidente Martín Vizcarra fue el ausente. A esas horas sostenía otras reuniones de trabajo en la sede del Colegio de Ingenieros.

Los dos funcionarios escucharon y tomaron nota de los reclamos y propuestas. La preocupación principal es el impacto negativo en el recurso hídrico y la contaminación que acarrearía el proyecto minero al desviar el río Asana para dar paso a la explotación de su mina a tajo abierto.

Si en la mesa de diálogo se concluye que el proyecto es perjudicial, entonces no se le dará luz verde, precisa Hugo Espinoza. Pero los delegados del distrito no confían en el proceso, principalmente por el proyecto de reglamento que preparó el Gobierno Regional. Es que según el documento, entre los objetivos de la mesa de diálogo figuran “generar alternativas de solución para el abastecimiento y uso óptimo de recurso hídrico en el ámbito del proyecto, identificación y tratamiento de impactos ambientales y política de compensación”. Para el presidente del Frente de Defensa, Alex Sosa, estos objetivos revelan la intención de facilitar la actividad de Quellaveco.

Desde mediados de febrero, el Gobierno Regional alcanzó a las 22 entidades convocadas al proceso de diálogo, la propuesta de reglamento. La mayoría alcanzó –hasta fines de febrero- recomendaciones y observaciones. Éstas serán consolidadas y enviadas hasta este miércoles a las entidades convocadas a la mesa.

Una vez que se instale la mesa de diálogo, el Pleno decidirá la aprobación del documento definitivo que regirá el proceso. “El reglamento es perfectible, se puede modificar a partir de los aportes y observaciones, no buscamos favorecer a la empresa minera sino tener un diálogo alturado, analizar el tema y tomar decisiones”, replica el vicepresidente regional.
La reunión del viernes terminó sin actas ni acuerdos. Este lunes 7, el presidente regional Martín Vizcarra se reunirá con 10 delegados de organizaciones sociales y agrarias, de Moquegua y Torata, para evaluar sus reclamos y considerar alguna modificación en el desarrollo de la mesa de diálogo.

MESA Y DESERTORES

Pero la instalación de la también denominada mesa de concertación no se postergará por más tiempo. El periodo estimado para asentar la mesa es entre el 10 y 14 del presente mes. El gerente general del Gobierno Regional y presidente de la Comisión Preparatoria, Hugo Espinoza Palza asegura que la mayoría de entidades convocadas han acreditado a sus delegados y no habría razón para aplazar más el inicio del proceso.

De 22 instituciones, 18 ya habrían dicho sí a su participación. El Frente de Defensa y la Junta de Usuarios de Moquegua, descartaron asistir, pues en su opinión no hay equilibrio en la participación de las organizaciones sociales convocadas, ni garantía de imparcialidad en el tratamiento del tema. En opinión de ambos, la gestión de Vizcarra sólo quiere allanar el camino para que Quellaveco inicie operaciones.

Semanas atrás, el presidente regional señaló que se reemplazaría a los ausentes por otras entidades que piden su inclusión en el proceso.

Además de las Cámaras de Comercio e Industria de Ilo y Moquegua, la Universidad Nacional, Colegios Profesionales de Abogados e Ingenieros, las municipalidades provinciales de Ilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, la empresa minera Anglo American Quellaveco también figura en la lista de los integrantes del Pleno.

Espinoza asegura –sin embargo- que la compañía participará de las reuniones dependiendo de la agenda que elabore el Pleno de la mesa. No obstante, la empresa minera quiere participar desde el inicio del proceso para dar explicaciones referidas al impacto ambiental, uso de agua y afectación de cuencas, principal motivo de oposición en algunos sectores sociales.

En tanto, en cola hay pedidos de organizaciones del Valle de Tambo (Arequipa) y de la provincia de Ilo que piden participar en la mesa de diálogo. Su incorporación dependerá de la aprobación del Pleno.

NI VETO NI RESPALDO

El representante de la Defensoría del Pueblo en Moquegua, Hernán Cuba Chávez asegura que la mesa de diálogo no debe ser asumido como un espacio de veto ni espaldarazo a la empresa minera, sino de debate alturado y de análisis técnico. El hecho que el Gobierno Regional asuma ser facilitador del proceso de diálogo en una situación de conflicto socioambiental es la primera experiencia a nivel nacional que no debe politizarse, añadió. Esta semana, el Gobierno Regional exhortará a las entidades convocadas que acudan al proceso de concertación.

El Frente de Defensa y la Junta de Usuarios de Moquegua, descartaron asistir… consideran que la gestión de Vizcarra sólo quiere allanar el camino para que Quellaveco inicie operaciones.

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Denunciado. Tamayo asegura que tiene derecho a uso particular de vehículos oficiales.

El Decano del Colegio de Abogados de Tacna, Edwar Villa López, acusa al magistrado Augusto Tamayo Pinto-Basurco de utilizar una camioneta asignada para su uso oficial, en beneficio propio y a favor de terceros no autorizados. La denuncia fue presentada el pasado 17 de diciembre.

Dos meses y medio después, la Comisión de la Fiscalía Suprema ha iniciado la investigación preliminar por peculado de uso en contra del Fiscal Tamayo. Esta comisión tiene un plazo de 40 días, para recabar evidencias e información que corroboren o desestimen la denuncia presentada por Villa López.

“Las autoridades de las instituciones del Estado deben de dar el ejemplo, más aún si se trata de autoridades que combaten el delito”, sostiene Villa. La comisión viene observando videos de seguridad de la Fiscalía y tomando la declaración de los choferes.

Según explica Villa López, Tamayo utilizó vehículos oficiales en beneficio propio todos los días. Son vehículos que el Ministerio Público del distrito judicial de Tacna tiene asignados para uso oficial y apoyo a la labor de los fiscales y miembros de la oficina de Medicina Legal, para realizar diligencias, traslados e intervenciones a diversas horas del día o de la noche, preferentemente de las fiscalías de turno.

Sin embargo, Tamayo habría determinado que un vehículo sea de uso exclusivo de la presidencia de fiscales. El vehículo escogido siempre era el más equipado y nuevo con que contara la Fiscalía. Así es como utilizó la camioneta 4 x 4 de color azul, de placa PIH-843; y luego utilizó la de placa PQI-323, de color blanco. Posteriormente escogió un auto negro de lunas polarizadas, de placa de rodaje EGA-750.

Villa. Decano del Colegio de Abogados presentó denuncia a título personal.

“Tamayo dispuso que el chofer asignado a la presidencia lo traslade a cualquier hora del día o de la noche y en algunos caso de madrugada sin justificaciones oficiales y ajenas a su cargo”, puntualiza Villa.

En otras ocasiones, según la denuncia de Villa, el Fiscal usó la camioneta PQI-323 para cruzar la frontera Perú-Chile. Lo irregular en este caso es que este vehículo está asignado a la Fiscalía Antidrogas, por lo que tiene un permiso oficial que evita el control fronterizo de Santa Rosa-Chacalluta. A bordo de esta camioneta, Tamayo no pasó ninguna revisión por parte de las autoridades peruanas, e incluso no se registró su salida en el control de migraciones de Tacna. Pero sí está registrado en el control chileno.

Mal uso

La denuncia refiere además que Tamayo se trasladaba todos los días a iglesias, hospitales, tiendas comerciales, restaurantes, ferias y otros, en el centro de la ciudad y distritos, en actividades que estaban fuera de sus actos funcionales.

Por órdenes de Tamayo, su asistente Vania Díaz Arroyo era trasladada desde y hacia su domicilio en la avenida Gregorio Albarracín, durante y fuera de la jornada de trabajo, según se registra en los cuadernos de control de los choferes. “El chofer es un trabajador público y el combustible lo paga el Estado”, recalca Villa.

El 19 de junio de 2010, Tamayo se hizo conducir hacia Arica, en un vehículo del Estado, llevando a su asistente Vania Díaz, para actos no funcionales. Usó el pase para autoridades, sin contar con permiso de la Fiscal de la Nación, ni justificar su viaje. Un año antes, el 8 diciembre de 2009, realizó un viaje en similares condiciones, acompañado de su esposa, Zoila Neira Carmelina, precisa la denuncia.

En estos casos, la denuncia se ha sustentado en la relación de pasajeros sellada por la policía chilena y por el informe migratorio de la asistente Vania Díaz, quien registra dos entradas en vehículos de la fiscalía, bajo el convenio Arica-Tacna para autoridades, que no le corresponde.

Según el chofer Renzo Villanueva, el viernes 3 de noviembre de 2010, Tamayo le ordenó llevarlo de paseo y a cenar en compañía de su asistente Vania Díaz. En esas circunstancias, el vehículo chocó con otro. La reparación fue asumida por el Ministerio Público.

Descargos

“El Código Penal establece una sesión de uso a quienes tenemos un cargo de responsabilidad en ejercicio de la función; y por ello se nos asigna un carro, como autoridad. El inconveniente es que el Ministerio Público tiene logo en las puertas de sus vehículos oficiales. ¿Cuántos carros que son asignados a autoridades no tienen logo. No quisiera hablar del presidente de la Corte Superior de Tacna, que tiene un carro asignado”, refiere el Fiscal Superior Augusto Tamayo Pinto-Basurco.
“Los vehículos van a Arica para acciones protocolares y relaciones interinstitucionales. El que una autoridad esté acompañado de una asistente, si eso lleva a suspicacias o malicias interpretativas, no es más que una opinión”, continúa el magistrado.

“Son 26 choferes que trabajan en Tacna y a mí sólo me asignaron uno. Existen videos que se me ve saliendo de una casa, en una calle oscura. ¿De qué casa será, tantas casas que yo visito? Son amigos, ¿acaso no puedo tener amigos? ¿acaso los fiscales somos insociables?”, concluye Tamayo.

Existen videos que se me ve saliendo de una casa ¿De qué casa será, tantas casas que yo visito? Son amigos, ¿acaso no puedo tener amigos? ¿acaso los fiscales somos insociables?”

Dato

-Esta semana, 20 choferes del Ministerio Público denunciaron actos de hostilidad y acoso por parte del Fiscal Superior Augusto Tamayo Pinto-Basurco

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Campaña. Informes económicos buscan evitar que se filtre dinero del narcotráfico.

Los candidatos al Congreso de la República deben presentar un informe sobre los gastos e ingresos económicos que se produzcan durante la campaña de las próximas elecciones del 10 de abril. Esta disposición no suele ser vista con buenos ojos ni acatada por quienes buscan ser autoridades, como es el caso de los futuros congresistas y representantes en el Parlamento Andino para el periodo legislativo 2011-2015.

Arpasi. Capacitarán a candidatos en rendición de cuentas.

Ingresos

Por el momento, sólo se conoce los ingresos personales de los candidatos, pues forman parte de la hoja de vida que están obligados a presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y que esta institución publica en su portal web.

Al revisar estos documentos es posible verificar la declaración de ingresos por remuneraciones y otros conceptos de cada uno de los candidatos de las 13 agrupaciones políticas que se encuentran en competencia electoral.  Las cifras varían entre  unos modestos 200 soles mensuales y unos, nada despreciables, 60 mil.

Pero, estos son los ingresos personales de cada candidato, los que ciertamente no justifican, necesariamente, todo el gasto de campaña. Orestes Arpasi Canqui, coordinador regional de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE, indica que los candidatos están obligados a presentar informes sobre la totalidad e ingresos y gastos de campaña.

Los ingresos de campaña  a informarse comprenden las aportaciones en efectivo y en especies de personas naturales o jurídicas, los aportes especiales (financiamiento extranjero); así como las actividades propias del partido, como ingresos por actividades de financiamiento proselitista, por rendimiento patrimonial y créditos concertados.

También debe informarse los egresos que corresponden a los gastos en publicidad en  los diversos medios de comunicación, como televisión, radios, diarios, revistas, avisos en cines, internet, vía pública (paneles) y pintas. A su vez, los gastos en mítines, como el costo de estrado, parlantes, grupos musicales, juegos artificiales y otros, tanto como los viajes de los candidatos, como pasajes y alojamiento.

Finalmente, los gastos en impresiones (afiches, folletos, llaveros, polos, gorros, calendarios), movilidad (alquiler de medios de transporte, combustible), así como los gastos operativos y otros.

En el sitio web de la ONPE está publicado un formato para esta rendición de cuentas en el plazo convenido. Son tres las oportunidades para presentar este informe.

El primer reporte debió presentarse el 4 de febrero; y era obligatorio sólo para candidatos presidenciales. Para esa fecha, ningún postulante al Congreso había inscrito su candidatura ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) de regiones o distritos electorales.

El segundo informe deberá presentarse a más tardar el 4 de abril; es decir, seis días antes de las elecciones. En este caso, los candidatos al Congreso sí están obligados; igual que en el tercer informe que debe presentarse el 25 de abril.

Sanción moral

En las elecciones anteriores el informe económico se debía presentar directamente ante la sede nacional del JNE. Desde las elecciones regionales y municipales de 2010, la presentación de este informe se ha descentralizado y existe una primera experiencia respecto a este tema. Sin embargo, no fue muy fructífera, pues muchos candidatos evadieron esta responsabilidad excusándose en la dejadez de sus personeros legales o con la frase: “las cuentas se rinden directamente al pueblo”.

Ante la posibilidad de que este panorama se repita en el presente proceso electoral, Arpasi Canqui refiere que los electores deben evaluar esta situación y, en todo caso, imponer una sanción moral contra los candidatos que no son transparentes en sus cuentas. Es decir, no votar por ellos.

A parte de ello, la ley estipula una sanción económica que puede sumar el íntegro del monto no informado; pero en las elecciones pasada, ningún candidato fue sancionado.

“Los candidatos al Congreso deben ser consientes y presentar este informe, sustentado con documentos, como facturas, boletas de venta y otros. En aras de brindar transparencia al proceso y evitar así la filtración de dinero procedente del narcotráfico u otras actividades ilícitas. Esperamos que los candidatos actúen éticamente. Además para facilitarles el procedimiento vamos desarrollar una capacitación”, explica el funcionario.

Existe una primera experiencia… no fue muy fructífera. Muchos candidatos evadieron esta responsabilidad excusándose  con la frase: “las cuentas se rinden directamente al pueblo”.

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