El perjuicio por los presuntos actos de corrupción en la construcción de la primera etapa de la carretera Arequipa la Joya ascenderían a S/. 19 657 547. El monto fue determinado por la Contraloría General de la República, que realizó una acción de control al Gobierno Regional de Arequipa en los periodos 2004 al 2014. Periodo que implica a los expresidentes Daniel Vera Ballón y Juan Manuel Guillén.
La Contraloría evidenció, a través de una acción de control, que se otorgó la concesión a una empresa que no cumplía las exigencias de la norma de concesiones vigente, se incumplieron las condiciones contractuales, se reconocieron pagos injustificados a las concesionarias, así como el pago de otros servicios por un proyecto que presentaba una serie de irregularidades, lo que solo en esta etapa habría ocasionado un perjuicio económico de S/. 15 368 566.
El Gobierno Regional de Arequipa, en el período de gestión 2002-2006, decidió realizar la concesión pese a que no estaba bajo su competencia, además de aceptar la iniciativa de un consorcio que no cumplía con los requisitos técnicos legales. Adicionalmente, la entidad adjudicó en forma directa la concesión sin que la empresa acredite tener capacidad técnica, económica y empresarial, suscribiendo un contrato que incluyó ventajas a favor de dicho consorcio. Además, el Gobierno Regional le facilitó a la empresa el perfil que había elaborado, para que presente su iniciativa privada.
Proceso de concesión
Asimismo, no se efectuaron las acciones para que la empresa desembolse S/. 4 957 500 por derecho de concesión, monto que iba a ser destinado para la adquisición y expropiación de predios para obtener su libre disponibilidad.
Posteriormente, durante el periodo 2007-2014, el consorcio suscribió un contrato de cesión de posición contractual con otra concesionaria con una serie de irregularidades que fueron aceptadas por el Gobierno Regional de Arequipa al suscribir la adenda al contrato.
De esta manera, la firma del contrato de cesión fue comunicada por el consorcio al Gobierno Regional 20 días después de ocurrida, sin contar con la autorización previa y por escrito de la Entidad, lo cual constituía causal de resolución del contrato. Además, el Gerente General de la mencionada concesionaria (a la que le fue cedida la concesión) tenía la calidad migratoria de turista, por lo que no podía realizar actividades empresariales. La empresa no tenía licencia de funcionamiento, no tenía sucursal en Arequipa y las copias simples relacionadas con la escritura de constitución de las empresas que conformaban la concesionaria no tenían validez en el Perú.
De otro lado, el perfil técnico económico del proyecto presentaba deficiencias técnicas y la Entidad aprobó el cambió de la naturaleza de la concesión de autofinanciada a cofinanciada. Posteriormente, se resolvió el contrato, alegando desequilibrio financiero del proyecto. Sin embargo, la autoridad regional ya ejecutaba el mismo bajo administración directa, aún, cuando había sido observado por el Ministerio de Economía y Finanzas que recomendó el cierre del proyecto, quedando inconcluso.
Según la contraloría estarían implicadas mas de 36 personas entre ex funcionarios y socios de las concesionarias, la misma que ha sido remitida a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.
Elaboración de los estudios de factibilidad
Con relación a la contratación de los servicios de consultoría para elaborar los estudios de factibilidad y definitivo de la Autopista Regional Arequipa – La Joya entre el 2012 y 2013, se detectaron irregularidades
Entre otras irregularidades el GRA le otorgó al consorcio adelanto directo y ampliaciones de plazo que no correspondían, autorizó el pago del componente de arqueología, a pesar de no haber cumplido con los trabajos y plazos establecidos en los términos de referencia y aceptó una certificación ambiental emitida por una autoridad no competente, la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa (ARMA).
Respecto al estudio de factibilidad, el consorcio incumplió los plazos para subsanar las observaciones formuladas e incluso no corrigió las correspondientes al borrador del informe final. Por el contrario, se suscribió una adenda con la empresa, ampliando el plazo contractual. Dicho estudio desarrolló una alternativa distinta a la del perfil aprobado, contraviniendo la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
En este caso, La Contraloría también emitió sus resultados con una Carpeta de Control en la que se incluyó a 21 personas entre funcionarios y representantes de empresas, la misma que ha sido remitida a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
