¿Cajamarca la pobre? Una lectura que debe sobrepasar las cifras

Columnista invitado Mirtha Vásquez

Hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó el «Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018» que reveló cuáles son los distritos más pobres en el Perú. Aunque el estudio sólo mide la pobreza monetaria, es decir cuántos ingresos en dinero tiene mensualmente cada familia, y además se trata de un estudio del 2018, es decir no tan reciente; la noticia levantó revuelo entre un sector de la prensa nacional y “opinólogos” de derecha, que resaltan un aspecto que, siendo cierto, exige una lectura adecuada e integral: de los  22 distritos  más pobres del país, 16 se ubican en Cajamarca y de estos, 10 están en la zona de influencia del proyecto minero Conga.

Foto: Luis Enrique Becerra

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Entonces vienen análisis y aseveraciones ligeras, intuitivas, sesgadas y hasta tendenciosas. ¿Por qué Cajamarca sigue ocupando el primer lugar de pobreza en el país teniendo los más grandes proyectos mineros de explotación de oro que abonan millonarias ganancias? Porque los alcaldes y gobernadores se robaron la plata. ¿Por qué son pobres los distritos de la zona de influencia de Conga? Pues porque no aceptaron el proyecto. Y siguen las preguntas airadas hasta que se atreven a dar la receta para salir de esta situación: más inversión minera, reactivación del proyecto Conga y otros, ya que sólo estos salvarán a Cajamarca; e inclusive algunos se atreven a señalar que los recursos provenientes de la minería deben pasar a ser manejados por las propias empresas, vía fondos de fideicomisos, y no ser transferidos a los gobiernos locales y regionales.

Frente a estas afirmaciones, cabe señalar que el estudio cubre el período 2013-2018, y de acuerdo a lo indicado por la propia Ministra en relación a los datos difundidos por el INEI, a pesar de que la mayor cantidad de distritos pobres siguen en Cajamarca, esta región es la segunda con el mayor número de distritos con reducción de la pobreza. Se agrega además que » es la región que menos anemia tiene en el Perú, incluso menos que Lima”. Dicho de otra manera, y aunque no sea un consuelo, estábamos peor en la época del gran boom minero. Es decir, se logró empezar a reducir la pobreza y mejorar los índices de salud, cuando la población frenó el avance irresponsable de la actividad extractiva.

Otro dato que no se resalta es que el distrito de La Encañada donde se aceptó la minería y ha sido el centro de la explotación minera desde que Yanacocha se instaló, está ubicado en el puesto 12 del ranking. ¿Cómo se explica entonces que en los lugares donde hay minería y reciben los recursos más altos de canon persista la pobreza? Si bien no podemos descartar la mala gestión, e inclusive la posibilidad de corrupción, no se puede afirmar a raja tabla que todos los alcaldes y gobernadores regionales han sido ladrones y se han quedado con las millonarias sumas de dinero provenientes del canon y las regalías.

Y hablando de canon y regalías y los ingresos millonarios que se presumen por estos conceptos, no está de más recordar que durante los años del boom minero y el aumento impresionante del precio de los minerales, el país no fue beneficiado como sí lo fueron las empresas mineras. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque desde los años 90 el sector minero ha sido protegido por un paquete de contratos y beneficios tributarios que se mantuvieron invariables y subsisten hasta hoy. En efecto, las mineras son beneficiarias de convenios de estabilidad jurídica y contratos de estabilidad tributaria que son su mejor arma para evitar el pago de nuevos impuestos, como las regalías fijadas el 2004.

Estos beneficios se aprobaron entre 1991 y 1992, congelando las condiciones fiscales hasta por 15 años. SI bien la mayoría de convenios vencieron hacia el 2007 (gobierno de Alan García) fueron renovados por los distintos gobiernos, de tal forma que empresas como Yanacocha siguen beneficiándose de los mismos en varios de sus proyectos. Por ello – atención amigos opinólogos- no es verdad que Cajamarca reciba sumas millonarias por canon y regalías; ya que varias empresas están exoneradas por sus convenios de estabilidad de pagar el último concepto.

Y en el caso del canon, tampoco se puede hablar de sumas millonarias. En realidad las empresas cuentan con diversos mecanismos para reducir el pago de los impuestos.

El primero, que data de 1993, permite a las mineras reinvertir hasta 80% de sus utilidades en nuevos proyectos; a cambio de exonerarles el mismo monto del impuesto a la renta. Osea, lo que ganan lo declaran invertido en otra mina y listo, se reduce el pago del canon. Según un estudio de la ONG Cooperacción, entre 2001 y 2011 se utilizó ocho veces más el beneficio de reinversión que cuando estaba vigente. En total se canjearon US$ 2.982 millones de utilidades, lo que significó una pérdida de US$ 447 millones por canon minero. Los principales perjudicados fueron las poblaciones asentadas en las zonas de explotación que son quienes reciben estos recursos.

La empresa Yanacocha es una de las que ha venido usando más este beneficio en nombre de sus convenios de estabilidad. Y tal vez por eso la pobreza golpeaba más a Cajamarca en la época de la gran bonanza minera.

Además, el sector minero mantiene dos excepciones tributarias: se devuelve el IGV que pagan por actividades y compras realizadas durante la fase de exploración minera; y se reduce el 20% del valor anual de maquinarias (depreciación acelerada), lo que también aminora el monto sobre el que se deducirán sus impuestos. Por ambos “incentivos” el fisco dejó de recaudar S/ 609.555 millones en la última década. Dicho sea de paso, el presidente Vizcarra acaba de extender por tres años más este beneficio, vía Decreto de Urgencia. La reducción del Impuesto a la Renta (IR) por obras de infraestructura, es otra de las gracias que mantiene el sector minero.

De acuerdo a un informe de Ojo Público[1] el monto que el fisco dejó de recaudar por estos cuatro beneficios equivale a todo el presupuesto del Seguro Integral de Salud (SIS) para los 500.000 beneficiarios del país en 10 años. Como resultado, el aporte de la minería a la recaudación peruana es ahora sólo del 3%, el más bajo desde hace 12 años; y en ningún momento, incluida la época del boom minero, los beneficios y convenios tributarios se cuestionaron.

En conclusión, los ingresos millonarios de la minería son una aseveración mítica por los beneficios que gozan las empresas. Así como mecanismos de distribución del canon, regulados con restricciones para la gestión e inversión de recursos en aras del desarrollo regional.

Un dato objetivo del estudio del INEI es que el 87% de la población de distritos con mayor pobreza tienen como principal actividad la agricultura. ¿No deberíamos entonces enfilar los esfuerzos en potenciar esta actividad sostenible?

La solución no es más minería ni que las empresas manejen los fondos. Ir en ese sentido es terrible para la gobernabilidad. Los datos arrojan que, incluso en el periodo de mayor explotación y mayor cotización de los minerales, los territorios de explotación, no solo empobrecieron más; también perdieron zonas importantes de producción agropecuaria, sufrieron contaminación y la población sufrió efectos en su salud.

Por ello Cajamarca sigue siendo pobre, porque siendo la región que más ha aportado con minerales. Nunca recaudó lo que debería y se siguen destruyendo grandes zonas de producción sostenible. Cajamarca sigue siendo pobre porque tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales. Gran parte de la población contaminada con metales pesados en Hualgayoc o Choropampa, sigue sin atención. La economía no es el fin, es el medio para dignificar a las personas; y si el modelo económico afecta la dignidad e integridad, no debe profundizarse, sino revisarse.

Ahora mismo necesitamos diversificar la economía, revisar el modelo extractivista que ha llegado a su límite. También debemos volver a recaudar como país lo que realmente nos corresponde. Las empresas no deben tener más privilegios, las empresas deben pagar lo que le deben a este Estado. Y esta deuda no se reduce a las obligaciones tributarias sino debe incluir pago por los graves efectos causados en el medio ambiente; y sobre todo, en la salud y la vida de las personas.

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[1] https://ojo-publico.com/331/las-intocables-exoneraciones-del-club-minero

Mirtha Vásquez es abogada y congresista electa. Publicado en Noticias Ser

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