Personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y de la Fiscalía contra el Crimen Organizado intervinieron este viernes la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Arequipa. Asimismo, detuvieron en sus viviendas a seis agentes de criminalística involucrados en actos de corrupción cometidos durante las investigaciones de casos complejos.
“La investigación la tiene la Diviac y en este momento están haciendo las diligencias. Hay disposición judicial para la detención de seis efectivos policiales que estarían incursos en delitos que van contra el Código Penal”, indicó escuetamente el jefe del Depincri, coronel PNP Carlos Urbina.
Mencionó también que los agentes investigados se desempeñaban en las áreas de Secuestros y Requisitorias, donde ingresó la fiscalía para recabar pruebas.
Ellos fueron identificados como: Alex Fernando Manchego Ortiz (26), Edwin Aguilar Rivero (48), Julián Jorge Machaca Cutipa (55); Paul Alejandro López Deza (35), Wuillams Luis Lazo Arguellas (56) y Rudy César Álvarez Zeballos (38).
La Fiscalía les abrió investigación por los delitos de encubrimiento personal, cohecho pasivo, omisión, rehusamiento de actos funcionales y crimen organizado.
Agentes vinculados a caso de sicariato en Arequipa
De acuerdo a la Fiscalía, los agentes están vinculados a otra investigación en curso, relacionada a una banda de sicarios conocida como “Los Sicarios del Lago”. Este grupo criminal perpetró, entre otros delitos, el asesinato de la comerciante Juana Angélica Vera Olivera (59); ocurrido el 19 de julio de 2019, en el distrito de Sabandía.
Meses más tarde, la policía capturó a los integrantes: Josnathan Aguirre Alva, Lisbeth Milagros Sánchez Macedo y Jonathan Eduarco Cruz Guevara. Este último es supuestamente la persona que le disparó en la cabeza a la comerciante.
Al grupo de policías los acusan de actuar en favor de este grupo de sicarios. Por ejemplo, lejos de investigar las denuncias que recibían de los agraviados, los agentes se habrían encargado de obstaculizar los procesos. No cumplían con los plazos de la investigación y tampoco remitían los actuados al Ministerio Público de Arequipa. Para las autoridades, estas omisiones tuvieron una retribución económica para los agentes.
El Poder Judicial le ha concedido a la Fiscalía un plazo de 10 días para investigar a los intervenidos y obtener pruebas de los celulares, laptops y otros equipos incautados.
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